Impuesto sobre el Patrimonio e ITSGF en Cataluña

Qué grava el Impuesto sobre el Patrimonio

El Impuesto sobre el Patrimonio (IP) es un tributo directo, de carácter personal, que se devenga el 31 de diciembre de cada año y recae sobre el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de los que es titular una persona física, descontadas las cargas y deudas que disminuyan su valor. Está regulado en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, y es un impuesto estatal cedido a las comunidades autónomas, que pueden modificar el mínimo exento, la escala de gravamen, las deducciones y las bonificaciones.

Tributan por obligación personal los residentes fiscales en España, por la totalidad de su patrimonio con independencia de dónde se encuentre. Los no residentes tributan por obligación real, solo por los bienes y derechos situados en territorio español. La comunidad competente es, con carácter general, aquella en la que el contribuyente haya residido el mayor número de días del período de los cinco años anteriores, contados de fecha a fecha, que terminan el día anterior al devengo.

El impuesto sobre el patrimonio en Cataluña frente a otras comunidades

Algunas comunidades, como Madrid, aplican una bonificación del 100 % de la cuota del IP, de modo que en la práctica sus residentes no pagan el impuesto autonómico. Cataluña no aplica esa bonificación general: el IP se liquida con el mínimo exento y la escala que fije la normativa catalana vigente en cada ejercicio, junto con las reglas de valoración de la ley estatal. Las cifras concretas del mínimo exento, de la reducción por vivienda habitual y de los tipos deben consultarse en la norma del año de devengo, porque la Generalitat puede modificarlas.

Esta diferencia territorial explica buena parte de las consultas sobre cambios de residencia. Un traslado solo produce efectos si es real y se puede probar, y la regla de los cinco años impide que un cambio de domicilio de última hora modifique la comunidad que exige el impuesto. Las pruebas de la residencia se desarrollan en el artículo sobre residencia fiscal en Cataluña.

ITSGF: qué es y cómo se relaciona con el IP

El Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF) se creó con la Ley 38/2022, de 27 de diciembre. Es un impuesto estatal, de carácter complementario al IP, que grava los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros. La base imponible se calcula con las reglas del IP y se reduce en un mínimo exento de 700.000 euros. La escala aplica un 1,7 % al primer tramo, un 2,1 % al siguiente y un 3,5 % al exceso sobre cerca de 10,7 millones.

La cuota del ITSGF se reduce en lo que el contribuyente haya pagado por el IP, y por eso su efecto depende de la comunidad de residencia. Allí donde el IP está bonificado, el ITSGF se paga casi íntegro. En Cataluña, donde el IP se paga, el ITSGF solo añade la diferencia, si la hay, entre la cuota calculada con su escala y la ya satisfecha por el IP. El carácter temporal del impuesto se ha ido prorrogando por normas posteriores, de modo que conviene confirmar su vigencia y sus parámetros antes de cada campaña.

Exención de empresa familiar en el IP y el ITSGF

La exención de las participaciones en entidades, prevista en el artículo 4.Ocho de la Ley 19/1991, es la herramienta de planificación más relevante para el empresario. Para aplicarla deben concurrir varias condiciones a la vez:

• Actividad real: la entidad no puede tener como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. Se presume que lo hace cuando, durante más de 90 días del ejercicio, más de la mitad de su activo son valores o bienes no afectos a actividades económicas.
• Participación mínima: el contribuyente debe tener al menos un 5 % del capital de forma individual, o un 20 % conjuntamente con el cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el segundo grado.
• Funciones de dirección: el contribuyente, o alguno de los familiares del grupo, debe ejercer funciones directivas y percibir por ello una retribución que supere el 50 % de sus rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo personal.

La exención no alcanza a todo el valor de la sociedad, sino a la parte que corresponde a los activos necesarios para la actividad, una vez descontadas las deudas. Los activos ajenos a la explotación, como tesorería excedente o inversiones financieras, no quedan cubiertos. Por eso, la revisión del balance antes del devengo es una tarea habitual: separar los activos no afectos o regularizar la retribución del administrador puede cambiar el resultado.

Holding familiar y exención patrimonial

Cuando la familia controla varias sociedades, una sociedad holding puede agrupar las participaciones y facilitar el cumplimiento de los requisitos. La exención se aplica también a las participaciones en entidades que, a su vez, tienen participaciones en otras sociedades, siempre que se cumplan las condiciones respecto de cada una de ellas. El holding no es una solución automática: si la matriz solo tiene valores y no realiza una actividad real, puede considerarse una entidad de gestión patrimonial y perder la exención. La estructura debe diseñarse con un análisis conjunto del IP, el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre sucesiones, como se explica en el artículo sobre la sucesión de la empresa familiar en Cataluña.

Valoración de bienes y puntos de conflicto

La ley establece reglas específicas de valoración por tipo de bien. Los inmuebles se valoran por el mayor de tres valores: el catastral, el comprobado por la Administración a efectos de otros tributos y el precio de adquisición. Los depósitos y valores cotizados siguen sus propios criterios, y las participaciones no cotizadas se valoran, en general, por el valor teórico resultante del último balance aprobado, con posibles ajustes. Estas reglas generan discrepancias cuando el valor fiscal difiere del valor de mercado o cuando el balance no refleja la realidad económica de la empresa.

En las comprobaciones de la Administración tributaria, los frentes más habituales son la afectación de los activos a la actividad, la remuneración efectiva de las funciones de dirección, la inclusión de bienes en el extranjero y la coherencia entre lo declarado en el IP y lo que consta en el impuesto sobre la renta. Los focos de control sobre rentas y patrimonios altos se analizan en el artículo sobre la inspección de grandes contribuyentes en Cataluña.

Obligaciones formales y calendario

La declaración del IP se presenta con el modelo 714, y la del ITSGF con el modelo 718, normalmente en el mismo período que la campaña de la renta, con fin de plazo a finales de junio. Están obligados quienes, tras aplicar deducciones y exenciones, tengan cuota a ingresar, y también quienes, aunque no la tengan, posean bienes y derechos cuyo valor supere el umbral que fija la normativa. Quien aplique la exención de empresa familiar debe conservar la documentación que acredite cada requisito, en particular el cálculo de la retribución por dirección y la afectación de los activos.

El incumplimiento de la obligación de declarar o la presentación de datos inexactos puede dar lugar a sanciones y a recargos por declaración extemporánea. Una revisión anual de la exención y de la valoración antes del 31 de diciembre es más eficaz que una corrección posterior.

Planificación del patrimonio

La planificación del IP y el ITSGF se apoya en un diagnóstico del patrimonio total y en una proyección de la carga conjunta de los impuestos sobre la renta, el patrimonio y las sucesiones. Para estudiar la situación de una familia o un empresario, el área de impuesto sobre el patrimonio y grandes fortunas de LRB Tax & Legal analiza la exención y los plazos. Cuando la valoración de activos o participaciones sea discutible, ValiTax puede emitir un informe a través de su servicio de valoración de empresas y activos. Una visión de conjunto del patrimonio familiar se ofrece en el artículo sobre planificación fiscal global de patrimonios familiares. Para consultas, el contacto es Contacto@LRB.es o el +34 684 234 831.