La sanción no es automática: hay que probar la culpabilidad y motivarla
Que exista una diferencia a ingresar no significa que haya infracción. Sin culpabilidad acreditada y sin motivación específica, el acuerdo sancionador es anulable.
Dos expedientes distintos
La regularización y la sanción son procedimientos separados. El primero determina cuánto se debe; el segundo, si además hay que castigar la conducta. La consecuencia práctica es importante: se pueden aceptar los ajustes y discutir solo la sanción, y muy a menudo esa es la estrategia más rentable.
Para que haya infracción tributaria hacen falta tres cosas: una conducta tipificada, que sea antijurídica y que sea culpable. La Administración debe probar y motivar la culpabilidad; no puede presumirla del simple resultado de la liquidación. Es doctrina consolidada del Tribunal Supremo, reiterada durante años frente a acuerdos sancionadores que se limitan a fórmulas estereotipadas.
La frase que anula acuerdos
«Se aprecia el necesario elemento subjetivo por cuanto la norma es clara y el obligado debió conocerla.» Cuando la motivación de la culpabilidad se agota en algo parecido a esto, sin referencia a la conducta concreta del contribuyente ni a por qué su interpretación no era razonable, el acuerdo es atacable. Lo primero que hacemos al revisar una sanción es leer ese apartado.
Motivos de defensa que sí funcionan
- Interpretación razonable de la norma. Excluye la responsabilidad cuando el obligado ha actuado amparado en una interpretación defendible, más aún si existe doctrina administrativa o jurisprudencia contradictoria, o si la norma ha cambiado de criterio.
- Falta de motivación específica. El acuerdo debe explicar por qué la conducta concreta es culpable, no reproducir la liquidación.
- Diligencia acreditada. Haber declarado íntegramente los datos, haber seguido un dictamen profesional razonado o haber consultado a la Administración pesa mucho.
- Ausencia de ocultación. Si todos los datos constaban en la declaración o eran conocidos por la Administración, difícilmente hay ánimo defraudatorio.
- Calificación incorrecta. Leve, grave o muy grave dependen de la ocultación y de los medios fraudulentos; una calificación excesiva multiplica la sanción sin base.
- Non bis in idem y proporcionalidad. No cabe sancionar dos veces la misma conducta ni imponer sanciones desproporcionadas al perjuicio causado.
- Caducidad del procedimiento sancionador. Tiene su propio plazo máximo de seis meses desde la notificación de inicio; superado, caduca y no puede reiniciarse.
Las reducciones y su trampa
La Ley General Tributaria prevé reducciones del importe de la sanción por conformidad con la regularización y por pronto pago sin recurrir. Son sustanciales y conviene calcularlas, pero llevan condición:
- La reducción por conformidad se pierde si después se impugna la liquidación.
- La reducción por pronto pago se pierde si se recurre la propia sanción o si no se ingresa en el plazo voluntario.
El cálculo es siempre el mismo: comparar el importe reducido cierto frente al importe íntegro multiplicado por la probabilidad razonable de éxito del recurso. Ese cálculo lo hacemos por escrito antes de que decidas.
Las sanciones no se ejecutan mientras no sean firmes en vía administrativa. A diferencia de las liquidaciones, la interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación contra una sanción suspende su ejecución automáticamente y sin necesidad de aportar garantía. Recurrir una sanción no expone al embargo.
Preguntas frecuentes
Acepté el acta en conformidad. ¿Puedo recurrir solo la sanción?
Sí. Son procedimientos distintos y la sanción tiene su propia vía de recurso. Ten en cuenta, eso sí, que recurrir la sanción hace perder la reducción por pronto pago, aunque no la reducción por conformidad con la liquidación, que solo se pierde si impugnas la regularización.
Mi asesor se equivocó. ¿Me exime de la sanción?
No de forma automática: la responsabilidad tributaria es del obligado. Pero haber encargado el cumplimiento a un profesional y haberle facilitado toda la información es un elemento relevante para acreditar diligencia y descartar la culpabilidad. En paralelo, puede existir responsabilidad civil del asesor, cuestión que analizamos en peritaje judicial tributario.
¿Sanciona igual la Agència Tributària de Catalunya?
El régimen sancionador aplicable a los tributos cedidos es el de la Ley General Tributaria, con las mismas exigencias de culpabilidad y motivación. Cambia el órgano que sanciona y, en su caso, la vía de revisión, pero los argumentos de defensa son los mismos.
Presenté fuera de plazo por mi cuenta. ¿Me van a sancionar?
No, si nadie te había requerido antes. La presentación espontánea extemporánea genera un recargo por declaración extemporánea, no una sanción. El recargo es creciente según el retraso y se reduce si se ingresa en plazo. Distinto es si media requerimiento previo: ahí sí procede el expediente sancionador.
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