Preguntas frecuentes

No. Es un sitio privado de LRB Tax & Legal, un despacho de abogados y economistas, sin relación ni vínculo con la Agència Tributària de Catalunya, con la Generalitat de Catalunya ni con la AEAT. La sede oficial de la ATC es atc.gencat.cat. Ver el aviso de identidad.

No. Desde esta web no se realiza ningún trámite ante la Administración. Solo actuamos ante ella en nombre de clientes que nos han otorgado representación de forma expresa.

No. Actuamos en todo el territorio nacional: ante la AEAT, ante todas las administraciones tributarias autonómicas, ante las haciendas forales y ante las haciendas locales. El expediente tributario es electrónico y la representación se otorga a distancia.

Depende del trámite: diez o quince días hábiles para alegaciones y contestación a requerimientos, un mes para interponer recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, dos meses para el recurso contencioso-administrativo. Lo primero que hacemos, sin coste, es leer la notificación y calcular la fecha exacta de vencimiento.

Sí. Si estás obligado a relacionarte electrónicamente, la notificación se entiende practicada al acceder a su contenido o, si no accedes, al transcurrir diez días naturales desde su puesta a disposición. Lo que sí se puede discutir con éxito es la inclusión indebida en el sistema o los defectos en la puesta a disposición. Ver apremios y embargos.

El acto gana firmeza, pero quedan vías extraordinarias: revocación, nulidad de pleno derecho en supuestos tasados, rectificación de errores materiales y devolución de ingresos indebidos. Son vías estrechas, pero conviene analizarlas antes de dar el asunto por perdido. Ver recursos y reclamaciones.

En los trámites de audiencia y alegaciones cabe solicitar la ampliación del plazo, con carácter general por la mitad del concedido, si se pide antes de los tres días previos a su finalización. No se concede en todos los trámites, así que conviene solicitarla pronto y no contar con ella para organizar el trabajo.

Recurrir no suspende por sí solo. La suspensión se concede automáticamente si se aporta aval, certificado de seguro de caución o depósito en efectivo; con otras garantías o sin ellas hay que justificarlo. Las sanciones son la excepción: quedan suspendidas sin garantía mientras no sean firmes en vía administrativa.

Se inicia el periodo ejecutivo con recargo, se dicta providencia de apremio con un recargo mayor y se añaden intereses de demora; después llegan los embargos. Entre reaccionar el primer día y reaccionar tarde hay una diferencia del 15 % de la deuda más intereses.

Aplazamiento o fraccionamiento, con plan de pagos y, según el importe, con garantía o con dispensa justificada. Conviene pedirlo en periodo voluntario, porque entonces impide el inicio del periodo ejecutivo. Ver aplazamientos y fraccionamientos.

El importe correspondiente a la última nómina o pensión ingresada conserva la protección de los límites de inembargabilidad. Lo embargado por encima de esos límites es indebido y debe devolverse: se solicita el levantamiento parcial y la devolución. Ver apremios y embargos.

No debería serlo. La sanción exige culpabilidad probada y motivación específica sobre la conducta concreta; no basta con que exista una diferencia a ingresar. Los acuerdos que se limitan a reproducir la liquidación son atacables. Ver sanciones tributarias.

Recargo por declaración extemporánea, no sanción, siempre que no haya mediado requerimiento previo. El recargo crece con el retraso y se reduce si se ingresa en plazo. Si media requerimiento, entonces sí procede el expediente sancionador.

Puede, mediante una derivación de responsabilidad, si concurre un presupuesto legal —administrador de una sociedad con infracciones o que cesó en su actividad, sucesor en la explotación, colaborador en la ocultación de bienes—. Se discute el presupuesto, el alcance y también la deuda derivada. Ver derivación de responsabilidad.

Seis meses desde el fallecimiento, prorrogables otros seis si la prórroga se solicita dentro de los cinco primeros meses. La prórroga devenga intereses de demora, pero evita el recargo por extemporaneidad. Ver sucesiones y donaciones.

Sí. La base imponible es, con carácter general, el valor de referencia del Catastro, pero ese valor es impugnable con ocasión de la autoliquidación o de la liquidación, aportando prueba del estado real del inmueble. También cabe la tasación pericial contradictoria cuando la comprobación se ha hecho por otros medios. Ver ITP y AJD.

Porque los puntos de conexión de cada tributo no atienden necesariamente a tu residencia: en Sucesiones se mira la residencia habitual del causante; en ITP sobre inmuebles, dónde radica el inmueble. Es perfectamente posible tributar en Cataluña viviendo en otra comunidad.

Depende del tributo: los cedidos (ITP-AJD, Sucesiones y Donaciones) se reclaman ante el TEAR de Cataluña y, en su caso, el TEAC; los tributos propios de la Generalitat, ante la Junta de Tributos de Cataluña. El plazo general es de un mes. Ver recursos y reclamaciones.

No publicamos tarifas porque el trabajo no es comparable entre casos. Analizamos el expediente sin coste, te decimos qué actuación procede y te pasamos un presupuesto cerrado por escrito. Hasta que lo aceptas, no hay ningún cargo. Ver cómo trabajamos.

Como te resulte más cómodo. Hay un formulario con cuatro campos para el primer contacto, y también puedes escribirnos a Contacto@LRB.es o mandarnos un WhatsApp. Si hay documentación que adjuntar —la notificación en PDF, escrituras, declaraciones—, el correo es la vía preferente, porque el formulario no admite ficheros. Lo que no cambia es que la primera lectura la hace un profesional, no un buzón automático.

Sí, y es muy habitual. Trabajamos como departamento tributario de segundo nivel de otras asesorías y despachos, con compromiso de no captación del cliente. Ver apoyo a asesorías y gestorías.

No. Todo el proceso —análisis, encargo, otorgamiento de representación y seguimiento— se hace a distancia. Si un trámite exigiera comparecencia presencial, lo advertimos antes de aceptar el asunto.

Te lo decimos, y no aceptamos el encargo. Hay asuntos sin recorrido jurídico y otros en los que el coste de discutir supera lo que se discute. En ambos casos, saberlo a tiempo es la información más valiosa que podemos darte.