Cuando Hacienda va contra el administrador, el socio o el comprador del negocio

Qué es una derivación de responsabilidad

La Ley General Tributaria permite que, junto al deudor principal, respondan de la deuda otras personas que la ley declara responsables. No se trata de una sanción ni de una condena: es un acto administrativo que extiende el cobro a un tercero cuando concurre un presupuesto de hecho previsto en la norma. Para exigirla, la Administración debe dictar un acuerdo de derivación, previa audiencia, y notificarlo con toda la información: el presupuesto aplicado, el alcance y la liquidación derivada.

Hay dos categorías, con consecuencias muy distintas:

• Responsabilidad solidaria. Se exige sin necesidad de declarar fallido al deudor principal. Alcanza, entre otros, a quienes causan o colaboran activamente en la infracción y a quienes ocultan o transmiten bienes para impedir la actuación recaudatoria.
• Responsabilidad subsidiaria. Requiere la previa declaración de fallido del deudor principal y, en su caso, de los responsables solidarios. Es la vía típica frente a los administradores.

Los supuestos que más vemos

Administradores de hecho o de derecho

Responden subsidiariamente cuando la sociedad ha cometido infracciones y ellos no realizaron los actos necesarios de su incumbencia, consintieron el incumplimiento de quienes dependían de ellos o adoptaron acuerdos que hicieron posible la infracción. También responden de las obligaciones pendientes de las sociedades que han cesado en su actividad, si no hicieron lo necesario para su pago.

Aquí es donde más defensa hay: el «cese de actividad» debe acreditarse, y la conducta del administrador debe examinarse en concreto. Un administrador que impulsó la disolución ordenada, que intentó el aplazamiento de la deuda o que no tenía el control efectivo de la gestión no está en la misma posición que quien desapareció dejando la sociedad vacía.

Sucesión en la actividad económica

Quien sucede en la titularidad o el ejercicio de una explotación económica responde de las deudas tributarias contraídas por el anterior titular. Es el riesgo clásico de comprar un negocio en funcionamiento. La ley prevé un mecanismo esencial: el certificado de deudas del anterior titular, que solicitado antes de la adquisición y con la conformidad del transmitente limita la responsabilidad a lo que en él conste.

Ocultación o transmisión de bienes

Responden solidariamente quienes, con conocimiento, causan o colaboran en la ocultación o transmisión de bienes del obligado para impedir el embargo. La operación típica: vender o donar el inmueble familiar cuando ya hay deuda o inspección en curso. La Administración lo persigue con intensidad y la defensa exige acreditar la realidad económica y la ausencia de finalidad obstativa.

Levantamiento del velo

La ley recoge también supuestos de responsabilidad solidaria en casos de sociedades creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta con voluntad de eludir la responsabilidad patrimonial, cuando existe unicidad de personas o esferas económicas o confusión patrimonial.

Líneas de defensa

• Ausencia del presupuesto de hecho. No hubo cese de actividad, no eras administrador en el periodo relevante, no consta infracción de la sociedad o no hay prueba del elemento subjetivo.
• Defectos en la declaración de fallido del deudor principal, exigible en la responsabilidad subsidiaria, o en la previa derivación a responsables solidarios.
• Falta de motivación individualizada: acuerdos que reproducen fórmulas genéricas sin analizar la conducta concreta.
• Alcance excesivo: inclusión de sanciones, recargos o intereses que no proceden en el supuesto aplicado.
• Prescripción, con la particularidad de que en la responsabilidad subsidiaria el cómputo frente al responsable se inicia con la declaración de fallido.
• Impugnación de la liquidación derivada en cuanto al fondo.

Preguntas frecuentes