Categoría: Inspecciones Tributarias

Una segunda opinión pericial ante una propuesta de regularización es la revisión técnica e independiente que un perito realiza sobre los cálculos, los criterios y las conclusiones con los que la Administración tributaria pretende liquidar una deuda adicional. Cuando llega una propuesta de liquidación, o un acta que el contribuyente debe firmar en conformidad, en disconformidad o con acuerdo, el tiempo para reaccionar es corto y la tentación de aceptar para cerrar el asunto es alta. Contrastar la propuesta con una mirada ajena permite saber si el importe es razonable, si los métodos empleados se sostienen y qué margen existe para discutirla.

Este artículo explica en qué consiste esta revisión, cuándo conviene solicitarla, qué se analiza, cómo se integra en las alegaciones y en qué se diferencia de la defensa jurídica. Como referencia de lo que supone este tipo de trabajo, puede consultarse la página sobre la segunda opinión experta de ValiTax.

Cuándo llega una propuesta de regularización

En los procedimientos de inspección y de comprobación, la Administración concluye su análisis con una propuesta que se comunica al contribuyente. En la inspección, la propuesta se plasma en un acta cuya firma tiene tres formatos: de conformidad, con acuerdo o de disconformidad. En la comprobación limitada o en la verificación de datos, la propuesta de liquidación se notifica con un trámite de alegaciones previo a la resolución. En todos los casos, el plazo para alegar es breve, normalmente de entre diez y quince días hábiles según el procedimiento, por lo que la revisión técnica debe iniciarse cuanto antes.

La propuesta no es todavía el acto definitivo, y eso es lo que da sentido a la segunda opinión: mientras no se firme ni se liquide, el contribuyente conserva todas las vías para influir en el resultado. Firmar una conformidad sin haber analizado la propuesta cierra la discusión; alegar con un informe fundado la mantiene abierta.

Qué analiza una segunda opinión pericial

• Los hechos. Si lo que la propuesta da por probado se corresponde con la documentación y con la realidad económica de la operación.
• Los cálculos. Errores aritméticos, bases mal determinadas, ejercicios o periodos asignados incorrectamente, aplicación de tipos o deducciones.
• Las valoraciones. Si el valor de mercado, el precio de transferencia, la amortización o la estimación aplicada son razonables y están motivados.
• Las estimaciones indirectas. Si los márgenes o módulos empleados son comparables y se han justificado.
• Los intereses y las sanciones. Si están correctamente calculados, si procede la reducción y si la culpabilidad está motivada.
• El soporte documental. Qué pruebas faltan y qué documentos pueden aportarse todavía.

El perito no sustituye al abogado: aporta la parte técnica y cuantitativa, que se integra en el escrito de alegaciones o se utiliza para decidir si conviene firmar un acta con acuerdo. Si el análisis aconseja aportar un dictamen formal, este adopta la forma de los informes periciales tributarios habituales, con método y fuentes verificables.

Las tres modalidades de acta y la decisión de firmar

Cuando la propuesta toma forma de acta de inspección, la decisión de firmarla se apoya en cifras. La Ley General Tributaria distingue entre el acta de conformidad (artículo 155), el acta con acuerdo para supuestos de apreciación de hechos, estimación, valoración o medición de difícil cuantificación, y el acta de disconformidad (artículo 157). El artículo 188 prevé reducciones de sanción vinculadas a la conformidad y al pronto pago. Esas reducciones pueden compensar una discrepancia pequeña, pero también pueden empujar a aceptar una liquidación inexacta; una segunda opinión sirve precisamente para calcular cuánto cuesta firmar y cuánto cuesta discutir. Para profundizar en el acta con acuerdo y sus implicaciones, resulta útil la guía sobre el acta de inspección con acuerdo en Cataluña.

Un ejemplo hipotético

Imagínese, con fines meramente ilustrativos, una empresa catalana que recibe una propuesta de regularización del Impuesto sobre Sociedades por 85.000 euros de cuota, más intereses y una posible sanción. La propuesta rechaza como no deducible un conjunto de servicios de gestión facturados por una sociedad vinculada, argumentando que no se acreditó su valor de mercado. Una segunda opinión pericial analiza la documentación, comprueba que la empresa dispone de contratos, entregables y comparables sectoriales, y concluye que una parte de esos servicios era deducible y que el precio aplicado se movía dentro de un rango razonable. Con ese informe, la empresa alega para reducir el importe de la regularización y decide no firmar el acta en conformidad.

El caso es inventado y no refleja ningún expediente real, pero ilustra una dinámica frecuente: el valor del dictamen no está en llevar siempre la razón, sino en convertir una discrepancia vaga en una discusión concreta, cuantificada y documentada.

Cómo se integra en las alegaciones

1. Diagnóstico rápido. En pocos días se identifica qué partidas son discutibles y cuáles no merece la pena discutir.
2. Documentación. Se recopilan los contratos, las facturas, los justificantes de pago y los datos de mercado que sirven de soporte.
3. Informe. Se redacta el dictamen con método, fuentes y conclusiones, y con la declaración de objetividad del perito conforme al artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4. Escrito de alegaciones. El equipo jurídico incorpora el informe y lo conecta con los motivos de derecho.
5. Decisión sobre el acta. Con el informe en la mano, se valora si conviene firmar con acuerdo, firmar en disconformidad o negociar.

Este enfoque encaja con la defensa técnica en una inspección de la AEAT, donde el informe se prepara para ser aportado en la fase en la que más influencia puede tener.

Cuándo no compensa y cuándo es imprescindible

No todas las regularizaciones exigen una segunda opinión pericial. Si la propuesta recoge un error de cálculo evidente o un criterio claramente jurídico sin controversia técnica, bastan unas alegaciones breves. Por el contrario, resulta casi imprescindible cuando:

• La propuesta se basa en una valoración, una estimación o una comparación de precios.
• La cuantía es relevante en relación con el patrimonio o la tesorería del contribuyente.
• Se propone firmar un acta con acuerdo y es necesario saber si el pacto es favorable.
• Existen sanciones cuya reducción depende de un cálculo detallado.
• La documentación aportada hasta el momento es escasa y debe reconstruirse.

Independencia y confidencialidad

Una segunda opinión solo es útil si es independiente. El perito debe analizar el expediente sin vinculación con la contabilidad o con la gestoría que preparó las declaraciones, para evitar el sesgo de defender lo ya hecho. Además, mientras el contribuyente no decida aportar el informe, el análisis es confidencial, de modo que puede conocerse el estado real del riesgo sin comprometer la estrategia. El informe solo se incorpora al expediente si el contribuyente y su equipo deciden hacerlo.

Esta cautela permite plantear con libertad escenarios: qué ocurre si se firma, qué si se discute y qué si se aporta un informe, antes de decidir. En la práctica, es habitual combinar el análisis técnico con la asistencia de una defensa fiscal con LRB, de manera que el criterio pericial y la estrategia jurídica estén coordinados desde el principio.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo tengo para pedir una segunda opinión?

El que le quede hasta el vencimiento del plazo de alegaciones o de la firma del acta. Cuanto antes se encargue, más margen hay para reunir documentación y preparar un informe aportable.

¿La segunda opinión paraliza el procedimiento?

No. Los plazos siguen corriendo, por lo que es importante actuar con rapidez. Si fuera necesario, el equipo jurídico puede solicitar ampliaciones de plazo cuando la ley lo permita.

¿Puedo usar el informe aunque decida firmar el acta?

Sí, puede servir para negociar un acta con acuerdo o para decidir con conocimiento de causa. Si firma de conformidad, el informe habrá cumplido su función de orientar la decisión.

¿Qué diferencia hay con una asesoría fiscal habitual?

La asesoría que preparó las declaraciones puede estar implicada en el asunto. La segunda opinión se caracteriza por su independencia y por centrarse en contrastar las cifras y los criterios de la propuesta.

¿El informe es prueba en el procedimiento?

Si se aporta, es un medio de prueba que la Administración y, en su caso, el tribunal deben valorar conforme a la sana crítica. Su peso depende de su método, sus fuentes y su coherencia.

Conclusión

La segunda opinión pericial ante una propuesta de regularización permite al contribuyente decidir con información: qué partidas discutir, qué importe es razonable y si conviene firmar, negociar o alegar. No sustituye a la defensa jurídica, sino que le da base técnica y cuantitativa. La Administración es una parte más del procedimiento y su propuesta es todavía revisable; quien dedica unos días a contrastarla con un experto independiente llega a la decisión final con argumentos, no con urgencia.

Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

Un informe pericial en una inspección tributaria tiene valor probatorio como prueba técnica que el inspector debe valorar y, si discrepa, motivar su rechazo; no vincula a la Administración, pero puede desvirtuar sus estimaciones cuando acredita con datos y metodología un valor, una cuantía o una práctica de mercado distintos. En cuanto al momento, lo más eficaz suele ser aportarlo durante las actuaciones, antes de que se formalice el acta, o en el trámite de alegaciones posterior a la propuesta, y no esperar a la vía de recurso, donde el margen para completar el expediente es menor.

Este artículo explica cómo se integra la pericia en el procedimiento inspector, cuál es su fuerza real, en qué fases conviene presentarla y qué errores restan eficacia. Quien afronte actuaciones de la AEAT o de la ATC en Cataluña puede apoyarse en servicios especializados de defensa en inspecciones de la AEAT, que combinan análisis técnico y estrategia procesal.

El punto de partida: la carga de la prueba y la presunción de certeza

El artículo 105 de la Ley General Tributaria establece que quien hace valer su derecho debe probar los hechos constitutivos del mismo. En la práctica, la Administración debe acreditar los presupuestos de la regularización que propone, y el contribuyente los hechos que invoca para oponerse. A ello se suma el artículo 144 de la misma ley, que otorga a las actas de inspección la consideración de documentos públicos con valor probatorio y presunción de certeza respecto de los hechos que el inspector refleja, salvo que se acredite lo contrario.

Esa presunción se refiere a hechos, no a valoraciones jurídicas ni a juicios técnicos. Por eso un informe pericial tiene su espacio natural allí donde el acta contiene estimaciones, comparaciones o valores que no son hechos observados sino resultado de un razonamiento técnico: precios de mercado, rendimientos, márgenes, vida útil de activos, valor de participaciones. En esos terrenos la pericia permite aportar una alternativa fundada.

Qué valor tiene realmente el informe pericial

La Ley General Tributaria remite, para la valoración de pruebas, a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta, en su artículo 348, ordena valorar los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica. Traducido al procedimiento inspector, el informe:

• No obliga al inspector a aceptar sus conclusiones.
• Sí obliga a que la Administración examine su contenido y motive por qué lo rechaza, si decide hacerlo.
• Gana peso cuando su metodología es transparente, los datos son verificables y el autor es independiente.
• Pierde eficacia cuando se limita a afirmar conclusiones, presenta cálculos no reproducibles o ignora la documentación que obra en el expediente.

Existe además un efecto menos visible pero importante: aunque el inspector no lo acepte en su totalidad, el informe fija el debate técnico. Si el asunto llega a un tribunal económico-administrativo o a la jurisdicción contencioso-administrativa, el órgano revisor tendrá delante dos tesis técnicas contrapuestas y podrá comprobar cuál está mejor argumentada.

Fases del procedimiento y momento de aportarlo

Durante las actuaciones

Desde el inicio, el contribuyente puede aportar documentos y formular alegaciones, según reconoce el artículo 34 de la Ley General Tributaria entre los derechos del obligado. Presentar un informe pericial en esta fase tiene la ventaja de influir en el criterio del actuario antes de que adopte una posición cerrada. Es especialmente útil cuando el requerimiento de información deja entrever qué cuestión será el núcleo de la regularización, por ejemplo la valoración de una aportación no dineraria o la existencia de operaciones vinculadas.

Tras la propuesta de regularización

Si la inspección concluye con un acta de disconformidad, el obligado dispone de un plazo de quince días para formular alegaciones ante el órgano competente para liquidar, conforme al artículo 157 de la Ley General Tributaria y su desarrollo reglamentario. Es un momento clave: el informe pericial puede presentarse junto con el escrito de alegaciones, apoyando cada argumento con soporte técnico. La segunda opinión experta sobre la propuesta es una forma de usar esta fase, pues permite verificar los cálculos del actuario antes de contestar.

Si se ofrece un acta con acuerdo

Cuando se plantea una posible conformidad o un acta con acuerdo, conviene contar con una valoración independiente que permita decidir si el importe propuesto es razonable. Sobre esta alternativa y sus efectos en la sanción, puede consultarse el artículo sobre el acta de inspección con acuerdo en Cataluña.

En la vía de recurso

Ante el tribunal económico-administrativo, el informe puede aportarse con el escrito de alegaciones, de acuerdo con el artículo 236 de la Ley General Tributaria. Si no se presentó antes, todavía es posible, pero habrá que explicar por qué no se aportó en la fase inspectora, y la Administración podrá alegar que se trata de una prueba tardía. La conclusión práctica es que esperar al recurso para plantear la pericia suele ser una decisión menos eficaz que hacerlo durante el procedimiento.

Casos típicos en los que el informe marca la diferencia

Un ejemplo hipotético

Una empresa industrial del Baix Llobregat recibe una propuesta que eleva los ingresos de un ejercicio al aplicar un margen del 35 % que el inspector deduce de la media de su sector. La compañía fabrica a pedido, con costes de materiales muy variables, y su margen real ronda el 24 %. Los datos son hipotéticos, pero ilustran el tipo de discusión: un informe que reconstruya la estructura de costes, ejercicio por ejercicio, y la compare con empresas de características semejantes permitirá cuestionar una media sectorial poco representativa. Si el análisis se presenta en el trámite de alegaciones, el órgano que liquida tendrá oportunidad de revisar la propuesta antes de dictar el acuerdo.

Errores que restan eficacia

Antes de encargar el trabajo conviene fijar para qué se va a utilizar, ya que las finalidades de un informe pericial condicionan su alcance, su estructura y el momento en que debe estar listo. Entre los fallos más repetidos figuran los siguientes.

• Encargar el informe cuando ya ha vencido el plazo de alegaciones.
• Entregar un dictamen que no recoge la documentación que obra en el expediente administrativo.
• Mezclar cálculos con argumentos jurídicos, sin separar lo que es técnico de lo que es interpretación legal.
• Omitir una declaración de imparcialidad y de ausencia de conflicto de intereses.
• Sustituir el análisis por una cifra alternativa sin explicar cómo se llega a ella.

La coordinación entre el perito y el abogado evita estos fallos. Quien necesite integrarlos en una única estrategia puede valorar una defensa fiscal con LRB, donde la pericia se prepara teniendo en cuenta el momento procesal y el argumento jurídico que debe apoyar.

Preguntas frecuentes

¿Está obligado el inspector a aceptar mi informe pericial?

No. Pero sí debe valorarlo y, si lo rechaza, motivar las razones. Una motivación genérica puede convertirse en un argumento del recurso posterior.

¿Puedo presentar el informe antes de que se formalice el acta?

Sí. El obligado puede aportar documentos y alegaciones durante las actuaciones. Hacerlo en esa fase permite influir en el criterio del actuario antes de que se redacte la propuesta.

¿Qué ocurre si firmo el acta de conformidad sin informe?

La conformidad produce efectos, entre ellos la reducción de la sanción, pero limita las vías de discusión posterior. Por eso conviene analizar técnicamente la propuesta antes de aceptarla.

¿Cuánto tiempo hay para presentar alegaciones?

En las actas de disconformidad, el plazo general es de quince días desde la notificación o la fecha del acta, según proceda. Es un plazo breve, por lo que la pericia debe estar encargada con antelación.

¿Sirve el mismo informe para el recurso posterior?

Normalmente sí, e incluso puede actualizarse con las observaciones del acuerdo de liquidación. De ahí la ventaja de haberlo elaborado con rigor desde el principio.

Conclusión

El informe pericial en una inspección tributaria es una herramienta legítima para ejercer el derecho de defensa. No decide por sí solo el resultado, pero obliga a la Administración a debatir en términos técnicos y deja constancia de una posición fundada que podrá defenderse en la revisión. La regla práctica es planificarlo pronto, aportarlo durante el procedimiento y acompañarlo de una estrategia jurídica coherente, recordando que la Administración es una parte más y que sus estimaciones deben estar motivadas.

Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado