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La tasación pericial contradictoria es el procedimiento que permite al contribuyente discutir, con un perito propio, el valor que la Administración ha asignado a un bien tras una comprobación de valores. No es un recurso en sentido estricto, sino un mecanismo de contraste técnico regulado en el artículo 135 de la Ley General Tributaria (LGT), que se activa cuando la liquidación se basa en valores comprobados administrativamente y el interesado considera que son excesivos. Bien utilizado, puede reducir de forma significativa la base imponible de impuestos como el de Sucesiones y Donaciones o el de Transmisiones Patrimoniales; mal planteado, hace perder plazos que ya no se recuperan.

Este artículo explica qué es la comprobación de valores, cuándo procede la tasación pericial contradictoria, qué plazos y efectos tiene, cómo intervienen los distintos peritos y qué conviene preparar. Como referencia sobre el tipo de dictamen que sustenta esta defensa puede consultarse la página sobre los informes periciales tributarios de ValiTax.

La comprobación de valores: el origen del conflicto

Cuando la base de un impuesto depende del valor de un bien, la Administración puede comprobar el declarado. El artículo 57 de la LGT enumera los medios de comprobación: capitalización o imputación de rendimientos, estimación por referencia a valores publicados, precios medios del mercado, cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros, dictamen de peritos de la Administración, valor asignado en seguros, valor del precio o contraprestación de otras adquisiciones, o el valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas. El procedimiento se regula en el artículo 134.

La Administración debe motivar el medio elegido y el resultado. Una propuesta de valor que no explica sus coeficientes, que utiliza testigos no comparables o que aplica un método genérico a un bien singular puede ser impugnada por falta de motivación, con independencia de cuál sea el valor correcto. Ese defecto formal y la discusión técnica sobre el valor son dos argumentos que pueden convivir.

Qué es y para qué sirve la tasación pericial contradictoria

El artículo 135 de la LGT permite promover una tasación pericial contradictoria, en corrección de los medios de comprobación utilizados. El contribuyente nombra un perito con la titulación adecuada al bien que se valora, y la Administración dispone del suyo. Si ambas tasaciones se acercan, la ley resuelve sin más trámite; si se alejan más allá de ciertos umbrales, interviene un perito tercero, designado por la Administración, cuyo dictamen sirve de base para la liquidación.

El objetivo es reequilibrar una situación en la que la valoración administrativa suele ser la primera y la única en el expediente. Con este mecanismo, el valor deja de ser una decisión unilateral y pasa a contrastarse con la opinión técnica de quien lo discute.

Plazos y efectos sobre la liquidación

La solicitud debe presentarse dentro del plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación basada en los valores comprobados. Con carácter general, ese plazo es de un mes desde el día siguiente a la notificación, tanto para el recurso de reposición como para la reclamación económico-administrativa. Dejarlo pasar equivale a consentir la liquidación en lo que se refiere al valor, de modo que la fecha de notificación debe anotarse y vigilarse desde el primer día.

Una consecuencia relevante es que la presentación de la solicitud suspende la ejecución de la liquidación y el plazo para interponer recurso o reclamación. El contribuyente no necesita ingresar la deuda para sostener el procedimiento y, cuando este termina, dispone del plazo restante para recurrir si no está de acuerdo con el resultado. Es una protección importante, pero no sustituye la necesidad de reunir pronto la documentación.

El perito tercero y los umbrales legales

La LGT fija dos referencias para decidir si basta con las dos tasaciones o hace falta una tercera: una diferencia de 120.000 euros y una diferencia del 10 por ciento respecto de la tasación de los peritos de la Administración. Si la discrepancia no supera esos umbrales, la ley prevé una solución directa a partir de las tasaciones de ambas partes. Si los supera, la Administración debe designar un perito tercero, cuyo dictamen servirá de base para la liquidación, con unos honorarios que se reparten entre las partes en los términos reglamentarios.

Quien plantea el procedimiento debe tener en cuenta esa lógica desde el principio. Un informe técnico que se aleje en exceso del valor administrativo puede obligar a pasar por el perito tercero, con más tiempo y coste; uno que se sitúe con criterio, apoyado en testigos reales y en una metodología explicada, aumenta las posibilidades de cerrar el asunto con rapidez. Los criterios exactos y su aplicación a cada impuesto deben contrastarse con la norma vigente y con el reglamento correspondiente.

Un ejemplo hipotético

Imagínese, con fines meramente ilustrativos, que una persona hereda un local comercial en Barcelona y declara un valor de 300.000 euros. La Administración comprueba y fija 420.000 euros mediante un dictamen de sus peritos. El heredero encarga una tasación a un arquitecto o ingeniero con titulación adecuada, que concluye 340.000 euros apoyándose en cuatro testigos de la misma calle, ajustados por superficie, estado y planta. La diferencia con el valor de la Administración es de 80.000 euros, que supone un 19 por ciento: supera el 10 por ciento aunque no llegue a 120.000 euros. Con esas cifras habría que comprobar, con el texto de la ley en la mano, si procede acudir a un perito tercero, porque los umbrales deben aplicarse tal como la norma los combina y no según una regla intuitiva.

El ejemplo, que no corresponde a un caso real, muestra por qué conviene calcular las diferencias antes de decidir la estrategia y por qué el informe de parte debe elaborarse con una visión realista y no con la cifra más baja posible.

Qué debe incluir el informe del perito del interesado

1. Identificación del bien, fecha de referencia del valor (la del devengo) y finalidad de la tasación.
2. Descripción física y jurídica: superficie, calificación urbanística, cargas, arrendamientos y estado de conservación.
3. Método de valoración y motivos de su elección, con crítica específica a la valoración administrativa.
4. Testigos o comparables verificables, con su fecha, su precio y los ajustes aplicados.
5. Resultado, con una explicación de los coeficientes y un rango de sensibilidad si procede.
6. Declaración de objetividad conforme al artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, identificación y titulación del perito.

Cuando la discusión alcanza a valores no inmobiliarios, como participaciones o activos intangibles, la elección del método y su justificación cobra todavía más peso. La página sobre la metodología de los informes de ValiTax detalla cómo se documenta ese razonamiento.

Inmuebles, valor de referencia y otras particularidades

En la imposición sobre inmuebles, la incorporación del valor de referencia del Catastro ha modificado el esquema clásico de comprobación en impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales o el de Sucesiones y Donaciones. La impugnación de ese valor tiene reglas específicas y exige acreditar que el valor de mercado es inferior, a menudo con una tasación técnica que cumpla los requisitos del procedimiento. Por ello, antes de elegir la vía conviene identificar con exactitud qué valor se ha utilizado y qué medio de comprobación sustenta la liquidación.

Para entender cómo se gestiona el impuesto de transmisiones en Cataluña y qué papel tiene la Agencia Tributaria de Cataluña, puede revisarse la guía sobre el ITP en Cataluña: tipos, exenciones y gestión ante la ATC.

Cuándo conviene y cuándo no

• Conviene cuando la discrepancia de valor es relevante, el bien es singular y existen datos de mercado sólidos para sustentar una cifra inferior.
• Conviene cuando la Administración ha empleado un método genérico, sin explicar coeficientes ni comparables.
• Puede no compensar si la diferencia es pequeña frente al coste del perito y del posible perito tercero.
• Exige cautela si el valor declarado era realmente bajo y es probable que el perito tercero llegue a una cifra superior a la del interesado.
• Debe combinarse con los motivos de legalidad que existan: falta de motivación, defectos de notificación o prescripción, que se alegan en el recurso.

Antes de decidir, una revisión independiente del expediente ayuda a calibrar la estrategia. La página sobre la segunda opinión experta explica cómo se plantea ese diagnóstico previo, y quien necesite una defensa completa puede contar con una defensa fiscal con LRB que coordine el informe técnico con los recursos.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo tengo para solicitar la tasación pericial contradictoria?

El plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación, que con carácter general es de un mes desde la notificación. Superado ese plazo se pierde la posibilidad de utilizarla.

¿Debo pagar la liquidación mientras se tramita?

La solicitud suspende la ejecución de la liquidación y el plazo para recurrir. Una vez resuelta, se dicta una nueva liquidación con el valor resultante y se reabre el plazo restante.

¿Puedo hacer la tasación y recurrir a la vez?

Son vías que se coordinan. La tasación suspende el plazo del recurso, que puede interponerse después contra la liquidación definitiva, incluyendo los motivos de legalidad que existan.

¿Quién paga al perito tercero?

Los honorarios se reparten entre las partes en los términos reglamentarios, y suelen tener consecuencias económicas para el contribuyente si su valoración queda muy lejos de la del tercero.

¿Sirve la tasación para cualquier tipo de bien?

En general, para los bienes cuyo valor se ha comprobado con alguno de los medios del artículo 57 de la LGT. Para determinados valores, como el valor de referencia catastral de los inmuebles, existen reglas específicas que deben analizarse.

Conclusión

La tasación pericial contradictoria es una garantía legal para que el valor de un bien no dependa solo de la opinión de la Administración. Exige actuar con rapidez, designar un perito competente, documentar con rigor y valorar con realismo el riesgo de un perito tercero. La Administración es una parte más del procedimiento y debe justificar su comprobación; el contribuyente que utiliza este instrumento con una valoración fundada ejerce un derecho previsto por la ley y puede corregir una base imponible excesiva sin renunciar a los recursos posteriores.

Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado