Defensa Tributaria Catalana

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  • Fiscalidad de empresas funerarias en Cataluña

    Fiscalidad de empresas funerarias en Cataluña

    Por Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal · Actualizado: octubre de 2026

    La fiscalidad de empresas funerarias con actividad en Cataluña combina IVA al 21 %, alta en el epígrafe 979.1 del IAE, Impuesto sobre Sociedades y obligaciones informativas. Además, los gastos de entierro y funeral que abonan las familias influyen en el Impuesto sobre Sucesiones, por lo que documentar cada servicio es clave ante la Administración.

    Este artículo resume qué impuestos afectan a estas empresas, cómo repercuten en las familias y qué documentación conviene conservar. Para una visión general del sector, puede consultarse nuestro análisis sobre la fiscalidad de las empresas funerarias.

    Fiscalidad de empresas funerarias: impuestos que afectan al negocio

    Una funeraria presta servicios que mezclan prestaciones sanitarias, administrativas, de transporte y de venta de bienes. Esa variedad exige clasificar bien cada operación, porque no todas reciben el mismo trato fiscal.

    IVA: tipo general desde 2012

    Los servicios funerarios tributan al 21 % desde septiembre de 2012; antes se aplicaba el tipo reducido del 8 %. La regulación está en la Ley 37/1992 del IVA. La Dirección General de Tributos, en la consulta V0784/2016 de 26 de febrero de 2016, indicó que las entregas accesorias vinculadas a un servicio funerario único, como las flores, siguen el régimen del servicio, mientras que la venta autónoma de flores se trata por separado.

    Otro criterio relevante, de 26 de octubre de 2022, confirma que el concesionario privado de un cementerio o tanatorio está sujeto a IVA. Conviene verificar siempre si la entidad actúa como concesionaria privada o con otra naturaleza.

    IAE: epígrafes aplicables

    Las pompas fúnebres, que incluyen tanatorios, crematorios y servicios funerarios, se encuadran en el epígrafe 979.1. La administración de cementerios figura en el 921.8. La consulta V2265-12 aborda el caso de un tanatorio con crematorio, y la consulta 1176-04 de 4 de mayo de 2004 trata las actividades complementarias. Un alta incompleta puede generar regularizaciones.

    Impuesto sobre Sociedades y operaciones vinculadas

    Las funerarias organizadas como sociedad tributan por el Impuesto sobre Sociedades. Dos puntos suelen revisarse en comprobaciones: las operaciones vinculadas del artículo 18 de la Ley del Impuesto, habituales cuando existen sociedades patrimoniales que son propietarias del tanatorio, y las atenciones a clientes y proveedores, cuya deducibilidad se limita al 1 % del importe neto de la cifra de negocios según el artículo 15.e.

    Tributo u obligaciónAspecto clave para una funeraria
    IVATipo general del 21 %; trato de entregas accesorias y suplidos
    IAEEpígrafe 979.1 (pompas fúnebres) y 921.8 (cementerios)
    Impuesto sobre SociedadesOperaciones vinculadas y límite de atenciones a clientes
    Modelo 347Operaciones con terceros superiores a 3.005,06 euros
    Pagos en efectivoLímite de 1.000 euros; sanción del 25 % de lo pagado

    Seguros de decesos, prepagos y suplidos

    El seguro de decesos se regula en el artículo 106 bis de la Ley de Contrato de Seguro. Las aseguradoras ofrecen servicios funerarios y muchas funerarias trabajan con ellas, de modo que conviene documentar quién factura a quién y por qué concepto.

    • Comisiones de mediación en seguros: están exentas conforme al artículo 20.Uno.16º de la Ley del IVA, lo que puede generar un efecto prorrata en el IVA soportado.
    • Prepago de servicios: en los pagos anticipados el IVA se devenga en el momento del cobro por el importe percibido (artículo 75.Dos).
    • Suplidos: no integran la base imponible si se pagan en nombre y por cuenta del cliente y se justifican documentalmente (artículo 78.Tres.3º).

    Impuesto sobre Sucesiones: qué ocurre con los gastos de entierro y funeral

    Para las familias, la factura funeraria tiene relevancia fiscal. El artículo 13 de la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones recoge como deducibles de la base imponible los gastos de última enfermedad, entierro y funeral. La deducción exige justificar el gasto.

    Este artículo no afirma ninguna particularidad de la normativa autonómica catalana sobre este impuesto: las reducciones, bonificaciones y límites específicos de Cataluña deben verificarse en la normativa vigente en cada ejercicio antes de aplicarlos. Si la Administración cuestiona los valores declarados, resulta útil consultar nuestra guía sobre la comprobación de valores y su impugnación.

    Para la empresa, esto implica emitir facturas claras, a nombre de quien contrata el servicio, y detallar los conceptos. Una factura genérica dificulta que los herederos acrediten el gasto.

    Documentación que conviene tener ante un requerimiento

    Una funeraria maneja muchos cobros pequeños y operaciones con aseguradoras, lo que atrae la atención de la Administración. Nuestro equipo asesora de forma habitual en el asesoramiento legal y fiscal del sector funerario y en las inspecciones tributarias.

    • Contratos de servicio, presupuestos aceptados y facturas con desglose de conceptos y suplidos.
    • Justificantes de los pagos realizados por cuenta del cliente.
    • Acuerdos con aseguradoras de decesos y liquidaciones de comisiones.
    • Medio de pago de cada cobro, para controlar el límite de efectivo de la Ley 7/2012.
    • Contratos y precios de operaciones entre sociedades vinculadas.
    • Altas en el IAE y licencias de cada centro o actividad complementaria.

    Riesgos en una inspección y plazos

    Según la Ley 58/2003 General Tributaria, las actuaciones inspectoras duran con carácter general 18 meses, ampliables a 27 en casos de especial complejidad o grupos (artículo 150). El derecho a liquidar prescribe a los cuatro años (artículo 66). Dejar de ingresar puede sancionarse desde el 50 % de la cuota (artículo 191).

    Cuando la contabilidad no permite determinar la base, la Administración puede acudir a la estimación indirecta del artículo 53. En ese escenario, un informe pericial bien fundamentado resulta decisivo; puede verse el enfoque de ValiTax sobre el peritaje en estimación indirecta de bases imponibles y nuestro artículo sobre el valor probatorio del informe pericial.

    Conclusión

    La fiscalidad de empresas funerarias en Cataluña exige separar bien cada operación, conservar la documentación y revisar la normativa autonómica antes de aplicarla. Si desea profundizar, la referencia es el artículo sobre la fiscalidad de las empresas funerarias, y ante un requerimiento conviene analizarlo con apoyo experto.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué IVA aplican las funerarias en Cataluña?

    Los servicios funerarios tributan al tipo general del 21 % desde septiembre de 2012, cuando dejó de aplicarse el tipo reducido del 8 %. Las entregas accesorias vinculadas a un servicio funerario único, como las flores, suelen seguir el régimen del servicio; la venta autónoma se trata por separado.

    ¿En qué epígrafe del IAE tributa una funeraria?

    Las pompas fúnebres, incluidos tanatorios, crematorios y servicios funerarios, se clasifican en el epígrafe 979.1 del IAE, mientras que la administración de cementerios figura en el 921.8. Conviene revisar las actividades complementarias, porque la Dirección General de Tributos ha emitido criterios específicos sobre ellas.

    ¿Son deducibles los gastos de entierro y funeral en el Impuesto sobre Sucesiones?

    El artículo 13 de la Ley 29/1987 contempla como deducibles los gastos de última enfermedad, entierro y funeral. Su alcance y límites deben verificarse en la normativa vigente aplicable en Cataluña, y siempre exigen justificación documental mediante facturas a nombre de los herederos.

    ¿Pueden las funerarias cobrar en efectivo?

    Existe una limitación general de 1.000 euros para pagos en efectivo en operaciones con empresarios o profesionales, y de 10.000 euros si el pagador es no residente (artículo 7 de la Ley 7/2012). La sanción es del 25 % de la cuantía pagada y la responsabilidad es solidaria entre pagador y receptor.

    ¿Qué es un suplido en una factura funeraria?

    Un suplido es un gasto pagado en nombre y por cuenta del cliente, como tasas municipales o de cementerio. No integra la base imponible del IVA si se cumplen los requisitos del artículo 78.Tres.3º de la Ley del IVA, entre ellos la justificación documental del pago.

    ¿Cuánto puede durar una inspección tributaria a una funeraria?

    Con carácter general, las actuaciones inspectoras tienen una duración máxima de 18 meses, ampliable a 27 en casos de especial complejidad o grupos, según el artículo 150 de la Ley General Tributaria. El derecho de la Administración a liquidar prescribe a los cuatro años.

    Contenido informativo y orientativo; no sustituye el asesoramiento profesional sobre un caso concreto.

  • Salario neto de deportistas residentes en Cataluña

    Salario neto de deportistas residentes en Cataluña

    El salario neto de los deportistas residentes en Cataluña tiene un coste fiscal especialmente alto para el club: con el tramo autonómico catalán, el tipo agregado máximo del IRPF ronda el 50 %. Si el club asume el impuesto, cada euro neto adicional exige aproximadamente dos euros brutos en el último tramo.

    Qué es un salario neto y cómo se traslada el IRPF al club

    En un contrato de futbolista o baloncestista con salario neto, el club garantiza una cantidad líquida y se hace cargo del IRPF. Ese impuesto asumido se considera mayor retribución, de modo que el bruto real es mucho mayor que la cifra pactada. Explicamos el mecanismo general en nuestro artículo principal sobre el salario neto de futbolistas y baloncestistas.

    Tramo autonómico y tipo agregado en Cataluña

    El IRPF se divide en un tramo estatal y un tramo autonómico, y cada comunidad regula su escala. En Cataluña, la suma de ambos tramos sitúa el tipo marginal máximo en torno al 50 %, uno de los más elevados de España. Este dato condiciona directamente el cálculo del bruto cuando el contrato es en neto y el jugador reside en esta comunidad.

    La aritmética es sencilla: con un tipo marginal del 50 %, para que el jugador reciba un euro neto adicional el club debe retribuir dos euros brutos. En contratos de varias cifras, la residencia en una u otra comunidad puede suponer una diferencia muy relevante en el coste total.

    Cuándo se aplica el tramo autonómico catalán

    El tramo autonómico aplicable es el de la comunidad en la que el contribuyente tiene su residencia habitual, que en general es aquella en la que permanece un mayor número de días del periodo impositivo. Si el jugador fija su domicilio en Cataluña pero pasa más tiempo en otra comunidad, puede surgir un conflicto sobre qué escala se aplica.

    • Residencia habitual del jugador en Cataluña: se aplica la escala autonómica catalana.
    • Cambio de domicilio durante el año: se revisa dónde pasó más días.
    • Club con sede en Cataluña y jugador con domicilio en otra comunidad: puede discutirse la residencia.
    • Vivienda secundaria o familia en otra comunidad: la Administración puede cuestionar el domicilio declarado.

    Inspección tributaria a deportistas y clubes

    Las inspecciones a deportistas suelen centrarse en tres puntos: la residencia fiscal y la comunidad aplicable, la calificación de las retribuciones, incluidos los derechos de imagen, y el cálculo correcto del bruto y de las retenciones cuando el salario es neto. En el caso de Cataluña, la discusión sobre la comunidad de residencia tiene un impacto económico especialmente grande por el tipo agregado.

    Para el club, una regularización puede suponer retenciones no ingresadas, intereses y sanciones. Para el jugador, la recalificación de rentas o el cambio de comunidad de residencia pueden alterar su declaración de varios ejercicios. La prueba de los días de permanencia y de los vínculos personales y económicos es decisiva.

    Buenas prácticas para jugadores y clubes catalanes

    Conviene calcular el bruto con la escala de la comunidad que corresponda realmente, documentar los días de estancia, mantener la coherencia entre contrato, nómina y declaraciones, y revisar el tratamiento de cualquier retribución adicional. Si el jugador cambia de residencia, el cambio debe poder acreditarse con hechos y no solo con un empadronamiento.

    Conclusión

    En Cataluña, el salario neto exige un cálculo fiscal cuidadoso y una residencia bien acreditada. En LRB Tax & Legal (lrb.es) asesoramos a jugadores y clubes y defendemos a deportistas en inspecciones fiscales. Si necesita estudiar su caso, puede contactar con nuestro equipo.

    ¿Cuál es el tipo máximo del IRPF en Cataluña?

    Sumando los tramos estatal y autonómico, el tipo marginal máximo ronda el 50 %. Conviene comprobar la escala vigente en cada ejercicio, porque las comunidades pueden modificar su tramo autonómico.

    ¿Qué comunidad autónoma determina el tramo del IRPF de un jugador?

    La de su residencia habitual, que en general es donde permanece más días durante el año. Si hay dudas sobre el domicilio, la Administración puede comprobarlo con la estancia real y los vínculos personales y económicos.

    ¿Qué riesgos tiene un club en una inspección por salarios netos?

    Puede enfrentarse a retenciones no ingresadas, intereses y sanciones si calculó mal el bruto o aplicó una escala autonómica equivocada. Documentar el cálculo y la residencia del jugador reduce el riesgo.

    Contenido informativo, no constituye asesoramiento personalizado. Autor: Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal.

  • Informe de valoración en reestructuraciones empresariales: papel del experto en el régimen FEAC

    Informe de valoración en reestructuraciones empresariales: papel del experto en el régimen FEAC

    Un informe de valoración en una reestructuración empresarial acredita el valor de las sociedades, ramas de actividad o participaciones que intervienen en una fusión, escisión, aportación no dineraria o canje de valores. En el régimen fiscal especial de las reestructuraciones, conocido por las siglas FEAC, la valoración no es un requisito formal del beneficio fiscal, pero sí una pieza que respalda la relación de canje, protege a los administradores y facilita la defensa del expediente si la Administración cuestiona la operación.

    La neutralidad fiscal del FEAC descansa en la continuidad de los valores contables y en la existencia de motivos económicos válidos. Para quien diseña una operación de este tipo en Cataluña, conviene entender qué aporta cada documento. Los informes de valoración en reestructuraciones FEAC son un ejemplo del tipo de trabajo técnico que se utiliza para documentar estas operaciones.

    El régimen FEAC en pocas líneas

    El Capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, artículos 76 a 89, regula el régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones no dinerarias de activos, canjes de valores y cambios de domicilio social de determinadas entidades. Su efecto principal es el diferimiento: las rentas que se ponen de manifiesto en la operación no tributan en ese momento, sino cuando los bienes o valores sean transmitidos fuera del perímetro de la reestructuración.

    Dos cautelas definen el régimen. La primera es la comunicación de la opción a la Administración tributaria, que prevé el artículo 89.1. La segunda es la cláusula antiabuso del artículo 89.2, según la cual el régimen no se aplica cuando la operación tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal; la Administración podrá considerar que existe ese objetivo cuando falten motivos económicos válidos, como la reestructuración o racionalización de las actividades de las entidades que participan.

    Por qué una valoración importa en el FEAC

    Aunque la neutralidad fiscal no depende de que se fije un precio, en todas estas operaciones aparece una pregunta de valor. Se plantea de formas distintas según el tipo de operación:

    • Fusión: hay que determinar la relación de canje, es decir, cuántas acciones o participaciones recibirán los socios de la sociedad absorbida por las suyas.
    • Escisión: es necesario valorar el patrimonio que se segrega y la proporción en que se atribuye a los socios.
    • Aportación no dineraria de rama de actividad: se necesita fijar el valor del negocio aportado para determinar el capital emitido o la prima.
    • Canje de valores: la valoración de las participaciones entregadas y recibidas condiciona la ecuación de canje.

    Un error o una discrepancia en estas cifras puede producir efectos económicos entre socios y, en determinados casos, efectos fiscales indirectos, como la existencia de rentas no neutrales cuando la compensación en efectivo excede los límites del régimen.

    El marco mercantil: expertos independientes y responsabilidad

    Desde la óptica mercantil, las modificaciones estructurales se rigen por el Real Decreto-ley 5/2023, que exige determinados informes en función del tipo de sociedad y de operación, entre ellos, en ciertos casos, el de un experto independiente sobre el proyecto. En las aportaciones no dinerarias, la Ley de Sociedades de Capital impone a las sociedades anónimas un informe de experto independiente designado por el registrador mercantil (artículo 67), mientras que en las sociedades limitadas el artículo 73 establece una responsabilidad solidaria de los socios y administradores durante cinco años por la realidad y el valor de las aportaciones.

    Esta responsabilidad explica por qué una valoración independiente tiene sentido incluso cuando la ley no la exige formalmente. Los administradores que deciden con base en un informe técnico contrastado pueden acreditar con más facilidad que obraron con la diligencia debida. A esta función se refieren los trabajos que sirven para respaldar decisiones directivas.

    Qué debe contener un buen informe de valoración en una reestructuración

    1. Descripción de la operación y de las entidades implicadas, con el perímetro exacto de activos y pasivos.
    2. Fecha de valoración, normalmente la del balance de fusión o escisión, o la de la aportación.
    3. Métodos empleados y su justificación: flujos descontados, múltiplos, valor patrimonial ajustado o combinación de ellos.
    4. Tratamiento de la fiscalidad latente, es decir, de las plusvalías no realizadas y de su tributación futura al salir del régimen.
    5. Homogeneidad entre sociedades: si se valoran dos empresas para fijar un canje, los criterios deben ser coherentes en ambas.
    6. Conclusión sobre el rango de valores y la razonabilidad de la relación de canje propuesta.

    La homogeneidad es especialmente importante. Una valoración que utilice criterios distintos para la sociedad absorbente y la absorbida puede favorecer a una de las partes y generar conflictos posteriores entre socios, o incluso una comprobación por parte de la Administración si aprecia una transferencia de valor sin causa económica.

    Un ejemplo hipotético de relación de canje

    Supóngase que dos sociedades familiares catalanas, A y B, deciden fusionarse. La sociedad A se valora en 3,0 millones de euros y tiene 3.000 participaciones; la B se valora en 1,5 millones y tiene 1.500 participaciones. El valor por participación de A es de 1.000 euros, y el de B también de 1.000 euros, de modo que la relación de canje sería uno a uno. Si el informe concluyera, en cambio, que B vale 1,2 millones, el valor por participación bajaría a 800 euros y la relación de canje sería de 0,8 participaciones de A por cada una de B. Las cifras son meramente ilustrativas, pero muestran cómo una diferencia moderada en la valoración desplaza la composición del capital entre los socios.

    Si además se prevé una compensación en efectivo, el régimen especial establece un límite del 10 % del valor nominal de las participaciones entregadas, de modo que la valoración influye también en el cumplimiento de esa condición.

    Valoración y defensa frente a la Administración

    Cuando la Administración revisa una reestructuración acogida al FEAC, puede centrarse en dos cuestiones: si existían motivos económicos válidos y si los valores utilizados eran razonables. En ambas, un informe técnico anterior a la operación sirve como evidencia de que la decisión se adoptó con información suficiente. No sustituye la prueba de los motivos económicos, que ha de apoyarse en planes de negocio, mejoras de eficiencia o razones de gobernanza y sucesión, pero la complementa.

    Un análisis más detallado de la neutralidad y del motivo económico válido puede consultarse en el artículo sobre escisión parcial y fusión de empresas bajo el FEAC en Cataluña. Y para quien necesite integrar la valoración con el diseño jurídico de la operación, un equipo de asesoría legal y fiscal puede coordinar a la vez los aspectos mercantiles y tributarios.

    Cuándo encargar la valoración

    Lo recomendable es hacerlo antes de aprobar el proyecto de fusión o escisión o de firmar la escritura de aportación, porque el informe condiciona los términos económicos de la operación. Encargarla después limita su utilidad a la defensa posterior. Para el análisis de los activos y los métodos aplicables, resulta útil consultar la página de valoración de empresas y activos. Además, cuando existan socios minoritarios o pactos parasociales, una valoración previa e independiente reduce el riesgo de impugnación por desigualdad en el canje.

    Preguntas frecuentes

    ¿Es obligatorio un informe de valoración para aplicar el régimen FEAC?

    El régimen fiscal no lo exige como requisito expreso. La normativa mercantil sí puede imponer informes de expertos en ciertas operaciones, y la prudencia aconseja contar con uno aunque la ley no lo pida.

    ¿Quién debe encargar la valoración?

    Normalmente las sociedades participantes, a través de sus administradores. Cuando la ley exige un experto designado por el registrador mercantil, el nombramiento sigue ese cauce.

    ¿Puede la Administración rechazar el FEAC por una mala valoración?

    La aplicación del régimen se discute sobre todo por la ausencia de motivos económicos válidos, pero una valoración inconsistente puede dar pie a regularizaciones relacionadas con el canje o con rentas no neutrales.

    ¿Qué ocurre con las plusvalías latentes?

    Quedan diferidas. Se integrarán cuando los activos o valores se transmitan fuera del régimen, por lo que conviene reflejarlas en el análisis.

    ¿Se aplica el FEAC a operaciones entre sociedades no vinculadas?

    Puede aplicarse a operaciones entre entidades no vinculadas, siempre que cumplan los requisitos del Capítulo VII y existan motivos económicos válidos.

    Conclusión

    El informe de valoración en una reestructuración no determina por sí solo la aplicación del FEAC, pero aporta seguridad económica y jurídica: fija la relación de canje, respalda a los administradores y deja constancia de que la operación se apoyó en datos verificables. En un procedimiento de comprobación, esa prueba técnica permite al contribuyente defender sus decisiones frente a una Administración que es una parte más y debe motivar cualquier regularización.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Informe pericial en una inspección tributaria: valor probatorio y mejor momento para aportarlo

    Informe pericial en una inspección tributaria: valor probatorio y mejor momento para aportarlo

    Un informe pericial en una inspección tributaria tiene valor probatorio como prueba técnica que el inspector debe valorar y, si discrepa, motivar su rechazo; no vincula a la Administración, pero puede desvirtuar sus estimaciones cuando acredita con datos y metodología un valor, una cuantía o una práctica de mercado distintos. En cuanto al momento, lo más eficaz suele ser aportarlo durante las actuaciones, antes de que se formalice el acta, o en el trámite de alegaciones posterior a la propuesta, y no esperar a la vía de recurso, donde el margen para completar el expediente es menor.

    Este artículo explica cómo se integra la pericia en el procedimiento inspector, cuál es su fuerza real, en qué fases conviene presentarla y qué errores restan eficacia. Quien afronte actuaciones de la AEAT o de la ATC en Cataluña puede apoyarse en servicios especializados de defensa en inspecciones de la AEAT, que combinan análisis técnico y estrategia procesal.

    El punto de partida: la carga de la prueba y la presunción de certeza

    El artículo 105 de la Ley General Tributaria establece que quien hace valer su derecho debe probar los hechos constitutivos del mismo. En la práctica, la Administración debe acreditar los presupuestos de la regularización que propone, y el contribuyente los hechos que invoca para oponerse. A ello se suma el artículo 144 de la misma ley, que otorga a las actas de inspección la consideración de documentos públicos con valor probatorio y presunción de certeza respecto de los hechos que el inspector refleja, salvo que se acredite lo contrario.

    Esa presunción se refiere a hechos, no a valoraciones jurídicas ni a juicios técnicos. Por eso un informe pericial tiene su espacio natural allí donde el acta contiene estimaciones, comparaciones o valores que no son hechos observados sino resultado de un razonamiento técnico: precios de mercado, rendimientos, márgenes, vida útil de activos, valor de participaciones. En esos terrenos la pericia permite aportar una alternativa fundada.

    Qué valor tiene realmente el informe pericial

    La Ley General Tributaria remite, para la valoración de pruebas, a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta, en su artículo 348, ordena valorar los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica. Traducido al procedimiento inspector, el informe:

    • No obliga al inspector a aceptar sus conclusiones.
    • Sí obliga a que la Administración examine su contenido y motive por qué lo rechaza, si decide hacerlo.
    • Gana peso cuando su metodología es transparente, los datos son verificables y el autor es independiente.
    • Pierde eficacia cuando se limita a afirmar conclusiones, presenta cálculos no reproducibles o ignora la documentación que obra en el expediente.

    Existe además un efecto menos visible pero importante: aunque el inspector no lo acepte en su totalidad, el informe fija el debate técnico. Si el asunto llega a un tribunal económico-administrativo o a la jurisdicción contencioso-administrativa, el órgano revisor tendrá delante dos tesis técnicas contrapuestas y podrá comprobar cuál está mejor argumentada.

    Fases del procedimiento y momento de aportarlo

    Durante las actuaciones

    Desde el inicio, el contribuyente puede aportar documentos y formular alegaciones, según reconoce el artículo 34 de la Ley General Tributaria entre los derechos del obligado. Presentar un informe pericial en esta fase tiene la ventaja de influir en el criterio del actuario antes de que adopte una posición cerrada. Es especialmente útil cuando el requerimiento de información deja entrever qué cuestión será el núcleo de la regularización, por ejemplo la valoración de una aportación no dineraria o la existencia de operaciones vinculadas.

    Tras la propuesta de regularización

    Si la inspección concluye con un acta de disconformidad, el obligado dispone de un plazo de quince días para formular alegaciones ante el órgano competente para liquidar, conforme al artículo 157 de la Ley General Tributaria y su desarrollo reglamentario. Es un momento clave: el informe pericial puede presentarse junto con el escrito de alegaciones, apoyando cada argumento con soporte técnico. La segunda opinión experta sobre la propuesta es una forma de usar esta fase, pues permite verificar los cálculos del actuario antes de contestar.

    Si se ofrece un acta con acuerdo

    Cuando se plantea una posible conformidad o un acta con acuerdo, conviene contar con una valoración independiente que permita decidir si el importe propuesto es razonable. Sobre esta alternativa y sus efectos en la sanción, puede consultarse el artículo sobre el acta de inspección con acuerdo en Cataluña.

    En la vía de recurso

    Ante el tribunal económico-administrativo, el informe puede aportarse con el escrito de alegaciones, de acuerdo con el artículo 236 de la Ley General Tributaria. Si no se presentó antes, todavía es posible, pero habrá que explicar por qué no se aportó en la fase inspectora, y la Administración podrá alegar que se trata de una prueba tardía. La conclusión práctica es que esperar al recurso para plantear la pericia suele ser una decisión menos eficaz que hacerlo durante el procedimiento.

    Casos típicos en los que el informe marca la diferencia

    Situación Cuestión técnica Aportación del informe
    Estimación indirecta de bases Margen bruto sectorial frente al real Reconstrucción con contabilidad analítica y comparables
    Operaciones vinculadas Precio de mercado de servicios o préstamos Análisis de comparabilidad y método
    Aportaciones no dinerarias Valor de los bienes aportados Valoración independiente referida a una fecha
    Gastos deducibles cuestionados Realidad y necesidad del servicio Evidencia de prestación y valor de mercado
    Amortizaciones y provisiones Vida útil o depreciación efectiva Informe técnico sobre el activo

    Un ejemplo hipotético

    Una empresa industrial del Baix Llobregat recibe una propuesta que eleva los ingresos de un ejercicio al aplicar un margen del 35 % que el inspector deduce de la media de su sector. La compañía fabrica a pedido, con costes de materiales muy variables, y su margen real ronda el 24 %. Los datos son hipotéticos, pero ilustran el tipo de discusión: un informe que reconstruya la estructura de costes, ejercicio por ejercicio, y la compare con empresas de características semejantes permitirá cuestionar una media sectorial poco representativa. Si el análisis se presenta en el trámite de alegaciones, el órgano que liquida tendrá oportunidad de revisar la propuesta antes de dictar el acuerdo.

    Errores que restan eficacia

    Antes de encargar el trabajo conviene fijar para qué se va a utilizar, ya que las finalidades de un informe pericial condicionan su alcance, su estructura y el momento en que debe estar listo. Entre los fallos más repetidos figuran los siguientes.

    • Encargar el informe cuando ya ha vencido el plazo de alegaciones.
    • Entregar un dictamen que no recoge la documentación que obra en el expediente administrativo.
    • Mezclar cálculos con argumentos jurídicos, sin separar lo que es técnico de lo que es interpretación legal.
    • Omitir una declaración de imparcialidad y de ausencia de conflicto de intereses.
    • Sustituir el análisis por una cifra alternativa sin explicar cómo se llega a ella.

    La coordinación entre el perito y el abogado evita estos fallos. Quien necesite integrarlos en una única estrategia puede valorar una defensa fiscal con LRB, donde la pericia se prepara teniendo en cuenta el momento procesal y el argumento jurídico que debe apoyar.

    Preguntas frecuentes

    ¿Está obligado el inspector a aceptar mi informe pericial?

    No. Pero sí debe valorarlo y, si lo rechaza, motivar las razones. Una motivación genérica puede convertirse en un argumento del recurso posterior.

    ¿Puedo presentar el informe antes de que se formalice el acta?

    Sí. El obligado puede aportar documentos y alegaciones durante las actuaciones. Hacerlo en esa fase permite influir en el criterio del actuario antes de que se redacte la propuesta.

    ¿Qué ocurre si firmo el acta de conformidad sin informe?

    La conformidad produce efectos, entre ellos la reducción de la sanción, pero limita las vías de discusión posterior. Por eso conviene analizar técnicamente la propuesta antes de aceptarla.

    ¿Cuánto tiempo hay para presentar alegaciones?

    En las actas de disconformidad, el plazo general es de quince días desde la notificación o la fecha del acta, según proceda. Es un plazo breve, por lo que la pericia debe estar encargada con antelación.

    ¿Sirve el mismo informe para el recurso posterior?

    Normalmente sí, e incluso puede actualizarse con las observaciones del acuerdo de liquidación. De ahí la ventaja de haberlo elaborado con rigor desde el principio.

    Conclusión

    El informe pericial en una inspección tributaria es una herramienta legítima para ejercer el derecho de defensa. No decide por sí solo el resultado, pero obliga a la Administración a debatir en términos técnicos y deja constancia de una posición fundada que podrá defenderse en la revisión. La regla práctica es planificarlo pronto, aportarlo durante el procedimiento y acompañarlo de una estrategia jurídica coherente, recordando que la Administración es una parte más y que sus estimaciones deben estar motivadas.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Valoración de empresas: DCF, múltiplos y valor patrimonial, y cuál usar según el caso

    Valoración de empresas: DCF, múltiplos y valor patrimonial, y cuál usar según el caso

    La valoración de empresas no tiene un único método correcto: depende de para qué se necesita el valor, de la información disponible y de la naturaleza del negocio. Los tres enfoques más usados son el descuento de flujos de caja (DCF), los múltiplos de mercado y el valor patrimonial ajustado. En una empresa en funcionamiento con beneficios previsibles suele prevalecer el DCF, contrastado con múltiplos; en una sociedad patrimonial o en liquidación manda el patrimonio; y cuando el valor va a discutirse ante la Administración, lo decisivo es que el método esté justificado y que los datos sean verificables.

    Este artículo explica cada enfoque, sus ventajas y limitaciones, y ofrece un ejemplo numérico hipotético para ver cómo pueden divergir los resultados. Para encargar o contrastar una valoración con efectos fiscales, es habitual acudir a servicios de valoración de empresas y activos que documenten el trabajo de forma que pueda defenderse ante la AEAT, la ATC o un tribunal.

    Por qué importa el método en la valoración de empresas

    Una empresa carece de un precio único. Su valor es el resultado de aplicar un modelo a unas hipótesis, y la elección del modelo cambia la cifra. Por eso la finalidad del encargo marca el camino: no es lo mismo valorar para fijar el precio de una compraventa, para presentar una declaración de sucesiones o para negociar la entrada de un socio. En el ámbito tributario, además, la Administración puede comprobar valores y exigir que el contribuyente justifique cómo llegó a su cifra, de modo que el método es parte del argumento.

    Método 1: descuento de flujos de caja (DCF)

    El DCF estima el valor como la suma de los flujos de caja libres que la empresa generará en el futuro, descontados a una tasa que refleja el riesgo. Normalmente se proyectan entre tres y diez ejercicios y se añade un valor terminal que representa los años posteriores.

    Cuándo encaja bien

    • Empresas en funcionamiento con historial fiable y proyecciones razonables.
    • Negocios con inversiones o ciclos que alteran de forma relevante los flujos futuros.
    • Operaciones en las que el comprador paga por la capacidad de generar caja.

    Sus puntos débiles

    Es muy sensible a dos variables: la tasa de descuento y el crecimiento a perpetuidad. Variaciones de uno o dos puntos pueden desplazar el valor de manera sustancial, por lo que un informe serio incluye un análisis de sensibilidad y explica de dónde proceden las proyecciones. Una proyección sin soporte documental, como presupuestos, contratos o series históricas, es fácil de impugnar.

    Método 2: múltiplos de mercado

    Los múltiplos relacionan el valor con una magnitud económica, como el EBITDA, las ventas o el beneficio neto, a partir de operaciones o empresas comparables. Si compañías similares se han vendido o cotizan a cinco veces su EBITDA, esa referencia se aplica a la empresa que se valora, con los ajustes que correspondan por tamaño, liquidez y riesgo.

    Su principal ventaja es la simplicidad y su conexión con el mercado. Su limitación es la calidad de los comparables: en pymes no cotizadas, las transacciones suelen ser privadas y la información, escasa. Un múltiplo mal elegido genera cifras que parecen objetivas sin serlo.

    Método 3: valor patrimonial o por activos

    Este enfoque parte del patrimonio neto contable y lo ajusta a valores razonables: se revalorizan inmuebles, existencias o participaciones, y se descuentan pasivos no registrados o contingencias. Resulta especialmente adecuado en sociedades patrimoniales, holdings, empresas inmobiliarias y compañías con pérdidas recurrentes o en liquidación.

    Su defecto es que ignora el valor de la capacidad de generar beneficios, lo que en un negocio sano suele infravalorar la empresa. Por eso se emplea con frecuencia como suelo de referencia, y no siempre como valor final.

    Un ejemplo hipotético con cifras

    Supóngase una sociedad industrial ficticia con los siguientes datos, expresados en miles de euros: flujos de caja libres previstos de 100, 110 y 120 en los tres próximos años, tasa de descuento del 10 % y crecimiento a perpetuidad del 2 %. El valor terminal al final del año tres sería 120 × 1,02 ÷ (0,10 − 0,02) = 1.530. Descontando cada flujo y el valor terminal resulta un valor de empresa aproximado de 1.421. La compañía tiene deuda financiera neta de 200, de modo que el valor para los socios por DCF rondaría los 1.221.

    Método Base de cálculo (hipotética) Valor de empresa aprox. (miles de euros)
    DCF Flujos 100, 110, 120; tasa 10 %; crecimiento 2 % 1.421
    Múltiplos EBITDA de 300 × 5 1.500
    Patrimonial Patrimonio neto 900 + plusvalías latentes 150 1.050 (valor de los fondos propios)

    Los números no coinciden, y eso es normal. El DCF y los múltiplos se aproximan; el enfoque patrimonial queda por debajo porque no recoge el fondo de comercio. Un valorador competente no promedia sin criterio, sino que explica por qué pondera cada método y por qué descarta alguno. Esa explicación es lo que distingue un informe defendible de una simple cifra.

    Cómo elegir el método según la situación

    • Empresa operativa y rentable: DCF principal, contraste con múltiplos y control patrimonial.
    • Sociedad holding o patrimonial: valor patrimonial ajustado, con atención a la fiscalidad latente de las plusvalías.
    • Startup o empresa de crecimiento: DCF con escenarios, rondas recientes y múltiplos de ingresos, con prudencia sobre las hipótesis.
    • Empresa en dificultades: valor de liquidación o patrimonial, comparado con el valor de continuidad si hay plan creíble.
    • Participaciones minoritarias: valor proporcional con posibles descuentos por falta de control o de liquidez, siempre justificados.

    En operaciones de compraventa, el fiscal complementa la valoración. Si se transmiten participaciones, conviene repasar la guía sobre compraventa de participaciones en empresas catalanas y su fiscalidad.

    Qué mira la Administración al revisar una valoración

    La Ley General Tributaria permite a la Administración comprobar valores mediante los medios del artículo 57, entre ellos el dictamen de peritos. Y exige motivación, tal como recuerda el artículo 134. Cuando el contribuyente aporta su propia valoración, esta se evalúa por su coherencia: ¿los datos proceden de fuentes verificables?, ¿las hipótesis son razonables?, ¿el método es el habitual para ese tipo de negocio? Un informe que responda a estas preguntas con claridad refuerza la posición de quien lo presenta. Para conocer el alcance de un dictamen y su estructura, puede consultarse la página sobre el informe pericial.

    Errores frecuentes

    • Utilizar múltiplos de empresas cotizadas sin ajustar a una pyme no cotizada.
    • Aplicar una tasa de descuento sin explicar su construcción.
    • No normalizar el resultado: gastos extraordinarios, retribuciones anormales de socios u operaciones vinculadas.
    • Olvidar la deuda neta o los pasivos contingentes al pasar de valor de empresa a valor de los fondos propios.
    • Mezclar valoraciones de fechas distintas sin actualizar los datos.

    Para evitar estos fallos resulta útil documentar la metodología de valoración y de elaboración del dictamen. Si la valoración puede acabar en una discusión con la Administración, conviene integrarla en una estrategia de asesoría legal y fiscal que anticipe los plazos y los escenarios de impugnación.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cuál es el mejor método de valoración de empresas?

    Ninguno lo es en abstracto. Para una empresa en marcha, el DCF contrastado con múltiplos suele ser el más completo; para una sociedad patrimonial, el valor de los activos ajustado. Lo importante es justificar la elección.

    ¿Se puede valorar una empresa solo con una fórmula sencilla?

    Las reglas rápidas, como un múltiplo del beneficio, sirven como orientación inicial. Para una operación con efectos fiscales o una discusión con la Administración, se requiere un análisis documentado.

    ¿Qué información necesita el valorador?

    Cuentas anuales de varios ejercicios, previsiones o presupuestos, detalle de deuda, contratos relevantes, inventario de activos y cualquier operación vinculada o extraordinaria que afecte a los resultados.

    ¿Cuánto tiempo conserva validez una valoración?

    Está referida a una fecha concreta. Si cambian de forma significativa las condiciones del negocio o del mercado, debería actualizarse.

    ¿Es lo mismo valor de empresa y valor de las participaciones?

    No. El valor de empresa incluye la deuda; el de las participaciones corresponde a los fondos propios y se obtiene restando la deuda neta, además de otros ajustes.

    Conclusión

    La valoración de empresas combina técnica y criterio. DCF, múltiplos y patrimonio no compiten entre sí: se complementan, y el perito debe explicar qué peso otorga a cada uno y por qué. Si el valor tendrá efectos fiscales, la documentación y la coherencia del razonamiento resultan tan importantes como la cifra final, pues sobre ellas se apoya la posición del contribuyente frente a una Administración que es una parte más del procedimiento.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Cómo elegir un perito judicial tributario: funciones, requisitos y señales de calidad

    Cómo elegir un perito judicial tributario: funciones, requisitos y señales de calidad

    Para elegir un perito judicial tributario conviene comprobar cuatro cosas: que su formación y experiencia encajen con la cuestión técnica concreta, que pueda declarar su independencia respecto del asunto, que trabaje con una metodología explicable y que acepte defender su informe ante el órgano que lo reciba. El nombre de la figura, por sí solo, no garantiza nada: lo relevante es la calidad del dictamen y la capacidad del profesional para sostenerlo bajo contradicción.

    Quien afronta un litigio fiscal en Cataluña suele elegir perito con prisa, tras recibir una liquidación o una propuesta de regularización. Este artículo propone un método más ordenado: primero qué hace realmente un perito, después qué exige la ley y, por último, qué señales distinguen un trabajo sólido de uno meramente formal. Como referencia sobre cómo se prepara un dictamen pensado para ser ratificado ante un tribunal, puede consultarse la prueba pericial judicial de ValiTax.

    Qué hace un perito judicial tributario

    El perito aporta conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos que el juez o la Administración no tienen. Así lo establece el artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que le exige además actuar con la mayor objetividad posible. En materia tributaria, esa función se concreta en tareas como las siguientes:

    • Valorar empresas, participaciones sociales, inmuebles u otros activos cuando su valor condiciona la base imponible.
    • Cuantificar el efecto fiscal de una operación o reconstruir una base imponible a partir de la contabilidad y de la documentación mercantil.
    • Analizar si unos precios pactados entre entidades vinculadas se ajustan al valor de mercado.
    • Examinar la coherencia técnica de una propuesta de liquidación y señalar errores de cálculo o de metodología.
    • Ratificar y explicar su informe en la vista o ante el tribunal, respondiendo a las preguntas de las partes.

    La expresión «judicial» induce a veces a confusión. Un perito puede ser designado por un tribunal, pero también puede actuar a instancia de una parte y ser perito de parte. Sobre esa diferencia se trata en otro artículo de esta serie. En ambos supuestos el dictamen se somete a las mismas reglas de valoración, y por eso la selección debe hacerse pensando en el rigor del trabajo y no en el rótulo del profesional.

    Qué exige la ley para actuar como perito

    El artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que los peritos deben poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen cuando la profesión esté reglamentada. Si no lo está, pueden ser nombrados entre personas entendidas en la materia. En asuntos tributarios, donde coinciden conocimientos jurídicos, contables y de valoración, es habitual que el informe exija un perfil mixto.

    El mismo precepto prevé que las partes puedan acudir a entidades públicas y privadas que se dediquen a actividades correspondientes a la materia y al ámbito del dictamen. Y el artículo 341 regula el procedimiento para designar peritos por parte del tribunal. Estas reglas explican por qué es útil preguntar al profesional en qué condiciones ha intervenido antes y si conoce el tipo de procedimiento en el que se utilizará su informe.

    Cuando el informe vaya destinado a una vista, conviene que el perito asuma desde el principio que deberá ratificarlo y responder a las preguntas de las partes.

    Siete criterios para elegir con fundamento

    1. Especialización en la cuestión concreta

    No es lo mismo valorar una pyme industrial que una sociedad patrimonial o un paquete de participaciones con pactos de socios. Pregunte por casos análogos, sin esperar que se revelen datos confidenciales de clientes, y pida que el profesional explique cómo abordaría su asunto.

    2. Independencia y ausencia de conflictos

    El deber de objetividad no es retórico. Un perito que ha asesorado al contribuyente en la operación discutida o que mantiene una relación económica relevante con la contraparte arrastra una sospecha que la Administración o el tribunal podrán utilizar para restar fuerza al informe. Lo recomendable es que el propio profesional declare por escrito las circunstancias que podrían comprometer su imparcialidad.

    3. Metodología transparente

    Un buen informe explica qué método se emplea, por qué se descartan los alternativos y cómo se han obtenido los datos. La metodología de ValiTax es un ejemplo de documento que describe las fases del trabajo, desde el análisis documental hasta la emisión del dictamen, de forma que el cliente conozca lo que está contratando.

    4. Capacidad de defensa oral

    El artículo 347 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite que los peritos sean interrogados en juicio o en vista sobre el método, las premisas y las conclusiones. Un profesional que redacta bien pero no sabe defender su trabajo ante preguntas incisivas puede perder la ventaja que el dictamen ofrecía por escrito.

    5. Claridad al escribir

    El informe lo leerá un inspector, un magistrado o un vocal de un tribunal económico-administrativo. Si no entiende los cálculos, difícilmente los admitirá. Pida un ejemplo anonimizado de estructura: resumen ejecutivo, hipótesis, anexos y conclusiones.

    6. Disponibilidad y plazos realistas

    Los plazos fiscales son estrictos. Conviene que el perito comunique desde el inicio qué documentación necesita, cuánto tardará y qué ocurre si el expediente exige ampliar el alcance. Un calendario creíble es más valioso que una promesa de rapidez imposible.

    7. Presupuesto claro y sin vinculación al resultado

    Los honorarios deben corresponder al trabajo y no depender de que el informe prospere. Condicionarlos al éxito debilita la apariencia de objetividad. Si desea orientarse sobre cómo se estructura un presupuesto, la página de honorarios de ValiTax expone los criterios generales con los que se calcula el coste de un encargo.

    Señales de alerta

    Hay indicios que justifican desconfiar de una propuesta de pericia:

    • Se garantiza el resultado o se promete que el informe «ganará» el caso.
    • No se explica la metodología ni se aceptan preguntas sobre ella.
    • El profesional no puede acreditar formación o experiencia en la materia concreta.
    • No se admite la ratificación oral del dictamen ni se ofrece asistencia posterior.
    • El informe se entrega con plantillas genéricas que no tratan los hechos del expediente.

    Un ejemplo ilustrativo y hipotético

    Imagine una empresa familiar del Vallès cuyo socio fallecido tenía un 30 % de las participaciones. La ATC comprueba el valor declarado y propone otro superior. Los herederos necesitan acreditar que la valoración inicial era razonable. Un perito con experiencia en empresas industriales analizará el balance, la cuenta de resultados de varios ejercicios, la cartera de pedidos y las condiciones del sector, y contrastará el resultado con métodos de flujos y de múltiplos. Si, además, el profesional ha comprobado que no tiene vínculo previo con la sociedad, el informe llegará con mejor base a la fase de alegaciones o a un recurso posterior.

    Las cifras de este supuesto son ficticias y solo sirven para entender el proceso. En un caso real, la elección del perito debería acompañarse del estudio jurídico de los plazos y de los medios de impugnación, por ejemplo los descritos en la guía del recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Cataluña.

    Coordinación con el equipo jurídico

    El perito no sustituye al abogado, y el abogado no puede sustituir al perito. Los mejores resultados se obtienen cuando ambos trabajan desde el inicio, de manera que la pregunta técnica se formule con precisión y el informe responda a la tesis jurídica de la defensa. Quien busque esa integración puede plantear una asesoría legal y fiscal que combine ambas funciones, siempre respetando la independencia del perito en el contenido de sus conclusiones.

    Preguntas frecuentes

    ¿Hace falta ser perito inscrito en una lista oficial para que el informe valga?

    No siempre. Para el perito de parte, la ley exige conocimientos y titulación adecuados a la materia. Las listas se utilizan sobre todo en las designaciones judiciales, y su existencia no impide que se aporten dictámenes de parte.

    ¿Puede el perito ser también el asesor fiscal del caso?

    Es posible, pero no aconsejable cuando el asesor ha diseñado o ejecutado la operación discutida. La Administración y el tribunal pueden entender que carece de la distancia necesaria para actuar con objetividad.

    ¿Cuánto cuesta un perito judicial tributario?

    Depende de la complejidad, el volumen de documentación y la necesidad de ratificar el informe. Desconfíe de presupuestos cerrados sin haber revisado el expediente y de honorarios supeditados al éxito.

    ¿Puede el tribunal rechazar el informe de un perito?

    Sí. El artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que el tribunal valora los dictámenes según las reglas de la sana crítica. Un informe sólido y motivado dificulta que sea ignorado sin explicación.

    ¿Cuándo debo contratarlo?

    Cuanto antes, siempre que la discusión dependa de una cuestión técnica. Esperar al final del plazo reduce el margen para recopilar datos y contrastar el trabajo.

    Conclusión

    Elegir bien al perito es una decisión estratégica. Importan la especialización, la independencia, la transparencia metodológica y la capacidad de defender el trabajo. El contribuyente tiene derecho a utilizar la prueba pericial como cualquier otra parte, y la Administración es una parte más del procedimiento: un informe técnico bien elaborado permite discutir en igualdad de armas los valores y las cuantías que se le imputan.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Por qué elegir un buen abogado fiscalista es clave ante una inspección de Hacienda: el caso LRB Tax & Legal

    Un premio que pone el foco en la defensa fiscal de calidad

    Ya se trate de una inspección de la Agencia Tributaria estatal o de una actuación de la Agència Tributària de Catalunya, la calidad del asesoramiento fiscal recibido marca la diferencia, como demuestra el siguiente reconocimiento. Cuando la Agencia Tributaria inicia un procedimiento de comprobación o inspección, la diferencia entre una regularización asumible y una contingencia fiscal grave suele estar en la calidad del asesoramiento recibido desde el primer día. Esa es, precisamente, la especialidad que ha llevado a Luis Miguel Larriba, Socio Director de mejor abogado fiscalista de España, a ser reconocido como Mejor Profesional Fiscal del Año de España y Portugal en los Iberian Lawyer Forty Under 40 Awards 2026, celebrados el 24 de septiembre en Madrid, donde además el equipo fiscal de la firma fue finalista a Mejor Equipo Fiscal frente a EY y KPMG.

    El reconocimiento es una buena excusa para explicar por qué, ante una inspección tributaria, elegir bien al abogado fiscalista no es un lujo, sino una decisión que puede condicionar el patrimonio y la viabilidad de una empresa.

    Qué ocurre quiere una inspección tributaria mal gestionada

    Un procedimiento de inspección no es un simple trámite administrativo: es un proceso en el que la Administración tributaria revisa, con capacidad de acceso a toda la documentación contable y fiscal del contribuyente, si las autoliquidaciones presentadas reflejan correctamente su situación tributaria. Cuando el contribuyente no cuenta con un asesoramiento técnico sólido desde el inicio de las actuaciones, es habitual que se acaben firmando actas de conformidad que después resultan muy difíciles de recurrir, o que se pierdan plazos procesales clave para presentar alegaciones o recursos.

    Un despacho especializado en defensa ante inspecciones tributarias, como LRB Tax & Legal, aporta justamente eso: conocimiento profundo del procedimiento inspector, capacidad para anticipar los criterios que va a aplicar la Inspección y experiencia acreditada en la redacción de alegaciones y recursos que resistan un control judicial posterior si es necesario.

    El valor de la experiencia acreditada: por qué importa un premio como este

    Los Iberian Lawyer Forty Under 40 Awards no son un premio comercial, sino un reconocimiento otorgado por un jurado independiente del sector legal, que valora el impacto real del trabajo desarrollado por cada profesional o equipo, la complejidad de los asuntos gestionados y su contribución a su área de práctica. Que Luis Miguel Larriba haya sido distinguido como mejor abogado fiscalista de España y Portugal en la categoría fiscal, y que el equipo de LRB haya llegado a la final frente a EY y KPMG en la categoría de mejor equipo, es una validación externa —no autoproclamada— de la calidad técnica del despacho en materia de inspecciones y procedimientos tributarios.

    Como declaró el propio Larriba tras recoger el premio: «Este reconocimiento no es solo personal: es el resultado del trabajo de todo el equipo de LRB durante los últimos años.» Una afirmación que cobra especial sentido en un área como la defensa tributaria, donde el trabajo en equipo —economistas, abogados y peritos judiciales trabajando de forma coordinada— resulta determinante para el resultado final de cada expediente.

    Cinco señales de que necesitas un abogado fiscalista especializado

    No todas las situaciones fiscales requieren el mismo nivel de especialización, pero hay señales claras de que conviene contar con un despacho experimentado en defensa tributaria: haber recibido un requerimiento o una comunicación de inicio de actuaciones de comprobación; operar en sectores especialmente fiscalizados como el turístico, el inmobiliario o el de servicios profesionales; haber realizado operaciones de reestructuración societaria recientes; contar con patrimonio o rentas en el extranjero; o simplemente gestionar un volumen de facturación que hace que cualquier ajuste fiscal tenga un impacto económico relevante.

    En todos estos casos, la diferencia entre un asesor generalista y un despacho especializado como LRB Tax & Legal —con sede en Madrid y delegación en Mallorca— puede traducirse en miles o incluso millones de euros de contingencia fiscal evitada.

    Reestructuración empresarial: otro terreno donde el buen asesoramiento es decisivo

    La misma lógica se aplica a las operaciones de reestructuración empresarial. El régimen FEAC (fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores) permite realizar estas operaciones con neutralidad fiscal, pero exige acreditar motivos económicos válidos ante Hacienda. Un asesoramiento deficiente en esta fase puede convertir una operación pensada para optimizar la estructura del grupo en una contingencia fiscal de gran magnitud si la Inspección considera que la operación tuvo como finalidad principal el fraude o la evasión fiscal.

    Precisamente por eso, los despachos que —como LRB Tax & Legal— combinan experiencia en reestructuraciones FEAC con experiencia en defensa ante inspecciones tienen una ventaja comparativa: conocen de primera mano los criterios que aplicará la Inspección años después de cerrada la operación, y diseñan la reestructuración pensando en esa revisión futura.

    Preguntas frecuentes

    ¿Por qué es importante el asesoramiento fiscal ante una inspección tributaria?

    Porque un procedimiento mal gestionado puede derivar en sanciones, recargos y contingencias fiscales muy superiores al coste de contar con un abogado fiscalista especializado desde el inicio de las actuaciones.

    ¿Qué avala la calidad de LRB Tax & Legal en materia de inspecciones tributarias?

    El reconocimiento de Luis Miguel Larriba como Mejor Profesional Fiscal de España y Portugal, y la condición de finalista de su equipo fiscal frente a EY y KPMG, en los Iberian Lawyer Awards 2026.

    ¿Qué es el régimen FEAC y por qué requiere asesoramiento especializado?

    Es el régimen de neutralidad fiscal para fusiones, escisiones y aportaciones de activos, que exige acreditar motivos económicos válidos; un mal asesoramiento puede convertirlo en una contingencia fiscal grave.

  • Informe pericial tributario: qué es, qué acredita y cuándo hace falta en Cataluña

    Informe pericial tributario: qué es, qué acredita y cuándo hace falta en Cataluña

    Un informe pericial tributario es un dictamen técnico, elaborado por un profesional con conocimientos especializados, que aporta a un procedimiento fiscal o judicial los datos, cálculos y criterios que la Administración o el tribunal no pueden obtener por sí mismos. Hace falta cuando el resultado de un expediente depende de una cuestión técnica discutida, como el valor de un inmueble, el precio de una operación entre empresas vinculadas o la cuantificación de una base imponible, y cuando una simple alegación jurídica no basta para desvirtuar la posición de la Administración.

    En Cataluña, donde conviven la Agencia Tributaria estatal (AEAT) y la Agència Tributària de Catalunya (ATC), esta herramienta se utiliza con frecuencia en tributos cedidos como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o el de Transmisiones Patrimoniales, así como en las inspecciones de grupos industriales, tecnológicos y familiares. A continuación se explica qué contiene, qué valor tiene, en qué casos conviene y cómo se integra en la estrategia de defensa.

    Qué es un informe pericial tributario y qué lo distingue de otros documentos

    La pericia es un medio de prueba. La Ley General Tributaria remite, en su artículo 106, a las normas del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil para determinar qué medios de prueba son admisibles y cómo se valoran. Dentro de esa remisión, el dictamen de un perito ocupa un lugar propio: no relata hechos presenciados por un testigo ni interpreta el derecho como lo haría un escrito de alegaciones, sino que aplica una metodología técnica a unos datos concretos y llega a una conclusión motivada.

    Conviene separar el informe pericial de otros documentos que a menudo se confunden con él:

    • Una nota de asesoramiento fiscal expone cómo debería tributar una operación, pero no está pensada para acreditar un hecho o un valor ante un tercero.
    • Una tasación comercial puede servir a una entidad financiera, pero no siempre cumple los requisitos de motivación, comparables y declaración de imparcialidad que se esperan en un procedimiento.
    • Un escrito de alegaciones argumenta jurídicamente; el informe pericial aporta el soporte técnico y numérico sobre el que se apoya esa argumentación.

    Qué debe contener para tener valor probatorio

    La Ley de Enjuiciamiento Civil exige en su artículo 335 que el perito manifieste, bajo juramento o promesa, que ha actuado y actuará con la mayor objetividad posible, y que conoce las sanciones penales en las que incurriría si faltara a ese deber. Un informe sólido, con independencia de la sede en la que se presente, suele incorporar los siguientes elementos:

    • Identificación del perito, su titulación y su declaración de imparcialidad.
    • Descripción precisa del encargo y de la pregunta técnica que debe resolver.
    • Documentación examinada, con indicación de lo que no se ha podido consultar.
    • Metodología empleada y razones por las que se descarta cualquier alternativa razonable.
    • Cálculos reproducibles, con hipótesis expresas y análisis de sensibilidad cuando proceda.
    • Conclusiones claras, separadas de las valoraciones jurídicas, y limitaciones del trabajo.

    Este último punto es esencial. Un dictamen que mezcla hechos, cálculos y opiniones jurídicas pierde fuerza, porque el órgano que lo recibe no puede distinguir qué parte es verificable. Para quien busque apoyo especializado en este tipo de trabajo, los informes periciales tributarios de ValiTax siguen una estructura de este tipo, con metodología y fuentes identificadas.

    En qué casos hace falta un informe pericial tributario

    No todo conflicto fiscal necesita un perito. La regla práctica es sencilla: si la discusión es puramente jurídica, bastan los argumentos de derecho; si depende de un valor, una cuantía o una práctica de mercado, el informe pericial suele ser decisivo. Los supuestos más habituales son los siguientes.

    Comprobación de valores

    Cuando la Administración sustituye el valor declarado de un inmueble o de unas participaciones por otro superior, el contribuyente puede oponer su propia valoración técnica. Esta es, probablemente, la utilidad más clásica del dictamen en tributos como el ITP, el ISD o el Impuesto sobre el Patrimonio. El mecanismo específico de la tasación pericial contradictoria se analiza en otro artículo de esta serie.

    Inspecciones y regularizaciones basadas en estimaciones

    Si la AEAT o la ATC recalifican operaciones, estiman ingresos por métodos indirectos o cuestionan la deducibilidad de gastos, un informe que reconstruya la realidad económica con datos contrastables puede cambiar el sentido de la propuesta. Es especialmente útil en la estimación indirecta, donde la Administración parte de márgenes sectoriales que el contribuyente puede rebatir con su propia contabilidad analítica. Sobre este punto se puede consultar la guía sobre estimación indirecta y defensa con informe pericial.

    Operaciones entre partes vinculadas

    El artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades exige valorar por su valor de mercado las operaciones entre personas o entidades vinculadas. Documentar que un préstamo, una cesión de marca o un servicio de gestión se pactaron en condiciones de mercado exige comparables, métodos y razonamientos propios de un dictamen técnico.

    Reestructuraciones, compraventas y sucesiones

    Fusiones, escisiones, aportaciones no dinerarias, ventas de empresas y transmisiones mortis causa o por donación obligan a fijar valores. Allí donde esos valores tienen consecuencias fiscales, disponer de una valoración independiente anticipa y reduce el riesgo de una comprobación posterior. Para los casos de valoración de empresas y activos, el servicio de valoración de empresas y activos es una referencia práctica.

    Procedimientos judiciales

    En vía contencioso-administrativa, el dictamen puede aportarse junto con la demanda o proponerse como prueba, de acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y, de forma supletoria, con la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuanto antes se defina la cuestión técnica, más margen existe para preparar una prueba pericial eficaz.

    Cuándo conviene encargarlo: el factor tiempo

    El error más común es encargar el informe cuando el plazo está a punto de agotarse. Un buen dictamen requiere recopilar documentación, solicitar información adicional, contrastar comparables y redactar con rigor. En un procedimiento inspector, los plazos de alegaciones tras una propuesta de regularización son breves, y en la vía de revisión cada escrito tiene un plazo preclusivo. Por eso resulta recomendable plantearse la necesidad de pericia desde la primera comunicación de inicio de actuaciones o desde la notificación de una liquidación con un valor distinto al declarado.

    Un cálculo orientativo puede ilustrar la importancia del valor. Supóngase, como ejemplo meramente hipotético, que una participación declarada por 400.000 euros es comprobada al alza hasta 700.000 euros. La diferencia de 300.000 euros se convierte en nueva base imponible, y sobre ella se aplican la tarifa del impuesto y, en su caso, intereses de demora y sanción. Aunque el tipo efectivo dependa de cada caso, el impacto es lo bastante relevante como para justificar un análisis técnico antes de aceptar el nuevo valor.

    Qué puede y qué no puede lograr un informe pericial

    Un dictamen bien fundamentado no garantiza un resultado favorable, y conviene decirlo con claridad. La Administración y los tribunales valoran la prueba pericial según las reglas de la sana crítica, tal como establece el artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esto significa que no están obligados a asumir las conclusiones del perito, pero sí a motivar por qué se apartan de ellas cuando existe un informe técnico coherente y contradicho solo con afirmaciones genéricas.

    El informe tampoco sustituye a la estrategia jurídica. Funciona como cimiento factual de los recursos, de las alegaciones y de la negociación, pero necesita abogados que lo integren en el expediente en el momento procesal oportuno. Esa coordinación entre pericia y defensa es la que permite, por ejemplo, plantear una defensa fiscal con LRB en la que cada pieza técnica responde a un argumento jurídico concreto.

    Cómo se articula en la práctica

    1. Diagnóstico inicial. Se identifica la cuestión técnica controvertida y se decide si la pericia es necesaria o excesiva.
    2. Delimitación del encargo. Se define qué debe responder el perito, con qué documentación y en qué plazo.
    3. Trabajo de campo y análisis. Se obtienen los datos, se aplican los métodos y se contrastan los resultados.
    4. Redacción y revisión. El informe se redacta con lenguaje claro y se revisa para evitar contradicciones.
    5. Aportación y, en su caso, ratificación. Se presenta en el momento procesal adecuado y el perito queda disponible para aclaraciones.

    Una última idea sobre la elección del profesional: antes de contratar a quien firme el dictamen, merece la pena leer la guía complementaria sobre el perito judicial tributario en Cataluña, donde se detallan sus funciones y los casos en los que su intervención resulta determinante.

    Preguntas frecuentes

    ¿Es obligatorio presentar un informe pericial en una inspección tributaria?

    No. La ley no lo exige con carácter general. Es una decisión estratégica que el contribuyente adopta cuando el resultado depende de una cuestión técnica y quiere sustentar su posición con prueba cualificada.

    ¿Quién puede emitir un informe pericial tributario?

    Cualquier profesional con conocimientos especializados en la materia que se discute y capacidad para actuar con objetividad. En el ámbito judicial, la Ley de Enjuiciamiento Civil regula en su artículo 340 las condiciones que deben reunir los peritos, que varían según se trate de materias con o sin titulación oficial.

    ¿Tiene el mismo valor un informe encargado por una parte que uno designado por el juez?

    Ambos se valoran conforme a la sana crítica. El dictamen de parte arranca con la dificultad de que se le presupone interés, por lo que su motivación y su imparcialidad deben ser especialmente visibles.

    ¿Cuánto tarda en elaborarse?

    Depende de la complejidad y de la disponibilidad de la documentación. Una valoración sencilla puede resolverse en pocas semanas; una reconstrucción contable o una pericia sobre varios ejercicios requiere más tiempo. Lo prudente es no esperar al final del plazo.

    ¿Se puede aportar el informe una vez iniciado el recurso?

    En la vía económico-administrativa y en la contencioso-administrativa existen momentos y límites para aportar prueba. Por eso conviene planificar la pericia desde el principio y no dejarla para el final.

    Conclusión

    El informe pericial tributario es una pieza de prueba reconocida por el ordenamiento y especialmente útil cuando el conflicto fiscal gira en torno a valores, cuantías o prácticas de mercado. Bien planteado, ofrece al contribuyente una posición técnica sólida frente a la Administración, que es una parte más del procedimiento y debe motivar sus decisiones. La clave está en identificar a tiempo la cuestión técnica, elegir una metodología defendible y coordinar la pericia con la defensa jurídica.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • IVA intracomunitario: cómo recuperar el IVA soportado por tu empresa en otros países de la UE

    El IVA intracomunitario que las empresas suelen dejar sin reclamar

    Las empresas catalanas con actividad internacional —desde el sector industrial de Barcelona hasta los exportadores del Vallès— acumulan con frecuencia IVA soportado en otros países de la UE que nunca llegan a reclamar. Cuando una empresa española empieza a operar de forma habitual con otros países de la Unión Europea —comprando servicios, participando en ferias, desplazando personal o contratando logística transfronteriza— es prácticamente inevitable que acumule IVA soportado en esos países que, salvo que se gestione activamente, queda sin recuperar. A este fenómeno se le suele llamar de forma genérica «IVA intracomunitario», aunque técnicamente conviene distinguirlo del régimen de operaciones intracomunitarias de bienes: aquí hablamos del IVA que la empresa paga como consumidor final de un gasto en otro Estado miembro, y que puede recuperar mediante el procedimiento de Devolución de IVA nacional y extranjero previsto en la normativa comunitaria.

    La magnitud del problema suele sorprender a los propios departamentos financieros cuando se revisa por primera vez: basta con un volumen moderado de viajes de negocio o participación en eventos internacionales para acumular, en pocos ejercicios, cantidades significativas de IVA extranjero no reclamado.

    Cómo funciona el mecanismo de devolución según la Directiva 2008/9/CE

    La Directiva 2008/9/CE estableció un procedimiento armonizado para que las empresas establecidas en un Estado miembro de la UE puedan solicitar la devolución del IVA soportado en otro Estado miembro sin tener que registrarse como sujeto pasivo en ese segundo país. La solicitud no se presenta directamente ante la Administración tributaria extranjera, sino ante la Administración del Estado miembro donde está establecida la empresa solicitante, que actúa como punto de entrada y remite electrónicamente la solicitud al Estado miembro de devolución. En España, este trámite se formaliza mediante el Modelo 360, presentado ante la AEAT.

    Una vez recibida la solicitud, el Estado miembro de devolución dispone de un plazo general de cuatro meses para resolver, que se amplía si solicita información adicional al contribuyente —algo bastante habitual cuando la documentación aportada es incompleta o no se ajusta a los requisitos formales de ese país—.

    Requisitos que suelen pasarse por alto

    Más allá del plazo de presentación, hay varios requisitos que generan rechazos frecuentes si no se revisan con cuidado: el importe mínimo de solicitud (que varía según se trate de una solicitud anual o de un periodo inferior al año); la necesidad de que las facturas cumplan los requisitos formales del país donde se soportó el IVA, que no siempre coinciden con los exigidos en España; la correcta codificación de cada gasto según los códigos armonizados de la UE para este procedimiento; y la justificación de que el gasto está vinculado a la actividad económica de la empresa solicitante.

    Un error habitual es asumir que, si una factura es válida en España a efectos de IVA, automáticamente lo será también para la Administración tributaria del país donde se soportó el gasto. No es así: cada Estado miembro mantiene cierto margen de interpretación sobre qué documentación acepta, y eso explica buena parte de los rechazos que se producen cuando el trámite se gestiona sin experiencia previa.

    Sectores que acumulan más IVA intracomunitario sin reclamar

    Por la naturaleza de su actividad, hay sectores especialmente expuestos a acumular IVA intracomunitario no recuperado: empresas de transporte y logística, que operan de forma constante en varios países de la UE; compañías del sector turístico y hotelero, con proveedores y colaboradores en distintos Estados miembros; empresas tecnológicas y de servicios profesionales que desplazan equipos a clientes internacionales; y compañías industriales que participan habitualmente en ferias sectoriales europeas. En todos estos casos, el volumen de IVA extranjero recuperable suele ser proporcional a la intensidad de la actividad internacional de la empresa, lo que convierte la gestión sistemática de este procedimiento en una fuente de ahorro recurrente, no en un trámite puntual.

    Un asesoramiento fiscal para empresas con actividad internacional que incorpore de forma habitual la revisión de IVA intracomunitario dentro del cierre fiscal periódico de la empresa evita que estas cantidades se acumulen ejercicio tras ejercicio sin recuperarse.

    Cómo organizar internamente la recuperación de IVA intracomunitario

    La forma más eficaz de no perder este derecho de devolución es incorporar, dentro de los procesos administrativos de la empresa, un control sistemático de los gastos soportados en otros países de la UE: identificar en el momento de registrar cada factura si corresponde a un gasto susceptible de devolución, conservar los originales o copias digitales válidas, y revisar periódicamente (al menos una vez al año, antes del plazo límite del 30 de septiembre) el volumen acumulado susceptible de reclamación. Externalizar esta revisión en un despacho especializado permite, además, beneficiarse de su conocimiento actualizado sobre las particularidades de cada Estado miembro, que cambian con cierta frecuencia.

    Cuánto puede estar perdiendo su empresa sin un control sistemático

    Para hacerse una idea del impacto real, basta pensar en una empresa que envía a dos comerciales a ferias internacionales tres o cuatro veces al año, con gastos de hotel, restauración y transporte en cada desplazamiento: el IVA soportado en esos gastos, acumulado durante varios ejercicios sin reclamarse, puede alcanzar fácilmente varios miles de euros que terminan contabilizados como coste cuando en realidad eran recuperables mediante el procedimiento de Devolución de IVA nacional y extranjero. La diferencia entre gestionar este trámite de forma sistemática o no hacerlo en absoluto puede suponer, en empresas con actividad internacional recurrente, una cantidad nada despreciable en la cuenta de resultados cada año, simplemente por recuperar un IVA que ya se pagó y al que la empresa tenía derecho desde el primer momento.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué es el IVA intracomunitario a efectos de devolución?

    Es el IVA que una empresa soporta como consumidor de un gasto en otro Estado miembro de la UE y que puede recuperar mediante el procedimiento armonizado de la Directiva 2008/9/CE, sin necesidad de registrarse como sujeto pasivo en ese país.

    ¿Cómo se presenta la solicitud desde España?

    Mediante el Modelo 360, presentado electrónicamente ante la AEAT, que actúa como intermediaria y remite la solicitud al Estado miembro donde se soportó el IVA.

    ¿Qué sectores suelen acumular más IVA intracomunitario sin reclamar?

    Transporte y logística, turismo y hostelería, servicios profesionales con desplazamientos internacionales, y empresas industriales que participan en ferias europeas.

    ¿Por qué se rechazan muchas solicitudes de devolución?

    Principalmente por facturas que no cumplen los requisitos formales del país de destino, codificación incorrecta de los gastos o falta de justificación de la vinculación del gasto con la actividad económica de la empresa.

  • El equipo fiscal de LRB Tax & Legal, finalista en los Iberian Lawyer Awards frente a EY y KPMG

    LRB Tax & Legal, entre las mejores firmas fiscales de España y Portugal

    La comparación de equipos fiscales frente a las grandes firmas internacionales es un buen termómetro de la calidad del asesoramiento fiscal disponible en España, algo relevante también para los contribuyentes catalanes. Competir de tú a tú con los departamentos fiscales de EY y KPMG no está al alcance de cualquier despacho. Sin embargo, eso es exactamente lo que logró el equipo de abogados fiscalistas de LRB Tax & Legal en la 14ª edición de los Iberian Lawyer Forty Under 40 Awards, celebrada el 24 de septiembre de 2026 en el Palacio de la Prensa de Madrid, donde llegó como finalista en la categoría «Mejor Equipo Fiscal» (Best Tax Team), compartiendo la fase final con despachos y firmas como EY, KPMG, Abreu Advogados y Dower.

    El equipo fiscal de LRB estuvo representado en la gala por Álvaro Quer, quien recogió el reconocimiento como finalista en representación de todo el departamento. La misma noche, además, Luis Miguel Larriba, Socio Director de la firma, fue distinguido individualmente como Mejor Profesional Fiscal del Año de España y Portugal, un doble reconocimiento —individual y de equipo— que rara vez se da en una misma edición de estos premios.

    Qué significa ser finalista frente a las Big Four

    Los Iberian Lawyer Awards son de los pocos premios del sector legal ibérico donde despachos boutique compiten en igualdad de condiciones con los grandes departamentos fiscales de las firmas globales de auditoría y consultoría. El jurado, compuesto por profesionales independientes del sector, no valora el tamaño de la plantilla ni la facturación, sino el impacto real del trabajo realizado, la complejidad técnica de los asuntos gestionados y la contribución de cada equipo a su área de práctica.

    Que el equipo fiscal de LRB Tax & Legal llegara a la final en esos términos, compitiendo contra estructuras con cientos de profesionales dedicados en exclusiva a fiscalidad, confirma que el volumen de expedientes gestionados por la firma en materia de defensa ante inspecciones tributarias, reestructuraciones societarias y fiscalidad internacional tiene una complejidad técnica comparable a la de los grandes despachos, pese a operar con una estructura mucho más ágil.

    El valor de un equipo especializado frente a un generalista

    Uno de los factores que suele explicar este tipo de reconocimientos es la especialización. Frente al modelo de asesoría generalista, LRB Tax & Legal ha construido su equipo fiscal en torno a tres pilares muy concretos: la defensa técnica en procedimientos de comprobación e inspección tributaria, el asesoramiento en operaciones de reestructuración empresarial acogidas al régimen FEAC (fusiones, escisiones y aportaciones no dinerarias con neutralidad fiscal), y la elaboración de informes periciales judiciales en materia tributaria, un servicio que la firma también presta bajo su marca especializada ValiTax, con perito judicial tributario acreditado.

    Esa especialización permite al equipo abordar expedientes de alta complejidad técnica —discusiones sobre la calificación fiscal de operaciones societarias, procedimientos sancionadores, recursos económico-administrativos— con un nivel de detalle que resulta determinante quien se juega, literalmente, el patrimonio de sus clientes ante la Administración tributaria.

    La importancia de contar con el equipo adecuado ante una restructuración

    Cuando una empresa afronta una fusión, una escisión o una reorganización societaria, la calificación fiscal de la operación puede marcar la diferencia entre una restructuración neutra y una contingencia fiscal de miles de euros. El régimen FEAC exige acreditar motivos económicos válidos, y ahí es donde un equipo fiscal experimentado, como el que ha llevado a LRB a la final de los Iberian Lawyer Awards, aporta un valor que va mucho más allá de la mera tramitación administrativa.

    Del mismo modo, cuando la operación acaba en los tribunales, contar con un informe pericial tributario elaborado por profesionales acreditados —como los que firma ValiTax dentro del grupo LRB— puede resultar decisivo para el resultado del procedimiento judicial. No es casualidad que ambos servicios, restructuración FEAC e informes periciales, formen parte del núcleo de especialización que ha llevado al equipo fiscal de LRB hasta la final de estos premios.

    Un despacho con presencia en Madrid y Mallorca

    LRB Tax & Legal opera desde su sede central en el Paseo de la Castellana 194, en Madrid, con una segunda oficina en San Sebastián de los Reyes y una delegación específica en Parc Bit, Palma de Mallorca, desde donde atiende a clientes del sector turístico, hotelero y tecnológico balear. Esa doble presencia territorial, unida a la especialización técnica de su equipo fiscal, es parte de la explicación de por qué una firma de este tamaño puede llegar a la final de un premio donde compiten los grandes despachos internacionales.

    Preguntas frecuentes

    ¿En qué categoría fue finalista el equipo fiscal de LRB Tax & Legal?

    Fue finalista en la categoría «Mejor Equipo Fiscal» (Best Tax Team) de los Iberian Lawyer Forty Under 40 Awards 2026, compitiendo con los departamentos fiscales de EY, KPMG y otras firmas.

    ¿Quién representó al equipo fiscal de LRB en la gala?

    El equipo estuvo representado por Álvaro Quer, mientras que Luis Miguel Larriba, Socio Director de la firma, recibió además el premio individual a Mejor Profesional Fiscal del Año.

    ¿Qué servicios presta el equipo fiscal de LRB Tax & Legal?

    Defensa ante inspecciones tributarias, reestructuraciones empresariales bajo el régimen FEAC e informes periciales judiciales tributarios, entre otros servicios de fiscalidad nacional e internacional.