Categoría: Recursos y Reclamaciones

Elegir entre un perito de parte o un perito designado judicialmente es una decisión estratégica que condiciona el calendario, el control sobre el contenido del dictamen y, en ocasiones, su acogida por el tribunal. La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) admite ambas vías, y su regulación supletoria alcanza a los procedimientos tributarios y contencioso-administrativos. Sin embargo, no son intercambiables: responden a momentos procesales distintos y a lógicas diferentes de confianza y de coste.

Este artículo compara las dos figuras desde el punto de vista del contribuyente que se enfrenta a una liquidación o a una inspección en Cataluña, con indicación de cuándo conviene cada una, qué dice la ley sobre su imparcialidad y cómo se valora su informe. Para conocer qué se espera de un dictamen presentado ante un tribunal, puede consultarse la página sobre la prueba pericial judicial de ValiTax.

Qué es un perito de parte

El perito de parte es el profesional al que encarga el informe una de las partes del proceso. Su dictamen se aporta con la demanda o con la contestación, conforme a los artículos 265 y 336 de la LEC, y el tribunal lo valora junto al resto de la prueba. Aunque lo contrata el interesado, no actúa como su defensor: el artículo 335.2 de la LEC exige al perito manifestar, bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado y actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber.

En la práctica, el perito de parte tiene ventajas claras: puede trabajar desde el principio del conflicto, con acceso a la documentación del cliente, y su informe puede aportarse en la vía administrativa antes de que el asunto llegue a un tribunal.

Qué es un perito designado judicialmente

El perito judicial es nombrado por el tribunal, ya sea a instancia de una parte o, en los supuestos previstos, de oficio. La LEC regula este nombramiento en los artículos 339 y siguientes. Cuando una parte solicita la designación, el tribunal selecciona al experto a partir de las listas de colegios profesionales y asociaciones, por un sistema de turno, y las partes pueden proveer lo necesario para su retribución mediante una provisión de fondos.

Entre sus rasgos principales destacan que carece de vínculo previo con las partes, que recibe el encargo del propio órgano y que su informe se emite con una apariencia de neutralidad más acusada. En contrapartida, las partes controlan menos su calendario y el alcance de su análisis, que depende de los puntos que el tribunal le fije.

Comparativa de las dos figuras

La tabla describe tendencias generales y no sustituye al análisis del caso concreto. Un perito de parte con un informe sólido puede tener más peso que uno judicial con un trabajo superficial, porque el tribunal valora el dictamen por su contenido y no por su procedencia.

Cómo se valora el dictamen según la ley

El artículo 348 de la LEC dispone que el tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica. No existe una jerarquía legal entre el informe de parte y el judicial. El tribunal atenderá a la coherencia de la metodología, a la solidez de las fuentes, a la formación y experiencia del perito, a la respuesta que da a los argumentos contrarios y a su capacidad para sostenerlo en una aclaración oral, prevista en los artículos 346 y 347.

En materia tributaria, el artículo 106 de la Ley General Tributaria remite a la LEC y al Código Civil para los medios y la valoración de la prueba. Eso significa que el criterio de la sana crítica rige también en las reclamaciones económico-administrativas y en el recurso contencioso, y que la Administración no goza de una presunción que la libre de motivar sus valoraciones frente a un informe técnico bien fundado.

Ventajas y riesgos de cada opción

Perito de parte

• Permite actuar en la fase administrativa, que a menudo es la más eficaz para evitar un litigio.
• Facilita una colaboración fluida con el equipo jurídico en la definición de los puntos a probar.
• Su riesgo es la sospecha de parcialidad, que se combate con transparencia metodológica y con una declaración de objetividad creíble.

Perito designado judicialmente

• Refuerza la neutralidad percibida y puede inclinar a una de las partes a aceptar sus conclusiones.
• Exige esperar a la fase probatoria, de modo que no ayuda en la vía administrativa previa.
• Su riesgo es que el dictamen no responda con la profundidad que la parte esperaba, o que el tribunal delimite mal los puntos de pericia.

Un ejemplo hipotético

Supóngase, con fines estrictamente ilustrativos, que una sociedad catalana recurre una liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Durante el procedimiento de comprobación, encarga un informe a un perito de parte, que concluye un valor inferior al de la Administración y lo aporta con las alegaciones. La oficina gestora lo rechaza con una motivación genérica. En el recurso contencioso, la sociedad solicita además la designación de un perito por el tribunal para que dictamine sobre dos puntos concretos: la selección de testigos de mercado y el coeficiente de conservación. Los informes de ambos pueden coincidir, y entonces la posición de la sociedad se refuerza; pueden diferir, y entonces el tribunal deberá razonar su preferencia.

Este esquema, aunque no corresponde a un caso real, ilustra que las dos vías pueden ser complementarias. Del primer informe nace la argumentación y la documentación; del segundo, una validación independiente.

Criterios para elegir

1. Momento procesal. Si el conflicto está en fase administrativa o se acaba de iniciar, solo el perito de parte puede actuar con eficacia.
2. Importe y complejidad. En litigios de cuantía relevante y alta complejidad técnica, la coexistencia de ambos informes puede ser razonable.
3. Disponibilidad de documentación. El perito de parte accede de forma inmediata a la información del cliente; el judicial depende de lo que el tribunal le facilite o requiera.
4. Coste y plazo. Un perito judicial supone provisión de fondos y esperar el calendario del órgano.
5. Estrategia procesal. A veces conviene aportar un informe de parte para fijar la posición y solicitar después la designación judicial para consolidarla.

Cuando la parte es un despacho o una asesoría que defiende a un cliente, esta decisión se integra en la estrategia global del expediente. La página dirigida a despachos y asesores explica cómo se coordina el trabajo del perito con el del equipo jurídico.

Requisitos del perito y recusación

La LEC exige que el perito posea título oficial en la materia si esta lo tiene reglado, o, en caso contrario, que sea una persona entendida en la materia. El artículo 343 regula la tacha de los peritos en el procedimiento civil, y el 124 permite recusar a los designados por el tribunal por causas como el parentesco, el interés directo o indirecto en el asunto o la amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes. Estas reglas buscan que la prueba sea fiable y que el órgano pueda apartar al perito cuyo informe quede comprometido.

La credibilidad del dictamen se refuerza si el experto acredita su formación, su experiencia y su disciplina metodológica. Un resumen de estas garantías puede consultarse en la página sobre la acreditación y el cumplimiento de requisitos de un perito.

Cómo encaja con los recursos tributarios

La elección del tipo de perito no se hace en el vacío: depende de cómo se articulen los recursos. Para entender los plazos y la competencia en el recurso contencioso, resulta útil la guía sobre el recurso contencioso-administrativo tributario ante el TSJ de Cataluña. En él se explica cuándo se plantea la prueba y quién la propone.

Quien afronta un conflicto con la Administración y quiere decidir con criterio cuándo aportar un informe y qué tipo de perito proponer puede apoyarse en una defensa fiscal con LRB, de modo que la pericia se integre desde el principio en el relato jurídico del caso.

Preguntas frecuentes

¿Un perito de parte puede ser imparcial?

Debe serlo. La ley le exige actuar con la mayor objetividad posible y le impone responsabilidades si falta a la verdad. La imparcialidad se acredita con un informe transparente, con hipótesis explicadas y con la consideración de los argumentos contrarios.

¿Puede el tribunal ignorar el informe de un perito judicial?

Puede apartarse de él, pero debe motivarlo conforme a la sana crítica. El dictamen no vincula al tribunal, aunque su origen institucional le otorga especial atención.

¿Pueden coexistir los dos tipos de informes en un mismo procedimiento?

Sí. Es frecuente que la parte aporte su propio dictamen y, además, solicite la designación judicial de un perito cuando la cuestión técnica es determinante.

¿Quién paga al perito judicial?

Quien lo solicita suele tener que asumir la provisión de fondos, sin perjuicio de lo que se decida sobre las costas al final del procedimiento. Si una parte tiene reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, el régimen es distinto.

¿Se puede usar un perito de parte en la vía administrativa?

Sí, y es lo más habitual. El informe se aporta con las alegaciones o con el escrito de interposición de la reclamación, y la Administración o el tribunal económico-administrativo deben valorarlo.

Conclusión

El perito de parte y el perito designado judicialmente no compiten, se complementan según el momento procesal y los objetivos del contribuyente. El primero ofrece control, rapidez y presencia en la vía administrativa; el segundo aporta neutralidad institucional en la fase probatoria. En ambos casos, lo decisivo es la calidad del dictamen: su método, sus fuentes y su capacidad para resistir el contraste. La Administración es una parte más del procedimiento y debe motivar sus valoraciones; quien llega con un informe sólido y bien situado en el calendario jurídico defiende sus derechos con herramientas reconocidas por la ley.

Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

Para elegir un perito judicial tributario conviene comprobar cuatro cosas: que su formación y experiencia encajen con la cuestión técnica concreta, que pueda declarar su independencia respecto del asunto, que trabaje con una metodología explicable y que acepte defender su informe ante el órgano que lo reciba. El nombre de la figura, por sí solo, no garantiza nada: lo relevante es la calidad del dictamen y la capacidad del profesional para sostenerlo bajo contradicción.

Quien afronta un litigio fiscal en Cataluña suele elegir perito con prisa, tras recibir una liquidación o una propuesta de regularización. Este artículo propone un método más ordenado: primero qué hace realmente un perito, después qué exige la ley y, por último, qué señales distinguen un trabajo sólido de uno meramente formal. Como referencia sobre cómo se prepara un dictamen pensado para ser ratificado ante un tribunal, puede consultarse la prueba pericial judicial de ValiTax.

Qué hace un perito judicial tributario

El perito aporta conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos que el juez o la Administración no tienen. Así lo establece el artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que le exige además actuar con la mayor objetividad posible. En materia tributaria, esa función se concreta en tareas como las siguientes:

• Valorar empresas, participaciones sociales, inmuebles u otros activos cuando su valor condiciona la base imponible.
• Cuantificar el efecto fiscal de una operación o reconstruir una base imponible a partir de la contabilidad y de la documentación mercantil.
• Analizar si unos precios pactados entre entidades vinculadas se ajustan al valor de mercado.
• Examinar la coherencia técnica de una propuesta de liquidación y señalar errores de cálculo o de metodología.
• Ratificar y explicar su informe en la vista o ante el tribunal, respondiendo a las preguntas de las partes.

La expresión «judicial» induce a veces a confusión. Un perito puede ser designado por un tribunal, pero también puede actuar a instancia de una parte y ser perito de parte. Sobre esa diferencia se trata en otro artículo de esta serie. En ambos supuestos el dictamen se somete a las mismas reglas de valoración, y por eso la selección debe hacerse pensando en el rigor del trabajo y no en el rótulo del profesional.

Qué exige la ley para actuar como perito

El artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que los peritos deben poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen cuando la profesión esté reglamentada. Si no lo está, pueden ser nombrados entre personas entendidas en la materia. En asuntos tributarios, donde coinciden conocimientos jurídicos, contables y de valoración, es habitual que el informe exija un perfil mixto.

El mismo precepto prevé que las partes puedan acudir a entidades públicas y privadas que se dediquen a actividades correspondientes a la materia y al ámbito del dictamen. Y el artículo 341 regula el procedimiento para designar peritos por parte del tribunal. Estas reglas explican por qué es útil preguntar al profesional en qué condiciones ha intervenido antes y si conoce el tipo de procedimiento en el que se utilizará su informe.

Cuando el informe vaya destinado a una vista, conviene que el perito asuma desde el principio que deberá ratificarlo y responder a las preguntas de las partes.

Siete criterios para elegir con fundamento

1. Especialización en la cuestión concreta

No es lo mismo valorar una pyme industrial que una sociedad patrimonial o un paquete de participaciones con pactos de socios. Pregunte por casos análogos, sin esperar que se revelen datos confidenciales de clientes, y pida que el profesional explique cómo abordaría su asunto.

2. Independencia y ausencia de conflictos

El deber de objetividad no es retórico. Un perito que ha asesorado al contribuyente en la operación discutida o que mantiene una relación económica relevante con la contraparte arrastra una sospecha que la Administración o el tribunal podrán utilizar para restar fuerza al informe. Lo recomendable es que el propio profesional declare por escrito las circunstancias que podrían comprometer su imparcialidad.

3. Metodología transparente

Un buen informe explica qué método se emplea, por qué se descartan los alternativos y cómo se han obtenido los datos. La metodología de ValiTax es un ejemplo de documento que describe las fases del trabajo, desde el análisis documental hasta la emisión del dictamen, de forma que el cliente conozca lo que está contratando.

4. Capacidad de defensa oral

El artículo 347 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite que los peritos sean interrogados en juicio o en vista sobre el método, las premisas y las conclusiones. Un profesional que redacta bien pero no sabe defender su trabajo ante preguntas incisivas puede perder la ventaja que el dictamen ofrecía por escrito.

5. Claridad al escribir

El informe lo leerá un inspector, un magistrado o un vocal de un tribunal económico-administrativo. Si no entiende los cálculos, difícilmente los admitirá. Pida un ejemplo anonimizado de estructura: resumen ejecutivo, hipótesis, anexos y conclusiones.

6. Disponibilidad y plazos realistas

Los plazos fiscales son estrictos. Conviene que el perito comunique desde el inicio qué documentación necesita, cuánto tardará y qué ocurre si el expediente exige ampliar el alcance. Un calendario creíble es más valioso que una promesa de rapidez imposible.

7. Presupuesto claro y sin vinculación al resultado

Los honorarios deben corresponder al trabajo y no depender de que el informe prospere. Condicionarlos al éxito debilita la apariencia de objetividad. Si desea orientarse sobre cómo se estructura un presupuesto, la página de honorarios de ValiTax expone los criterios generales con los que se calcula el coste de un encargo.

Señales de alerta

Hay indicios que justifican desconfiar de una propuesta de pericia:

• Se garantiza el resultado o se promete que el informe «ganará» el caso.
• No se explica la metodología ni se aceptan preguntas sobre ella.
• El profesional no puede acreditar formación o experiencia en la materia concreta.
• No se admite la ratificación oral del dictamen ni se ofrece asistencia posterior.
• El informe se entrega con plantillas genéricas que no tratan los hechos del expediente.

Un ejemplo ilustrativo y hipotético

Imagine una empresa familiar del Vallès cuyo socio fallecido tenía un 30 % de las participaciones. La ATC comprueba el valor declarado y propone otro superior. Los herederos necesitan acreditar que la valoración inicial era razonable. Un perito con experiencia en empresas industriales analizará el balance, la cuenta de resultados de varios ejercicios, la cartera de pedidos y las condiciones del sector, y contrastará el resultado con métodos de flujos y de múltiplos. Si, además, el profesional ha comprobado que no tiene vínculo previo con la sociedad, el informe llegará con mejor base a la fase de alegaciones o a un recurso posterior.

Las cifras de este supuesto son ficticias y solo sirven para entender el proceso. En un caso real, la elección del perito debería acompañarse del estudio jurídico de los plazos y de los medios de impugnación, por ejemplo los descritos en la guía del recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Cataluña.

Coordinación con el equipo jurídico

El perito no sustituye al abogado, y el abogado no puede sustituir al perito. Los mejores resultados se obtienen cuando ambos trabajan desde el inicio, de manera que la pregunta técnica se formule con precisión y el informe responda a la tesis jurídica de la defensa. Quien busque esa integración puede plantear una asesoría legal y fiscal que combine ambas funciones, siempre respetando la independencia del perito en el contenido de sus conclusiones.

Preguntas frecuentes

¿Hace falta ser perito inscrito en una lista oficial para que el informe valga?

No siempre. Para el perito de parte, la ley exige conocimientos y titulación adecuados a la materia. Las listas se utilizan sobre todo en las designaciones judiciales, y su existencia no impide que se aporten dictámenes de parte.

¿Puede el perito ser también el asesor fiscal del caso?

Es posible, pero no aconsejable cuando el asesor ha diseñado o ejecutado la operación discutida. La Administración y el tribunal pueden entender que carece de la distancia necesaria para actuar con objetividad.

¿Cuánto cuesta un perito judicial tributario?

Depende de la complejidad, el volumen de documentación y la necesidad de ratificar el informe. Desconfíe de presupuestos cerrados sin haber revisado el expediente y de honorarios supeditados al éxito.

¿Puede el tribunal rechazar el informe de un perito?

Sí. El artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que el tribunal valora los dictámenes según las reglas de la sana crítica. Un informe sólido y motivado dificulta que sea ignorado sin explicación.

¿Cuándo debo contratarlo?

Cuanto antes, siempre que la discusión dependa de una cuestión técnica. Esperar al final del plazo reduce el margen para recopilar datos y contrastar el trabajo.

Conclusión

Elegir bien al perito es una decisión estratégica. Importan la especialización, la independencia, la transparencia metodológica y la capacidad de defender el trabajo. El contribuyente tiene derecho a utilizar la prueba pericial como cualquier otra parte, y la Administración es una parte más del procedimiento: un informe técnico bien elaborado permite discutir en igualdad de armas los valores y las cuantías que se le imputan.

Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

Un informe pericial tributario es un dictamen técnico, elaborado por un profesional con conocimientos especializados, que aporta a un procedimiento fiscal o judicial los datos, cálculos y criterios que la Administración o el tribunal no pueden obtener por sí mismos. Hace falta cuando el resultado de un expediente depende de una cuestión técnica discutida, como el valor de un inmueble, el precio de una operación entre empresas vinculadas o la cuantificación de una base imponible, y cuando una simple alegación jurídica no basta para desvirtuar la posición de la Administración.

En Cataluña, donde conviven la Agencia Tributaria estatal (AEAT) y la Agència Tributària de Catalunya (ATC), esta herramienta se utiliza con frecuencia en tributos cedidos como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o el de Transmisiones Patrimoniales, así como en las inspecciones de grupos industriales, tecnológicos y familiares. A continuación se explica qué contiene, qué valor tiene, en qué casos conviene y cómo se integra en la estrategia de defensa.

Qué es un informe pericial tributario y qué lo distingue de otros documentos

La pericia es un medio de prueba. La Ley General Tributaria remite, en su artículo 106, a las normas del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil para determinar qué medios de prueba son admisibles y cómo se valoran. Dentro de esa remisión, el dictamen de un perito ocupa un lugar propio: no relata hechos presenciados por un testigo ni interpreta el derecho como lo haría un escrito de alegaciones, sino que aplica una metodología técnica a unos datos concretos y llega a una conclusión motivada.

Conviene separar el informe pericial de otros documentos que a menudo se confunden con él:

• Una nota de asesoramiento fiscal expone cómo debería tributar una operación, pero no está pensada para acreditar un hecho o un valor ante un tercero.
• Una tasación comercial puede servir a una entidad financiera, pero no siempre cumple los requisitos de motivación, comparables y declaración de imparcialidad que se esperan en un procedimiento.
• Un escrito de alegaciones argumenta jurídicamente; el informe pericial aporta el soporte técnico y numérico sobre el que se apoya esa argumentación.

Qué debe contener para tener valor probatorio

La Ley de Enjuiciamiento Civil exige en su artículo 335 que el perito manifieste, bajo juramento o promesa, que ha actuado y actuará con la mayor objetividad posible, y que conoce las sanciones penales en las que incurriría si faltara a ese deber. Un informe sólido, con independencia de la sede en la que se presente, suele incorporar los siguientes elementos:

• Identificación del perito, su titulación y su declaración de imparcialidad.
• Descripción precisa del encargo y de la pregunta técnica que debe resolver.
• Documentación examinada, con indicación de lo que no se ha podido consultar.
• Metodología empleada y razones por las que se descarta cualquier alternativa razonable.
• Cálculos reproducibles, con hipótesis expresas y análisis de sensibilidad cuando proceda.
• Conclusiones claras, separadas de las valoraciones jurídicas, y limitaciones del trabajo.

Este último punto es esencial. Un dictamen que mezcla hechos, cálculos y opiniones jurídicas pierde fuerza, porque el órgano que lo recibe no puede distinguir qué parte es verificable. Para quien busque apoyo especializado en este tipo de trabajo, los informes periciales tributarios de ValiTax siguen una estructura de este tipo, con metodología y fuentes identificadas.

En qué casos hace falta un informe pericial tributario

No todo conflicto fiscal necesita un perito. La regla práctica es sencilla: si la discusión es puramente jurídica, bastan los argumentos de derecho; si depende de un valor, una cuantía o una práctica de mercado, el informe pericial suele ser decisivo. Los supuestos más habituales son los siguientes.

Comprobación de valores

Cuando la Administración sustituye el valor declarado de un inmueble o de unas participaciones por otro superior, el contribuyente puede oponer su propia valoración técnica. Esta es, probablemente, la utilidad más clásica del dictamen en tributos como el ITP, el ISD o el Impuesto sobre el Patrimonio. El mecanismo específico de la tasación pericial contradictoria se analiza en otro artículo de esta serie.

Inspecciones y regularizaciones basadas en estimaciones

Si la AEAT o la ATC recalifican operaciones, estiman ingresos por métodos indirectos o cuestionan la deducibilidad de gastos, un informe que reconstruya la realidad económica con datos contrastables puede cambiar el sentido de la propuesta. Es especialmente útil en la estimación indirecta, donde la Administración parte de márgenes sectoriales que el contribuyente puede rebatir con su propia contabilidad analítica. Sobre este punto se puede consultar la guía sobre estimación indirecta y defensa con informe pericial.

Operaciones entre partes vinculadas

El artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades exige valorar por su valor de mercado las operaciones entre personas o entidades vinculadas. Documentar que un préstamo, una cesión de marca o un servicio de gestión se pactaron en condiciones de mercado exige comparables, métodos y razonamientos propios de un dictamen técnico.

Reestructuraciones, compraventas y sucesiones

Fusiones, escisiones, aportaciones no dinerarias, ventas de empresas y transmisiones mortis causa o por donación obligan a fijar valores. Allí donde esos valores tienen consecuencias fiscales, disponer de una valoración independiente anticipa y reduce el riesgo de una comprobación posterior. Para los casos de valoración de empresas y activos, el servicio de valoración de empresas y activos es una referencia práctica.

Procedimientos judiciales

En vía contencioso-administrativa, el dictamen puede aportarse junto con la demanda o proponerse como prueba, de acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y, de forma supletoria, con la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuanto antes se defina la cuestión técnica, más margen existe para preparar una prueba pericial eficaz.

Cuándo conviene encargarlo: el factor tiempo

El error más común es encargar el informe cuando el plazo está a punto de agotarse. Un buen dictamen requiere recopilar documentación, solicitar información adicional, contrastar comparables y redactar con rigor. En un procedimiento inspector, los plazos de alegaciones tras una propuesta de regularización son breves, y en la vía de revisión cada escrito tiene un plazo preclusivo. Por eso resulta recomendable plantearse la necesidad de pericia desde la primera comunicación de inicio de actuaciones o desde la notificación de una liquidación con un valor distinto al declarado.

Un cálculo orientativo puede ilustrar la importancia del valor. Supóngase, como ejemplo meramente hipotético, que una participación declarada por 400.000 euros es comprobada al alza hasta 700.000 euros. La diferencia de 300.000 euros se convierte en nueva base imponible, y sobre ella se aplican la tarifa del impuesto y, en su caso, intereses de demora y sanción. Aunque el tipo efectivo dependa de cada caso, el impacto es lo bastante relevante como para justificar un análisis técnico antes de aceptar el nuevo valor.

Qué puede y qué no puede lograr un informe pericial

Un dictamen bien fundamentado no garantiza un resultado favorable, y conviene decirlo con claridad. La Administración y los tribunales valoran la prueba pericial según las reglas de la sana crítica, tal como establece el artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esto significa que no están obligados a asumir las conclusiones del perito, pero sí a motivar por qué se apartan de ellas cuando existe un informe técnico coherente y contradicho solo con afirmaciones genéricas.

El informe tampoco sustituye a la estrategia jurídica. Funciona como cimiento factual de los recursos, de las alegaciones y de la negociación, pero necesita abogados que lo integren en el expediente en el momento procesal oportuno. Esa coordinación entre pericia y defensa es la que permite, por ejemplo, plantear una defensa fiscal con LRB en la que cada pieza técnica responde a un argumento jurídico concreto.

Cómo se articula en la práctica

1. Diagnóstico inicial. Se identifica la cuestión técnica controvertida y se decide si la pericia es necesaria o excesiva.
2. Delimitación del encargo. Se define qué debe responder el perito, con qué documentación y en qué plazo.
3. Trabajo de campo y análisis. Se obtienen los datos, se aplican los métodos y se contrastan los resultados.
4. Redacción y revisión. El informe se redacta con lenguaje claro y se revisa para evitar contradicciones.
5. Aportación y, en su caso, ratificación. Se presenta en el momento procesal adecuado y el perito queda disponible para aclaraciones.

Una última idea sobre la elección del profesional: antes de contratar a quien firme el dictamen, merece la pena leer la guía complementaria sobre el perito judicial tributario en Cataluña, donde se detallan sus funciones y los casos en los que su intervención resulta determinante.

Preguntas frecuentes

¿Es obligatorio presentar un informe pericial en una inspección tributaria?

No. La ley no lo exige con carácter general. Es una decisión estratégica que el contribuyente adopta cuando el resultado depende de una cuestión técnica y quiere sustentar su posición con prueba cualificada.

¿Quién puede emitir un informe pericial tributario?

Cualquier profesional con conocimientos especializados en la materia que se discute y capacidad para actuar con objetividad. En el ámbito judicial, la Ley de Enjuiciamiento Civil regula en su artículo 340 las condiciones que deben reunir los peritos, que varían según se trate de materias con o sin titulación oficial.

¿Tiene el mismo valor un informe encargado por una parte que uno designado por el juez?

Ambos se valoran conforme a la sana crítica. El dictamen de parte arranca con la dificultad de que se le presupone interés, por lo que su motivación y su imparcialidad deben ser especialmente visibles.

¿Cuánto tarda en elaborarse?

Depende de la complejidad y de la disponibilidad de la documentación. Una valoración sencilla puede resolverse en pocas semanas; una reconstrucción contable o una pericia sobre varios ejercicios requiere más tiempo. Lo prudente es no esperar al final del plazo.

¿Se puede aportar el informe una vez iniciado el recurso?

En la vía económico-administrativa y en la contencioso-administrativa existen momentos y límites para aportar prueba. Por eso conviene planificar la pericia desde el principio y no dejarla para el final.

Conclusión

El informe pericial tributario es una pieza de prueba reconocida por el ordenamiento y especialmente útil cuando el conflicto fiscal gira en torno a valores, cuantías o prácticas de mercado. Bien planteado, ofrece al contribuyente una posición técnica sólida frente a la Administración, que es una parte más del procedimiento y debe motivar sus decisiones. La clave está en identificar a tiempo la cuestión técnica, elegir una metodología defendible y coordinar la pericia con la defensa jurídica.

Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado