El informe de valoración en la Ley de Segunda Oportunidad es la pieza técnica que permite acreditar qué patrimonio tiene realmente un deudor persona física, qué parte de él es liquidable y qué parte de sus deudas, incluidas las tributarias, puede quedar exonerada. La Ley de Segunda Oportunidad, integrada en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) y reformada de forma sustancial por la Ley 16/2022, ofrece a personas físicas, autónomos y empresarios en insolvencia la posibilidad de cancelar deudas bajo ciertos requisitos. Pero el beneficio no es automático: depende de que el deudor sea de buena fe y de que el patrimonio sobre el que se decide esté bien identificado y valorado.
Este artículo expone cómo encaja la valoración pericial en el mecanismo de exoneración del pasivo insatisfecho, qué bienes se valoran, qué papel juegan las deudas con Hacienda y cómo evitar los errores que suelen frenar el procedimiento. Para situar el tipo de apoyo técnico que se presta en estos casos, puede consultarse la página sobre el informe de valoración para la Ley de Segunda Oportunidad de ValiTax.
Qué es la exoneración del pasivo insatisfecho
El TRLC regula en sus artículos 486 y siguientes la exoneración del pasivo insatisfecho, el instrumento por el que una persona natural insolvente puede liberarse de las deudas que no pueda pagar. Existen dos grandes vías. La primera es la exoneración con liquidación de la masa activa, en la que el deudor pone su patrimonio a disposición de los acreedores y, una vez liquidado, queda liberado de las deudas pendientes que la ley permite cancelar. La segunda es la exoneración con plan de pagos, en la que el deudor mantiene parte de su patrimonio y cumple un calendario de pagos durante un plazo determinado, tras el cual se exoneran las deudas restantes.
En ambos casos, la ley exige que el deudor sea de buena fe y que se encuentre en situación de insolvencia, actual o inminente. Es en la acreditación de ese estado, y en la determinación de qué bienes se liquidan y cuáles se conservan, donde la valoración técnica se vuelve imprescindible.
Para qué sirve el informe de valoración
La decisión del juez, del mediador concursal o de los acreedores sobre el plan o la liquidación depende de cifras. Un informe de valoración fundado permite:
- Acreditar la insolvencia. Mostrar que el activo realizable no alcanza para pagar el pasivo exigible, con una relación de bienes valorados a precios de realización.
- Fijar el valor de la masa activa. Determinar qué se obtendría de la venta de inmuebles, vehículos, participaciones, inversiones o derechos.
- Dimensionar el plan de pagos. Calcular una capacidad de pago realista en función de ingresos y patrimonio, y evitar planes inviables.
- Valorar el negocio del autónomo. Establecer si la actividad tiene un valor propio, si puede continuar o debe liquidarse.
- Objetivar la vivienda habitual. Definir su valor frente a las cargas hipotecarias, para determinar si existe equity realizable o si la deuda hipotecaria la sobrepasa.
- Servir de prueba. Ofrecer al juez o al mediador un documento técnico con método, fuentes y limitaciones explicados.
Qué bienes suelen valorarse
| Bien o derecho | Método habitual | Aspecto crítico |
|---|---|---|
| Vivienda y otros inmuebles | Comparables de mercado y valor de realización | Cargas hipotecarias y plazo previsible de venta |
| Local o negocio del autónomo | Flujos de caja o patrimonial, según la actividad | Dependencia personal del titular |
| Participaciones en sociedades | Patrimonio neto ajustado o descuento de flujos | Iliquidez y restricciones estatutarias |
| Vehículos y maquinaria | Precio de mercado de segunda mano | Estado y obsolescencia |
| Cuentas, inversiones y seguros | Saldo o valor de rescate | Penalizaciones y fiscalidad del rescate |
| Créditos y derechos de cobro | Valor actual ponderado por probabilidad de cobro | Antigüedad e incumplimientos de los deudores |
La tabla recoge criterios generales. La valoración a efectos concursales difiere de la de un tasador hipotecario: se pretende estimar lo que razonablemente se obtendría en una realización, no un valor teórico en condiciones ideales. Cuando hay una actividad o unas participaciones de por medio, se aplican las técnicas habituales de valoración de empresas y activos, adaptadas a un escenario de realización.
Las deudas tributarias en la exoneración
La relación entre la Ley de Segunda Oportunidad y las deudas con la Administración tributaria es una de las cuestiones más consultadas. La reforma de 2022 permitió exonerar créditos de derecho público, pero con límites: en términos generales, la exoneración alcanza hasta 10.000 euros por deudor, con un máximo de 5.000 euros por cada uno de los acreedores públicos principales, la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. El resto de la deuda pública queda fuera de la cancelación, sin perjuicio de otros mecanismos como los aplazamientos o, en su caso, la prescripción.
Conviene, por tanto, que el informe y el planteamiento jurídico diferencien con claridad la deuda tributaria exonerable de la que no lo es, que se identifique el concepto de cada deuda (principal, intereses, recargos o sanciones) y que se compruebe si alguna está prescrita o es impugnable. Los plazos y condiciones concretos deben contrastarse con la normativa vigente en cada caso, porque la materia es objeto de reformas y de una jurisprudencia en evolución.
Un ejemplo hipotético
Supóngase, con fines estrictamente ilustrativos, un autónomo catalán con una vivienda valorada en 260.000 euros y una hipoteca pendiente de 240.000 euros, un vehículo de 8.000 euros, deudas bancarias no hipotecarias de 60.000 euros y deudas con Hacienda de 25.000 euros. La valoración independiente concluye que, descontados los costes de venta y el tiempo previsible de realización, el valor neto de la vivienda es prácticamente nulo; que el vehículo, necesario para la actividad, se mantiene con el consentimiento de los acreedores; y que la capacidad de pago mensual, a partir de sus ingresos documentados, permite cumplir un plan de pagos moderado durante varios años.
Con esos datos, un plan de pagos propuesto sobre bases realistas es más defendible que otro presentado sin soporte. Lo relevante del ejemplo, que no corresponde a un caso real, es que el trabajo del valorador determina qué opción es viable: liquidación o plan, y con qué calendario.
Contenido mínimo de un informe en este ámbito
- Identificación del deudor y de la finalidad: acreditar activos y capacidad de pago a efectos de la exoneración.
- Inventario de bienes y derechos, con documentación de titularidad, cargas y situación jurídica.
- Valoración de cada elemento con el método más adecuado y las fuentes consultadas.
- Análisis de la actividad, de los ingresos y de los gastos necesarios, con soporte documental.
- Estimación de los costes y plazos de realización, y del valor neto resultante.
- Declaración de imparcialidad y objetividad del perito, en los términos del artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La claridad del documento y su presentación influyen en la aceptación por parte de acreedores y juzgado. La página sobre las finalidades de un informe pericial sintetiza para qué usos se emite un dictamen y qué se espera de cada uno.
Errores frecuentes
- Presentar valores de tasación hipotecaria como si fueran valores de realización, sin descontar costes y plazos.
- Omitir bienes o derechos, lo que puede cuestionar la buena fe del deudor.
- No distinguir la deuda tributaria exonerable de la que no lo es.
- Proponer planes de pago que no se sostienen con los ingresos documentados.
- Olvidar actualizar las valoraciones cuando el procedimiento se prolonga y cambian las circunstancias.
- Mezclar en el informe opiniones jurídicas con valoraciones técnicas, lo que debilita ambos planos.
Los deudores suelen llegar a este procedimiento tras una inspección o un procedimiento de recaudación. Cuando además existen derivaciones de responsabilidad a administradores o socios, la estrategia se complica y debe estudiarse la situación completa. Para ese ámbito puede consultarse la página sobre la derivación de responsabilidad tributaria y la defensa de administradores y socios.
Cómo coordinar valoración y estrategia jurídica
La Ley de Segunda Oportunidad combina cuestiones concursales, tributarias y patrimoniales. El informe de valoración es útil si se integra con una estrategia clara desde el principio: qué se quiere exonerar, qué bienes se pretende conservar, cómo se acredita la buena fe y qué se hará con las deudas públicas. Un asesoramiento global, como el de una asesoría legal y fiscal con LRB, permite ordenar esos elementos y coordinar a los distintos profesionales que intervienen.
Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio presentar un informe de valoración para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?
No siempre se exige un informe pericial formal, pero la solicitud requiere documentar activos, pasivos y capacidad de pago. Un informe independiente refuerza esa documentación y reduce el riesgo de objeciones.
¿Se pueden exonerar las deudas con Hacienda?
Parcialmente. La ley permite exonerar créditos de derecho público hasta unos límites determinados, y el resto no se cancela por esta vía. Conviene analizar cada deuda y su situación procesal.
¿Puedo conservar mi vivienda habitual?
Depende del tipo de exoneración, del valor de la vivienda, de las cargas que la gravan y de las condiciones del plan de pagos. La valoración de la vivienda y de la deuda hipotecaria es determinante para decidir la opción.
¿Qué diferencia hay entre una tasación hipotecaria y una valoración concursal?
La tasación hipotecaria estima un valor de mercado para garantizar un préstamo; la valoración concursal intenta estimar lo que se obtendría en una realización real, con costes y plazos.
¿Quién puede emitir el informe?
Un profesional con formación y experiencia adecuadas a los bienes valorados. Si los bienes son diversos, pueden intervenir varios técnicos coordinados.
Conclusión
El informe de valoración es una herramienta útil para quien solicita la exoneración del pasivo insatisfecho: acredita la insolvencia, delimita el patrimonio, dimensiona un plan realista y aporta al procedimiento un soporte técnico verificable. La Administración tributaria es un acreedor más, con un régimen especial de créditos, y el deudor tiene derecho a que su situación se examine con datos y no con presunciones. Preparar el expediente con valoraciones rigurosas y con un tratamiento claro de las deudas públicas aumenta las posibilidades de que el procedimiento llegue a buen puerto.
Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado
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