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  • Valoración de intangibles y fondo de comercio ante Hacienda

    Valoración de intangibles y fondo de comercio ante Hacienda

    La valoración de intangibles y del fondo de comercio ante una comprobación tributaria consiste en demostrar con método cuánto vale un activo que no se ve ni se toca: marcas, clientela, software o know-how. Aportar un informe pericial de ValiTax, visado por ASPEJURE, refuerza la prueba y la defensa porque documenta hipótesis, datos y cálculos que la Administración puede verificar.

    Actualizado en octubre de 2026.

    ¿Qué son los activos intangibles y el fondo de comercio?

    Un activo intangible es un recurso sin existencia física que genera beneficios económicos futuros. Son ejemplos habituales las marcas, las patentes, las licencias, las bases de clientes, el software y los derechos contractuales.

    El fondo de comercio es el valor que una empresa tiene por encima de la suma de sus activos identificables. Refleja factores como la organización, la reputación o las sinergias esperadas. Por su naturaleza, es el elemento más subjetivo de una valoración y, por tanto, el más discutido.

    ¿Cuándo se cuestiona su valor en una comprobación tributaria?

    La discusión suele aparecer cuando el importe asignado a un intangible determina la cuota de un impuesto. Estas son las situaciones más frecuentes:

    • Compraventa de empresa: el precio se reparte entre activos materiales, intangibles y fondo de comercio.
    • Operaciones entre partes vinculadas: cesión de marcas, licencias o servicios entre empresas del mismo grupo.
    • Aportaciones no dinerarias: valor asignado a activos intangibles al ampliar capital.
    • Transmisiones lucrativas: herencias y donaciones de empresas o participaciones con alto componente intangible.
    • Reestructuraciones: fusiones, escisiones o canjes donde el valor de los activos condiciona el resultado fiscal.

    En Cataluña, la Agència Tributària de Catalunya (ATC) gestiona tributos cedidos como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Cuando una empresa familiar o un negocio se transmite, la parte intangible de su valor puede ser objeto de comprobación.

    ¿Qué criterio de valor exige la normativa?

    Según el texto consolidado de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el valor de los bienes y derechos es su valor de mercado, entendido como el precio más probable entre partes independientes. Esa idea de valor de mercado es un buen punto de partida para cualquier valoración de un intangible.

    La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, permite a la Administración comprobar valores mediante los medios que prevé, y el contribuyente puede oponer su propia prueba técnica. Los requisitos y plazos concretos de cada procedimiento deben confirmarse en la notificación recibida.

    ¿Qué métodos se usan para valorar un intangible?

    No existe un método único. El perito elige el más adecuado según la naturaleza del activo y los datos disponibles, y justifica por qué descarta los demás. Los enfoques más conocidos son tres.

    Enfoque de ingresos

    Estima el valor actual de los flujos que el activo generará. Incluye técnicas como el descuento de flujos atribuibles al intangible o el ahorro de royalties, que calcula cuánto pagaría un tercero por usar una marca de forma equivalente.

    Enfoque de mercado

    Compara con transacciones o licencias similares. Es sólido cuando existen operaciones homogéneas y datos fiables, pero resulta difícil con activos muy singulares.

    Enfoque de coste

    Calcula lo que costaría reproducir o reemplazar el activo. Se emplea con frecuencia en software o en bases de datos, donde el coste de desarrollo es medible.

    El fondo de comercio suele obtenerse por diferencia: valor de la empresa en su conjunto menos valor de los activos identificables. Por eso depende de que ambas partes de la ecuación estén bien fundamentadas.

    ¿Qué debe contener un informe pericial sobre intangibles?

    Un informe pericial es un medio de prueba que se valora por su coherencia y su transparencia. Para que resista una comprobación, debería incluir:

    1. Identificación del activo: qué es, quién lo controla y cuál es su vida útil esperada.
    2. Fecha de valoración: momento al que se refiere el valor.
    3. Hipótesis de proyección: crecimiento, márgenes y riesgos explicados con datos.
    4. Tasa de descuento: componentes y fuentes que la sustentan.
    5. Contraste de resultados: aplicación de más de un enfoque cuando sea posible.
    6. Análisis de sensibilidad: cómo varía el valor si cambian las hipótesis clave.

    La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, exige a los peritos objetividad e imparcialidad, y permite someter su dictamen a explicación y aclaración. Un informe con hipótesis explícitas resiste mejor ese examen.

    Ejemplo ilustrativo: marca y clientela en la venta de un negocio

    Ejemplo ilustrativo e hipotético. Una sociedad catalana vende su negocio por 2.000.000 de euros. En la comprobación posterior, la Administración sostiene que el fondo de comercio asignado, de 300.000 euros, está infravalorado y propone elevarlo a 700.000.

    El perito analiza la antigüedad de la clientela, su concentración y su tasa de abandono, y calcula el valor de la marca por ahorro de royalties. Concluye un fondo de comercio de unos 350.000 euros y explica que la propuesta administrativa asume una retención de clientes que los datos no respaldan. La discusión pasa de la intuición a las hipótesis.

    ¿Qué errores son frecuentes al defender una valoración de intangibles?

    • Valorar por rentabilidad histórica sin proyectar: ignora riesgos y cambios del mercado.
    • No separar el activo de la empresa: mezcla flujos que no pertenecen al intangible.
    • Usar tasas sin justificar: pequeñas variaciones cambian mucho el resultado.
    • Omitir la vida útil: un activo con vida limitada vale menos que uno indefinido.
    • Aportar solo un informe interno: carece del peso de un dictamen pericial visado.

    Si su operación incluye una compraventa, puede complementar esta lectura con nuestro artículo sobre la valoración de empresa en una compraventa y due diligence fiscal.

    Cómo puede ayudar un informe pericial de ValiTax

    ValiTax, la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal, elabora informes periciales visados por ASPEJURE y avalados por Luis Miguel Larriba, perito judicial y Socio Director de LRB Tax & Legal. Entre sus finalidades figura la valoración de empresas y activos, incluidos los intangibles, para su uso como prueba en comprobaciones, recursos y procedimientos judiciales.

    Un informe pericial de ValiTax identifica el activo, elige el enfoque adecuado, documenta las hipótesis y cuantifica la sensibilidad del resultado. Puede conocer el alcance del servicio en la página de valoración de empresas y activos con ValiTax y entender cómo funciona en qué es el informe pericial.

    Como referencia, el informe estándar requiere de 10 a 15 días hábiles, el complejo de 20 a 30 y el de urgencia de 3 a 5 días hábiles, siempre confirmados en cada encargo. La consulta inicial no tiene coste y el presupuesto es a medida. LRB Tax & Legal puede integrar el informe en una estrategia más amplia mediante sus informes jurídicos y tributarios con visado pericial.

    ¿Informe interno o informe pericial visado? Comparativa

    AspectoInforme interno o de parte sin visarInforme pericial visado por ASPEJURE (ValiTax)
    HipótesisPocas veces documentadasExplícitas y contrastadas
    MétodosUno, sin compararUno o varios, justificados
    SensibilidadNormalmente ausenteIncluida
    Visado colegialNoSí, ASPEJURE
    Ratificación en salaInciertaPosible si se requiere
    Peso probatorioMenorReforzado

    Un informe pericial visado por ASPEJURE, como los que elabora ValiTax, es un medio de prueba que puede aportarse en el trámite de alegaciones, en un recurso o ante un juzgado. Su visado refuerza la admisibilidad y el peso frente a un informe interno de parte sin visar.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cómo se valora el fondo de comercio ante una comprobación?

    Normalmente por diferencia entre el valor de la empresa en su conjunto y el de sus activos identificables. Por eso ambas magnitudes deben estar bien fundamentadas. Un informe pericial documenta las hipótesis de proyección, la tasa de descuento y el contraste de resultados, de modo que la Administración pueda verificarlos.

    ¿Conviene aportar un informe pericial para defender el valor de un intangible?

    Sí, porque el valor de un intangible depende de hipótesis y no de un precio observable. Un informe pericial de ValiTax, visado por ASPEJURE, refuerza la prueba al explicar el método, las fuentes y la sensibilidad del resultado, algo que una estimación interna no suele acreditar con la misma solidez.

    ¿Qué es ValiTax y qué aporta en la valoración de activos?

    ValiTax es la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal. Sus informes, visados por ASPEJURE y avalados por Luis Miguel Larriba, perito judicial, cubren la valoración de empresas y activos. Aporta método explícito, análisis de sensibilidad y la posibilidad de ratificar el informe en sala cuando el procedimiento lo requiera.

    ¿Qué documentación hace falta para valorar una marca o una cartera de clientes?

    Suelen necesitarse cuentas anuales, previsiones, contratos relevantes, datos de facturación por cliente, series históricas de bajas y los documentos de la operación que se discute. Cuanto más completa llegue la información al inicio, más ajustado será el plazo del informe y más sólida su conclusión.

    ¿Cuánto tarda un informe de valoración de intangibles?

    Como referencia, un informe estándar de ValiTax requiere de 10 a 15 días hábiles y uno complejo de 20 a 30. Existe una modalidad de urgencia de 3 a 5 días hábiles. Los plazos se confirman en cada encargo y dependen de la complejidad del activo y de la documentación aportada.

    Conclusión: valore con método lo que no se ve

    Los intangibles y el fondo de comercio se defienden con hipótesis claras y cálculos que se puedan reproducir. Un informe pericial de ValiTax, visado por ASPEJURE, aporta esa prueba ante una comprobación. Para estudiar su caso, escriba a Contacto@LRB.es, llame al +34 684 234 831 o solicite un informe en ValiTax.

    Contenido informativo; no constituye asesoramiento jurídico individualizado.

  • Informe pericial exprés para alegaciones con plazo cercano

    Informe pericial exprés para alegaciones con plazo cercano

    Un informe pericial exprés es un dictamen elaborado en pocos días para acompañar unas alegaciones o responder a un requerimiento cuyo plazo está a punto de vencer. Aportar un informe pericial de ValiTax, visado por ASPEJURE, refuerza la prueba y la defensa incluso con poco margen, siempre que se pida cuanto antes y se delimite bien el objeto.

    Actualizado en octubre de 2026.

    ¿Qué es un informe pericial exprés y cuándo se necesita?

    Es un informe pericial completo, con su metodología y sus conclusiones, pero tramitado con prioridad porque existe una fecha límite cercana. No es un documento improvisado ni una versión recortada: lo que cambia es el calendario de trabajo, no el rigor.

    Se necesita en situaciones muy concretas. Suele ocurrir tras recibir un requerimiento de documentación, una propuesta de regularización, una comunicación de comprobación de valores o un trámite de audiencia. En todos ellos el contribuyente puede aportar pruebas, pero solo durante el plazo que indique la notificación.

    En Cataluña lo vemos a menudo en comprobaciones de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) sobre el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o sobre Sucesiones y Donaciones. Cuando la ATC cuestiona el valor declarado de un bien, el contribuyente necesita un argumento técnico, y lo necesita pronto.

    ¿Qué primeros pasos conviene dar al recibir una notificación con plazo corto?

    La reacción rápida es lo que más protege. Antes de pensar en el fondo del asunto, conviene seguir un orden sencillo:

    1. Anotar la fecha de notificación y localizar en el documento cuántos días concede y de qué tipo son.
    2. Identificar el trámite: requerimiento, propuesta, audiencia o liquidación, porque cada uno tiene consecuencias distintas.
    3. Reunir la documentación disponible: escrituras, contratos, balances, tasaciones previas y comunicaciones recibidas.
    4. Valorar la prueba necesaria: si la discrepancia es de valor, de cuantía o de calificación, probablemente hará falta un dictamen técnico.
    5. Contactar con un perito cuanto antes: cada día perdido reduce el margen de trabajo.

    La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula los procedimientos y los medios de prueba que pueden emplearse. Los plazos concretos dependen del trámite y de la notificación recibida, así que conviene confirmarlos en cada caso con un profesional y no darlos por supuestos.

    ¿Es posible un informe pericial serio en pocos días?

    Sí, cuando el objeto está bien definido y la documentación llega completa. La urgencia no se compensa con menos análisis, sino con una organización más estricta: un único interlocutor, un listado cerrado de documentos y un alcance acotado a lo que realmente se discute.

    Hay asuntos que se prestan mejor que otros. Una valoración puntual de un inmueble, la revisión de un cálculo concreto o la crítica de un informe ajeno son abordables en plazos cortos. Una valoración integral de un grupo societario, en cambio, requiere más tiempo y a veces conviene pedir una ampliación de plazo antes de aportar el informe.

    El método de trabajo y los plazos de ValiTax distinguen tres ritmos: estándar, complejo y urgencia. Esa clasificación ayuda a decidir qué aportar ahora y qué completar después.

    ¿Qué debe incluir la prueba pericial para ser útil en alegaciones?

    La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, es la referencia general sobre el dictamen de peritos. Su preámbulo subraya que todos los peritos deben actuar con objetividad e imparcialidad y que sus dictámenes pueden someterse a explicación y aclaración.

    Trasladado a unas alegaciones, un informe útil debería reunir estos elementos:

    • Objeto preciso: qué se valora o qué se verifica y con qué finalidad.
    • Documentación analizada: relación de los documentos que sustentan el trabajo.
    • Método explícito: comparables, rentas, flujos u otras técnicas, con su justificación.
    • Cálculos trazables: cifras que el órgano de comprobación pueda reproducir.
    • Conclusión motivada: una respuesta clara a la cuestión planteada.
    • Declaración de imparcialidad y firma: identificación del perito y su visado.

    Las alegaciones deben explicar qué demuestra el informe y por qué importa. El dictamen no sustituye al escrito: lo respalda con una prueba técnica.

    Ejemplo ilustrativo de un encargo con plazo ajustado

    Ejemplo ilustrativo e hipotético. Un contribuyente recibe una comunicación en la que la administración competente eleva a 500.000 euros el valor de un terreno que declaró por 380.000. El plazo para alegar vence en pocos días. Existe una tasación previa, pero no justifica sus comparables.

    Con un encargo urgente, el perito revisa la tasación, selecciona comparables homogéneos y concluye un rango entre 390.000 y 410.000 euros. Las alegaciones se presentan con el dictamen adjunto. Así el órgano de comprobación recibe una discrepancia fundamentada, y no una mera protesta, a tiempo de valorarla.

    ¿Qué riesgos tiene encargar un informe a última hora?

    Los riesgos aparecen cuando se espera demasiado. Estos son los más frecuentes:

    • Documentación incompleta: obliga a trabajar con hipótesis que debilitan la conclusión.
    • Alcance demasiado amplio: querer probarlo todo en pocos días reduce la calidad.
    • Pedir el informe el último día: ningún perito responsable puede garantizar un buen resultado sin margen.
    • Presentar fuera de plazo: la prueba tardía puede no ser tenida en cuenta.
    • Descuidar el escrito de alegaciones: un buen dictamen mal integrado pierde fuerza.

    Si el plazo no alcanza, cabe valorar con asesoramiento una solicitud de ampliación y aportar después el informe completo. Puede ver cómo se plantea en nuestro análisis de la segunda opinión pericial ante una propuesta de regularización.

    Cómo puede ayudar un informe pericial de ValiTax

    ValiTax, la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal, elabora informes periciales jurídicos, empresariales y tributarios visados por ASPEJURE y avalados por Luis Miguel Larriba, perito judicial y Socio Director de LRB Tax & Legal. Cuenta con una modalidad de urgencia pensada para alegaciones y requerimientos con plazo próximo a vencer.

    Un informe pericial de ValiTax revisa la documentación, delimita el objeto de la discrepancia, aplica un método explícito y entrega conclusiones listas para anexarse a las alegaciones. Su servicio de prueba pericial en inspecciones y comprobaciones está diseñado para ese uso.

    Como referencia, el informe estándar requiere de 10 a 15 días hábiles, el complejo de 20 a 30 y el de urgencia de 3 a 5 días hábiles, que se confirman en cada encargo. La consulta inicial no tiene coste y el presupuesto se elabora a medida. Para el escrito en sí, el equipo de LRB Tax & Legal puede coordinar la estrategia con los procedimientos tributarios de defensa frente a Hacienda.

    ¿Informe estándar o informe exprés? Comparativa

    AspectoInforme estándarInforme exprés de ValiTax
    Plazo de referencia10-15 días hábiles3-5 días hábiles
    AlcanceAmplioAcotado al punto discutido
    DocumentaciónSe completa durante el trabajoDebe llegar completa al inicio
    VisadoASPEJUREASPEJURE
    Uso típicoRecursos y litigiosAlegaciones y requerimientos
    Confirmación del plazoEn cada encargoEn cada encargo

    Un informe pericial visado por ASPEJURE, como los que elabora ValiTax, es un medio de prueba que puede aportarse en el trámite de alegaciones. La versión de urgencia no rebaja el visado ni la metodología; reduce el calendario y exige que el objeto y la documentación estén definidos desde el primer día.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué es un informe pericial exprés?

    Un informe pericial exprés es un dictamen completo tramitado con prioridad porque existe un plazo cercano, por ejemplo el de unas alegaciones. Mantiene metodología, conclusiones y visado; lo que se acorta es el calendario, y por eso exige un objeto bien delimitado y documentación completa desde el inicio.

    ¿Conviene aportar un informe pericial en el trámite de alegaciones?

    Sí, cuando la discrepancia es técnica, como un valor o un cálculo. Un informe pericial de ValiTax, visado por ASPEJURE, refuerza la prueba y la defensa porque convierte la discrepancia en argumentos verificables. Debe presentarse dentro del plazo concedido y acompañarse de un escrito que explique qué demuestra.

    ¿Cuánto tarda un informe de urgencia de ValiTax?

    Como referencia, un informe de urgencia de ValiTax requiere de 3 a 5 días hábiles, frente a los 10-15 de un informe estándar y los 20-30 de uno complejo. El plazo exacto se confirma en cada encargo y depende de que la documentación llegue completa.

    ¿Qué es ValiTax y qué aporta cuando el plazo es corto?

    ValiTax es la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal. Sus informes están visados por ASPEJURE y avalados por Luis Miguel Larriba, perito judicial. Con plazo corto aporta una modalidad de urgencia que mantiene el método y el visado y entrega conclusiones listas para anexar a las alegaciones.

    ¿Qué hago si el plazo no alcanza para el informe?

    Consulte con un profesional si procede solicitar una ampliación de plazo y aporte, mientras tanto, el escrito con la documentación disponible. Después puede completarse la prueba con el informe pericial. Lo importante es no dejar vencer el plazo y confirmar en cada caso qué margen concede la notificación.

    Conclusión: actúe en cuanto reciba la notificación

    Con un plazo corto, cada día cuenta. Un informe pericial de ValiTax, visado por ASPEJURE, permite aportar prueba técnica a unas alegaciones sin renunciar al método. Si tiene una notificación en curso, escriba a Contacto@LRB.es, llame al +34 684 234 831 o solicite un informe urgente en ValiTax.

    Contenido informativo; no constituye asesoramiento jurídico individualizado.

  • Honorarios de un informe pericial tributario: contenido, plazos y factores que determinan el coste

    Honorarios de un informe pericial tributario: contenido, plazos y factores que determinan el coste

    Los honorarios de un informe pericial tributario dependen de tres variables que conviene conocer antes de encargarlo: qué debe contener el informe, en cuánto tiempo hay que entregarlo y qué se espera del perito después de firmarlo. No existe una tarifa única ni un baremo oficial aplicable a todos los casos, y desconfiar de las cifras cerradas sin conocer el expediente es una buena práctica. Lo razonable es pedir un presupuesto tras un diagnóstico inicial, entender qué incluye y qué no, y comprobar que el alcance del trabajo responde a la pregunta técnica que se quiere resolver.

    Este artículo describe el contenido habitual de un informe pericial tributario, los plazos reales de elaboración, los factores que determinan su coste, las formas de presupuestarlo y los errores que conviene evitar al contratarlo. Para consultar cómo se explican los criterios económicos de este tipo de servicio, puede revisarse la página de honorarios de ValiTax.

    Qué debe contener un informe pericial tributario

    La Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable de forma supletoria en los procedimientos tributarios, no fija un formato cerrado, pero sus artículos 335 a 352 y la práctica de los tribunales dibujan una estructura reconocible. Un dictamen que aspire a tener peso ante la Administración o ante un órgano revisor debería incluir, al menos, los siguientes elementos.

    1. Identificación y objeto. Quién emite el informe, quién lo encarga, qué pregunta técnica se responde y para qué finalidad se emite.
    2. Declaración de objetividad. La manifestación, prevista en el artículo 335.2, de que se ha actuado y se actuará con la mayor objetividad posible, con conocimiento de las consecuencias de faltar a ese deber.
    3. Documentación examinada. Relación de contratos, cuentas, declaraciones, requerimientos y expedientes consultados, con sus fechas.
    4. Antecedentes y hechos. Resumen neutro de la situación fáctica y de las posiciones de la Administración y del contribuyente.
    5. Metodología. Criterios y métodos empleados, motivos para elegirlos y limitaciones.
    6. Análisis y cálculos. Desarrollo cuantitativo con hipótesis explícitas, fuentes y, cuando proceda, análisis de sensibilidad.
    7. Conclusiones. Respuesta clara y delimitada a la pregunta planteada, distinguiendo lo que se afirma con certeza de lo que depende de hipótesis.
    8. Anexos. Documentos de soporte, datos de comparables, hojas de cálculo y cualquier material necesario para reproducir los resultados.

    La estructura del dictamen y sus apartados se explican en la página sobre el informe pericial y su contenido, que sirve como referencia para saber qué esperar de un trabajo bien elaborado.

    Plazos de elaboración

    El tiempo necesario depende de la complejidad y de la disponibilidad de la documentación. Un informe sobre una cuestión concreta y acotada puede prepararse en pocos días, mientras que una valoración de empresa con proyecciones, o una reconstrucción de márgenes en una estimación indirecta, requiere semanas. La clave está en separar dos tiempos: el de recopilar la información y el de analizarla. Con frecuencia, el primero es el que se alarga. La fase de análisis sigue una metodología definida que conviene conocer antes de fijar el calendario.

    Tipo de trabajo Plazo orientativo Factor que más lo condiciona
    Revisión de una propuesta de regularización Días Plazo de alegaciones, que no se amplía con facilidad
    Informe sobre una cuestión puntual de cálculo Una o dos semanas Calidad de la documentación disponible
    Tasación de bienes concretos Una a tres semanas Acceso al bien y existencia de comparables
    Valoración de una empresa o de participaciones Tres a seis semanas Información financiera y proyecciones
    Informe complejo con ratificación prevista Variable Calendario del procedimiento y preparación de la defensa oral

    Los plazos de la tabla son estimaciones generales y no compromisos. Lo más importante para el contribuyente es comunicar al perito cuanto antes cualquier fecha límite del procedimiento, porque un plazo legal que vence no se recupera.

    Factores que determinan los honorarios

    • Complejidad técnica. No es lo mismo dictaminar sobre una partida aislada que sobre la valoración de un grupo con varias sociedades.
    • Volumen y estado de la documentación. Documentos ordenados reducen horas; si hay que reconstruir contabilidad o localizar soportes, el trabajo aumenta.
    • Urgencia. Los encargos con plazos muy cortos exigen concentrar recursos y pueden tener un recargo.
    • Cuantía en discusión. No determina por sí sola el precio, pero influye en el nivel de profundidad y en la responsabilidad asumida.
    • Necesidad de ratificación. Comparecer ante un tribunal o responder a aclaraciones añade preparación y tiempo.
    • Trabajo de campo. Visitas a inmuebles, entrevistas o inspecciones aumentan el coste.
    • Experiencia y acreditación del perito. La formación, la especialización y la trayectoria influyen legítimamente en el precio.

    Formas habituales de presupuestar

    Hay tres fórmulas frecuentes. La primera es el presupuesto cerrado, adecuado cuando el alcance está bien definido: el cliente conoce el importe total desde el principio. La segunda es el cobro por horas con un tope estimado, útil cuando existe incertidumbre sobre la documentación. La tercera es un esquema por fases, en el que se paga primero un diagnóstico y, si procede, se contrata después el informe completo. Esta última es muy práctica en expedientes complejos, porque permite decidir con información.

    Conviene desconfiar de los honorarios vinculados exclusivamente al resultado. Un perito debe actuar con objetividad, y un cobro contingente a la reducción de la deuda puede comprometer la percepción de su independencia ante la Administración o el tribunal. No es una prohibición general, pero sí un riesgo que debe valorarse con el asesor jurídico antes de firmar la hoja de encargo.

    Un ejemplo hipotético de presupuesto

    Con fines estrictamente ilustrativos, imagínese un informe sobre una discrepancia de valor en una comprobación. El perito estima 12 horas de análisis documental, 20 horas de elaboración de cálculos y redacción, 4 horas de revisión con el equipo jurídico y 4 horas reservadas para una eventual aclaración posterior. A una tarifa horaria hipotética de 100 euros, el esquema sería el siguiente.

    Concepto Horas Importe hipotético
    Análisis documental 12 1.200 €
    Cálculos y redacción 20 2.000 €
    Revisión con el equipo jurídico 4 400 €
    Aclaración o ratificación (reserva) 4 400 €
    Total hipotético 40 4.000 €

    Las cifras no reflejan precios reales ni orientan sobre tarifas del mercado; sirven solo para mostrar que un presupuesto razonable se descompone en tareas comprensibles. Si un presupuesto no permite ver en qué consiste el trabajo, conviene pedir más detalle.

    Qué debe quedar claro en la hoja de encargo

    • El objeto exacto del informe y las preguntas que responderá.
    • La documentación que debe aportar el cliente y los plazos de entrega.
    • Qué está incluido (reuniones, revisiones, aclaraciones) y qué se factura aparte.
    • El tratamiento de la confidencialidad y el uso del informe.
    • La forma y el calendario de pago, y las consecuencias si el procedimiento se paraliza.
    • La independencia del perito respecto de las conclusiones: el cliente no puede dictar el resultado.

    En materia de defensa ante la Administración, la hoja de encargo del perito se coordina con la del equipo jurídico, de modo que los plazos del informe encajen con los de las alegaciones y los recursos. Para entender el marco general de los procedimientos, es útil la página sobre la defensa en inspecciones tributarias ante la ATC y la AEAT.

    Errores al contratar un informe pericial

    1. Elegir únicamente por el precio más bajo, sin comprobar la formación y la experiencia del perito.
    2. No definir con precisión la pregunta técnica, lo que produce informes extensos pero poco útiles.
    3. Entregar la documentación tarde o incompleta y esperar después un plazo breve.
    4. Pedir al perito un resultado concreto en lugar de un análisis independiente.
    5. No prever la ratificación o las aclaraciones posteriores.
    6. Descuidar la coordinación con el abogado y presentar el informe en el momento equivocado.

    Para planificar cuándo encargar el informe y cómo coordinarlo con el resto de la defensa, puede resultar útil el asesoramiento de una asesoría legal y fiscal con LRB, que ayuda a ordenar tiempos, documentación y estrategia.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cuánto cuesta un informe pericial tributario?

    No existe una cifra única. Depende de la complejidad, la documentación, la urgencia y la posible ratificación. Lo prudente es solicitar un presupuesto tras un diagnóstico inicial del expediente.

    ¿Cuánto tarda en elaborarse?

    Desde unos días para una cuestión acotada hasta varias semanas para valoraciones complejas. El mayor retraso suele venir de la recopilación de documentación.

    ¿Se pueden recuperar los honorarios del perito?

    En algunos procedimientos, los gastos de pericia pueden formar parte de las costas o de los gastos reembolsables si la resolución es favorable, pero no es automático. Debe analizarse en cada caso con el asesor jurídico.

    ¿Son deducibles los honorarios de un perito?

    Para una sociedad o un autónomo, los gastos de defensa fiscal vinculados a la actividad suelen ser deducibles si están correctamente justificados y contabilizados. Conviene confirmarlo con el asesor fiscal en cada caso.

    ¿El perito puede garantizar un resultado?

    No. Su deber es emitir un análisis objetivo, no asegurar un resultado. Una promesa de éxito debe ser motivo de cautela.

    Conclusión

    El coste de un informe pericial tributario se entiende mejor cuando se comprende qué contiene, cuánto tiempo exige y de qué depende. Un presupuesto claro, un alcance bien definido y una coordinación temprana con el equipo jurídico evitan sorpresas y refuerzan la calidad del dictamen. La Administración es una parte más del procedimiento y debe motivar sus actos; el contribuyente que encarga con criterio una pericia independiente dispone de una prueba reconocida por la ley para defender sus derechos.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Segunda opinión pericial ante una propuesta de regularización: cuándo pedirla y cómo usarla en las alegaciones

    Segunda opinión pericial ante una propuesta de regularización: cuándo pedirla y cómo usarla en las alegaciones

    Una segunda opinión pericial ante una propuesta de regularización es la revisión técnica e independiente que un perito realiza sobre los cálculos, los criterios y las conclusiones con los que la Administración tributaria pretende liquidar una deuda adicional. Cuando llega una propuesta de liquidación, o un acta que el contribuyente debe firmar en conformidad, en disconformidad o con acuerdo, el tiempo para reaccionar es corto y la tentación de aceptar para cerrar el asunto es alta. Contrastar la propuesta con una mirada ajena permite saber si el importe es razonable, si los métodos empleados se sostienen y qué margen existe para discutirla.

    Este artículo explica en qué consiste esta revisión, cuándo conviene solicitarla, qué se analiza, cómo se integra en las alegaciones y en qué se diferencia de la defensa jurídica. Como referencia de lo que supone este tipo de trabajo, puede consultarse la página sobre la segunda opinión experta de ValiTax.

    Cuándo llega una propuesta de regularización

    En los procedimientos de inspección y de comprobación, la Administración concluye su análisis con una propuesta que se comunica al contribuyente. En la inspección, la propuesta se plasma en un acta cuya firma tiene tres formatos: de conformidad, con acuerdo o de disconformidad. En la comprobación limitada o en la verificación de datos, la propuesta de liquidación se notifica con un trámite de alegaciones previo a la resolución. En todos los casos, el plazo para alegar es breve, normalmente de entre diez y quince días hábiles según el procedimiento, por lo que la revisión técnica debe iniciarse cuanto antes.

    La propuesta no es todavía el acto definitivo, y eso es lo que da sentido a la segunda opinión: mientras no se firme ni se liquide, el contribuyente conserva todas las vías para influir en el resultado. Firmar una conformidad sin haber analizado la propuesta cierra la discusión; alegar con un informe fundado la mantiene abierta.

    Qué analiza una segunda opinión pericial

    • Los hechos. Si lo que la propuesta da por probado se corresponde con la documentación y con la realidad económica de la operación.
    • Los cálculos. Errores aritméticos, bases mal determinadas, ejercicios o periodos asignados incorrectamente, aplicación de tipos o deducciones.
    • Las valoraciones. Si el valor de mercado, el precio de transferencia, la amortización o la estimación aplicada son razonables y están motivados.
    • Las estimaciones indirectas. Si los márgenes o módulos empleados son comparables y se han justificado.
    • Los intereses y las sanciones. Si están correctamente calculados, si procede la reducción y si la culpabilidad está motivada.
    • El soporte documental. Qué pruebas faltan y qué documentos pueden aportarse todavía.

    El perito no sustituye al abogado: aporta la parte técnica y cuantitativa, que se integra en el escrito de alegaciones o se utiliza para decidir si conviene firmar un acta con acuerdo. Si el análisis aconseja aportar un dictamen formal, este adopta la forma de los informes periciales tributarios habituales, con método y fuentes verificables.

    Las tres modalidades de acta y la decisión de firmar

    Cuando la propuesta toma forma de acta de inspección, la decisión de firmarla se apoya en cifras. La Ley General Tributaria distingue entre el acta de conformidad (artículo 155), el acta con acuerdo para supuestos de apreciación de hechos, estimación, valoración o medición de difícil cuantificación, y el acta de disconformidad (artículo 157). El artículo 188 prevé reducciones de sanción vinculadas a la conformidad y al pronto pago. Esas reducciones pueden compensar una discrepancia pequeña, pero también pueden empujar a aceptar una liquidación inexacta; una segunda opinión sirve precisamente para calcular cuánto cuesta firmar y cuánto cuesta discutir. Para profundizar en el acta con acuerdo y sus implicaciones, resulta útil la guía sobre el acta de inspección con acuerdo en Cataluña.

    Modalidad Qué implica Papel de la segunda opinión
    Acta de conformidad El contribuyente acepta la propuesta; hay reducción de sanción Confirmar que los importes son correctos antes de aceptar
    Acta con acuerdo Pacto sobre cuestiones de apreciación o valoración; reducción mayor de sanción Fijar un rango razonable para negociar y evaluar si el pacto compensa
    Acta de disconformidad No se acepta; se alega y se resuelve después Preparar el informe que sostendrá las alegaciones

    Un ejemplo hipotético

    Imagínese, con fines meramente ilustrativos, una empresa catalana que recibe una propuesta de regularización del Impuesto sobre Sociedades por 85.000 euros de cuota, más intereses y una posible sanción. La propuesta rechaza como no deducible un conjunto de servicios de gestión facturados por una sociedad vinculada, argumentando que no se acreditó su valor de mercado. Una segunda opinión pericial analiza la documentación, comprueba que la empresa dispone de contratos, entregables y comparables sectoriales, y concluye que una parte de esos servicios era deducible y que el precio aplicado se movía dentro de un rango razonable. Con ese informe, la empresa alega para reducir el importe de la regularización y decide no firmar el acta en conformidad.

    El caso es inventado y no refleja ningún expediente real, pero ilustra una dinámica frecuente: el valor del dictamen no está en llevar siempre la razón, sino en convertir una discrepancia vaga en una discusión concreta, cuantificada y documentada.

    Cómo se integra en las alegaciones

    1. Diagnóstico rápido. En pocos días se identifica qué partidas son discutibles y cuáles no merece la pena discutir.
    2. Documentación. Se recopilan los contratos, las facturas, los justificantes de pago y los datos de mercado que sirven de soporte.
    3. Informe. Se redacta el dictamen con método, fuentes y conclusiones, y con la declaración de objetividad del perito conforme al artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
    4. Escrito de alegaciones. El equipo jurídico incorpora el informe y lo conecta con los motivos de derecho.
    5. Decisión sobre el acta. Con el informe en la mano, se valora si conviene firmar con acuerdo, firmar en disconformidad o negociar.

    Este enfoque encaja con la defensa técnica en una inspección de la AEAT, donde el informe se prepara para ser aportado en la fase en la que más influencia puede tener.

    Cuándo no compensa y cuándo es imprescindible

    No todas las regularizaciones exigen una segunda opinión pericial. Si la propuesta recoge un error de cálculo evidente o un criterio claramente jurídico sin controversia técnica, bastan unas alegaciones breves. Por el contrario, resulta casi imprescindible cuando:

    • La propuesta se basa en una valoración, una estimación o una comparación de precios.
    • La cuantía es relevante en relación con el patrimonio o la tesorería del contribuyente.
    • Se propone firmar un acta con acuerdo y es necesario saber si el pacto es favorable.
    • Existen sanciones cuya reducción depende de un cálculo detallado.
    • La documentación aportada hasta el momento es escasa y debe reconstruirse.

    Independencia y confidencialidad

    Una segunda opinión solo es útil si es independiente. El perito debe analizar el expediente sin vinculación con la contabilidad o con la gestoría que preparó las declaraciones, para evitar el sesgo de defender lo ya hecho. Además, mientras el contribuyente no decida aportar el informe, el análisis es confidencial, de modo que puede conocerse el estado real del riesgo sin comprometer la estrategia. El informe solo se incorpora al expediente si el contribuyente y su equipo deciden hacerlo.

    Esta cautela permite plantear con libertad escenarios: qué ocurre si se firma, qué si se discute y qué si se aporta un informe, antes de decidir. En la práctica, es habitual combinar el análisis técnico con la asistencia de una defensa fiscal con LRB, de manera que el criterio pericial y la estrategia jurídica estén coordinados desde el principio.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cuánto tiempo tengo para pedir una segunda opinión?

    El que le quede hasta el vencimiento del plazo de alegaciones o de la firma del acta. Cuanto antes se encargue, más margen hay para reunir documentación y preparar un informe aportable.

    ¿La segunda opinión paraliza el procedimiento?

    No. Los plazos siguen corriendo, por lo que es importante actuar con rapidez. Si fuera necesario, el equipo jurídico puede solicitar ampliaciones de plazo cuando la ley lo permita.

    ¿Puedo usar el informe aunque decida firmar el acta?

    Sí, puede servir para negociar un acta con acuerdo o para decidir con conocimiento de causa. Si firma de conformidad, el informe habrá cumplido su función de orientar la decisión.

    ¿Qué diferencia hay con una asesoría fiscal habitual?

    La asesoría que preparó las declaraciones puede estar implicada en el asunto. La segunda opinión se caracteriza por su independencia y por centrarse en contrastar las cifras y los criterios de la propuesta.

    ¿El informe es prueba en el procedimiento?

    Si se aporta, es un medio de prueba que la Administración y, en su caso, el tribunal deben valorar conforme a la sana crítica. Su peso depende de su método, sus fuentes y su coherencia.

    Conclusión

    La segunda opinión pericial ante una propuesta de regularización permite al contribuyente decidir con información: qué partidas discutir, qué importe es razonable y si conviene firmar, negociar o alegar. No sustituye a la defensa jurídica, sino que le da base técnica y cuantitativa. La Administración es una parte más del procedimiento y su propuesta es todavía revisable; quien dedica unos días a contrastarla con un experto independiente llega a la decisión final con argumentos, no con urgencia.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Informe de valoración y Ley de Segunda Oportunidad: cómo se acredita el patrimonio y la deuda tributaria

    Informe de valoración y Ley de Segunda Oportunidad: cómo se acredita el patrimonio y la deuda tributaria

    El informe de valoración en la Ley de Segunda Oportunidad es la pieza técnica que permite acreditar qué patrimonio tiene realmente un deudor persona física, qué parte de él es liquidable y qué parte de sus deudas, incluidas las tributarias, puede quedar exonerada. La Ley de Segunda Oportunidad, integrada en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) y reformada de forma sustancial por la Ley 16/2022, ofrece a personas físicas, autónomos y empresarios en insolvencia la posibilidad de cancelar deudas bajo ciertos requisitos. Pero el beneficio no es automático: depende de que el deudor sea de buena fe y de que el patrimonio sobre el que se decide esté bien identificado y valorado.

    Este artículo expone cómo encaja la valoración pericial en el mecanismo de exoneración del pasivo insatisfecho, qué bienes se valoran, qué papel juegan las deudas con Hacienda y cómo evitar los errores que suelen frenar el procedimiento. Para situar el tipo de apoyo técnico que se presta en estos casos, puede consultarse la página sobre el informe de valoración para la Ley de Segunda Oportunidad de ValiTax.

    Qué es la exoneración del pasivo insatisfecho

    El TRLC regula en sus artículos 486 y siguientes la exoneración del pasivo insatisfecho, el instrumento por el que una persona natural insolvente puede liberarse de las deudas que no pueda pagar. Existen dos grandes vías. La primera es la exoneración con liquidación de la masa activa, en la que el deudor pone su patrimonio a disposición de los acreedores y, una vez liquidado, queda liberado de las deudas pendientes que la ley permite cancelar. La segunda es la exoneración con plan de pagos, en la que el deudor mantiene parte de su patrimonio y cumple un calendario de pagos durante un plazo determinado, tras el cual se exoneran las deudas restantes.

    En ambos casos, la ley exige que el deudor sea de buena fe y que se encuentre en situación de insolvencia, actual o inminente. Es en la acreditación de ese estado, y en la determinación de qué bienes se liquidan y cuáles se conservan, donde la valoración técnica se vuelve imprescindible.

    Para qué sirve el informe de valoración

    La decisión del juez, del mediador concursal o de los acreedores sobre el plan o la liquidación depende de cifras. Un informe de valoración fundado permite:

    • Acreditar la insolvencia. Mostrar que el activo realizable no alcanza para pagar el pasivo exigible, con una relación de bienes valorados a precios de realización.
    • Fijar el valor de la masa activa. Determinar qué se obtendría de la venta de inmuebles, vehículos, participaciones, inversiones o derechos.
    • Dimensionar el plan de pagos. Calcular una capacidad de pago realista en función de ingresos y patrimonio, y evitar planes inviables.
    • Valorar el negocio del autónomo. Establecer si la actividad tiene un valor propio, si puede continuar o debe liquidarse.
    • Objetivar la vivienda habitual. Definir su valor frente a las cargas hipotecarias, para determinar si existe equity realizable o si la deuda hipotecaria la sobrepasa.
    • Servir de prueba. Ofrecer al juez o al mediador un documento técnico con método, fuentes y limitaciones explicados.

    Qué bienes suelen valorarse

    Bien o derecho Método habitual Aspecto crítico
    Vivienda y otros inmuebles Comparables de mercado y valor de realización Cargas hipotecarias y plazo previsible de venta
    Local o negocio del autónomo Flujos de caja o patrimonial, según la actividad Dependencia personal del titular
    Participaciones en sociedades Patrimonio neto ajustado o descuento de flujos Iliquidez y restricciones estatutarias
    Vehículos y maquinaria Precio de mercado de segunda mano Estado y obsolescencia
    Cuentas, inversiones y seguros Saldo o valor de rescate Penalizaciones y fiscalidad del rescate
    Créditos y derechos de cobro Valor actual ponderado por probabilidad de cobro Antigüedad e incumplimientos de los deudores

    La tabla recoge criterios generales. La valoración a efectos concursales difiere de la de un tasador hipotecario: se pretende estimar lo que razonablemente se obtendría en una realización, no un valor teórico en condiciones ideales. Cuando hay una actividad o unas participaciones de por medio, se aplican las técnicas habituales de valoración de empresas y activos, adaptadas a un escenario de realización.

    Las deudas tributarias en la exoneración

    La relación entre la Ley de Segunda Oportunidad y las deudas con la Administración tributaria es una de las cuestiones más consultadas. La reforma de 2022 permitió exonerar créditos de derecho público, pero con límites: en términos generales, la exoneración alcanza hasta 10.000 euros por deudor, con un máximo de 5.000 euros por cada uno de los acreedores públicos principales, la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. El resto de la deuda pública queda fuera de la cancelación, sin perjuicio de otros mecanismos como los aplazamientos o, en su caso, la prescripción.

    Conviene, por tanto, que el informe y el planteamiento jurídico diferencien con claridad la deuda tributaria exonerable de la que no lo es, que se identifique el concepto de cada deuda (principal, intereses, recargos o sanciones) y que se compruebe si alguna está prescrita o es impugnable. Los plazos y condiciones concretos deben contrastarse con la normativa vigente en cada caso, porque la materia es objeto de reformas y de una jurisprudencia en evolución.

    Un ejemplo hipotético

    Supóngase, con fines estrictamente ilustrativos, un autónomo catalán con una vivienda valorada en 260.000 euros y una hipoteca pendiente de 240.000 euros, un vehículo de 8.000 euros, deudas bancarias no hipotecarias de 60.000 euros y deudas con Hacienda de 25.000 euros. La valoración independiente concluye que, descontados los costes de venta y el tiempo previsible de realización, el valor neto de la vivienda es prácticamente nulo; que el vehículo, necesario para la actividad, se mantiene con el consentimiento de los acreedores; y que la capacidad de pago mensual, a partir de sus ingresos documentados, permite cumplir un plan de pagos moderado durante varios años.

    Con esos datos, un plan de pagos propuesto sobre bases realistas es más defendible que otro presentado sin soporte. Lo relevante del ejemplo, que no corresponde a un caso real, es que el trabajo del valorador determina qué opción es viable: liquidación o plan, y con qué calendario.

    Contenido mínimo de un informe en este ámbito

    1. Identificación del deudor y de la finalidad: acreditar activos y capacidad de pago a efectos de la exoneración.
    2. Inventario de bienes y derechos, con documentación de titularidad, cargas y situación jurídica.
    3. Valoración de cada elemento con el método más adecuado y las fuentes consultadas.
    4. Análisis de la actividad, de los ingresos y de los gastos necesarios, con soporte documental.
    5. Estimación de los costes y plazos de realización, y del valor neto resultante.
    6. Declaración de imparcialidad y objetividad del perito, en los términos del artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

    La claridad del documento y su presentación influyen en la aceptación por parte de acreedores y juzgado. La página sobre las finalidades de un informe pericial sintetiza para qué usos se emite un dictamen y qué se espera de cada uno.

    Errores frecuentes

    • Presentar valores de tasación hipotecaria como si fueran valores de realización, sin descontar costes y plazos.
    • Omitir bienes o derechos, lo que puede cuestionar la buena fe del deudor.
    • No distinguir la deuda tributaria exonerable de la que no lo es.
    • Proponer planes de pago que no se sostienen con los ingresos documentados.
    • Olvidar actualizar las valoraciones cuando el procedimiento se prolonga y cambian las circunstancias.
    • Mezclar en el informe opiniones jurídicas con valoraciones técnicas, lo que debilita ambos planos.

    Los deudores suelen llegar a este procedimiento tras una inspección o un procedimiento de recaudación. Cuando además existen derivaciones de responsabilidad a administradores o socios, la estrategia se complica y debe estudiarse la situación completa. Para ese ámbito puede consultarse la página sobre la derivación de responsabilidad tributaria y la defensa de administradores y socios.

    Cómo coordinar valoración y estrategia jurídica

    La Ley de Segunda Oportunidad combina cuestiones concursales, tributarias y patrimoniales. El informe de valoración es útil si se integra con una estrategia clara desde el principio: qué se quiere exonerar, qué bienes se pretende conservar, cómo se acredita la buena fe y qué se hará con las deudas públicas. Un asesoramiento global, como el de una asesoría legal y fiscal con LRB, permite ordenar esos elementos y coordinar a los distintos profesionales que intervienen.

    Preguntas frecuentes

    ¿Es obligatorio presentar un informe de valoración para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?

    No siempre se exige un informe pericial formal, pero la solicitud requiere documentar activos, pasivos y capacidad de pago. Un informe independiente refuerza esa documentación y reduce el riesgo de objeciones.

    ¿Se pueden exonerar las deudas con Hacienda?

    Parcialmente. La ley permite exonerar créditos de derecho público hasta unos límites determinados, y el resto no se cancela por esta vía. Conviene analizar cada deuda y su situación procesal.

    ¿Puedo conservar mi vivienda habitual?

    Depende del tipo de exoneración, del valor de la vivienda, de las cargas que la gravan y de las condiciones del plan de pagos. La valoración de la vivienda y de la deuda hipotecaria es determinante para decidir la opción.

    ¿Qué diferencia hay entre una tasación hipotecaria y una valoración concursal?

    La tasación hipotecaria estima un valor de mercado para garantizar un préstamo; la valoración concursal intenta estimar lo que se obtendría en una realización real, con costes y plazos.

    ¿Quién puede emitir el informe?

    Un profesional con formación y experiencia adecuadas a los bienes valorados. Si los bienes son diversos, pueden intervenir varios técnicos coordinados.

    Conclusión

    El informe de valoración es una herramienta útil para quien solicita la exoneración del pasivo insatisfecho: acredita la insolvencia, delimita el patrimonio, dimensiona un plan realista y aporta al procedimiento un soporte técnico verificable. La Administración tributaria es un acreedor más, con un régimen especial de créditos, y el deudor tiene derecho a que su situación se examine con datos y no con presunciones. Preparar el expediente con valoraciones rigurosas y con un tratamiento claro de las deudas públicas aumenta las posibilidades de que el procedimiento llegue a buen puerto.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Tasación pericial contradictoria: cómo impugnar una comprobación de valores en Cataluña

    Tasación pericial contradictoria: cómo impugnar una comprobación de valores en Cataluña

    La tasación pericial contradictoria es el procedimiento que permite al contribuyente discutir, con un perito propio, el valor que la Administración ha asignado a un bien tras una comprobación de valores. No es un recurso en sentido estricto, sino un mecanismo de contraste técnico regulado en el artículo 135 de la Ley General Tributaria (LGT), que se activa cuando la liquidación se basa en valores comprobados administrativamente y el interesado considera que son excesivos. Bien utilizado, puede reducir de forma significativa la base imponible de impuestos como el de Sucesiones y Donaciones o el de Transmisiones Patrimoniales; mal planteado, hace perder plazos que ya no se recuperan.

    Este artículo explica qué es la comprobación de valores, cuándo procede la tasación pericial contradictoria, qué plazos y efectos tiene, cómo intervienen los distintos peritos y qué conviene preparar. Como referencia sobre el tipo de dictamen que sustenta esta defensa puede consultarse la página sobre los informes periciales tributarios de ValiTax.

    La comprobación de valores: el origen del conflicto

    Cuando la base de un impuesto depende del valor de un bien, la Administración puede comprobar el declarado. El artículo 57 de la LGT enumera los medios de comprobación: capitalización o imputación de rendimientos, estimación por referencia a valores publicados, precios medios del mercado, cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros, dictamen de peritos de la Administración, valor asignado en seguros, valor del precio o contraprestación de otras adquisiciones, o el valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas. El procedimiento se regula en el artículo 134.

    La Administración debe motivar el medio elegido y el resultado. Una propuesta de valor que no explica sus coeficientes, que utiliza testigos no comparables o que aplica un método genérico a un bien singular puede ser impugnada por falta de motivación, con independencia de cuál sea el valor correcto. Ese defecto formal y la discusión técnica sobre el valor son dos argumentos que pueden convivir.

    Qué es y para qué sirve la tasación pericial contradictoria

    El artículo 135 de la LGT permite promover una tasación pericial contradictoria, en corrección de los medios de comprobación utilizados. El contribuyente nombra un perito con la titulación adecuada al bien que se valora, y la Administración dispone del suyo. Si ambas tasaciones se acercan, la ley resuelve sin más trámite; si se alejan más allá de ciertos umbrales, interviene un perito tercero, designado por la Administración, cuyo dictamen sirve de base para la liquidación.

    El objetivo es reequilibrar una situación en la que la valoración administrativa suele ser la primera y la única en el expediente. Con este mecanismo, el valor deja de ser una decisión unilateral y pasa a contrastarse con la opinión técnica de quien lo discute.

    Plazos y efectos sobre la liquidación

    La solicitud debe presentarse dentro del plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación basada en los valores comprobados. Con carácter general, ese plazo es de un mes desde el día siguiente a la notificación, tanto para el recurso de reposición como para la reclamación económico-administrativa. Dejarlo pasar equivale a consentir la liquidación en lo que se refiere al valor, de modo que la fecha de notificación debe anotarse y vigilarse desde el primer día.

    Una consecuencia relevante es que la presentación de la solicitud suspende la ejecución de la liquidación y el plazo para interponer recurso o reclamación. El contribuyente no necesita ingresar la deuda para sostener el procedimiento y, cuando este termina, dispone del plazo restante para recurrir si no está de acuerdo con el resultado. Es una protección importante, pero no sustituye la necesidad de reunir pronto la documentación.

    Fase Qué ocurre Qué debe hacer el contribuyente
    Notificación de la liquidación Se comunica el valor comprobado y su motivación Anotar la fecha y analizar el método empleado
    Solicitud de tasación pericial contradictoria Se suspende la ejecución y el plazo de recurso Presentarla en plazo, con designación de perito y datos de contacto
    Informe del perito del interesado Se emite una valoración propia del bien Aportar documentación y permitir inspección del bien
    Comparación de tasaciones Se mide la diferencia respecto de los umbrales legales Valorar si existe margen de acuerdo
    Perito tercero, si procede La Administración designa a un experto independiente Seguir el procedimiento y formular alegaciones
    Nueva liquidación Se practica con el valor resultante Decidir si se recurre

    El perito tercero y los umbrales legales

    La LGT fija dos referencias para decidir si basta con las dos tasaciones o hace falta una tercera: una diferencia de 120.000 euros y una diferencia del 10 por ciento respecto de la tasación de los peritos de la Administración. Si la discrepancia no supera esos umbrales, la ley prevé una solución directa a partir de las tasaciones de ambas partes. Si los supera, la Administración debe designar un perito tercero, cuyo dictamen servirá de base para la liquidación, con unos honorarios que se reparten entre las partes en los términos reglamentarios.

    Quien plantea el procedimiento debe tener en cuenta esa lógica desde el principio. Un informe técnico que se aleje en exceso del valor administrativo puede obligar a pasar por el perito tercero, con más tiempo y coste; uno que se sitúe con criterio, apoyado en testigos reales y en una metodología explicada, aumenta las posibilidades de cerrar el asunto con rapidez. Los criterios exactos y su aplicación a cada impuesto deben contrastarse con la norma vigente y con el reglamento correspondiente.

    Un ejemplo hipotético

    Imagínese, con fines meramente ilustrativos, que una persona hereda un local comercial en Barcelona y declara un valor de 300.000 euros. La Administración comprueba y fija 420.000 euros mediante un dictamen de sus peritos. El heredero encarga una tasación a un arquitecto o ingeniero con titulación adecuada, que concluye 340.000 euros apoyándose en cuatro testigos de la misma calle, ajustados por superficie, estado y planta. La diferencia con el valor de la Administración es de 80.000 euros, que supone un 19 por ciento: supera el 10 por ciento aunque no llegue a 120.000 euros. Con esas cifras habría que comprobar, con el texto de la ley en la mano, si procede acudir a un perito tercero, porque los umbrales deben aplicarse tal como la norma los combina y no según una regla intuitiva.

    El ejemplo, que no corresponde a un caso real, muestra por qué conviene calcular las diferencias antes de decidir la estrategia y por qué el informe de parte debe elaborarse con una visión realista y no con la cifra más baja posible.

    Qué debe incluir el informe del perito del interesado

    1. Identificación del bien, fecha de referencia del valor (la del devengo) y finalidad de la tasación.
    2. Descripción física y jurídica: superficie, calificación urbanística, cargas, arrendamientos y estado de conservación.
    3. Método de valoración y motivos de su elección, con crítica específica a la valoración administrativa.
    4. Testigos o comparables verificables, con su fecha, su precio y los ajustes aplicados.
    5. Resultado, con una explicación de los coeficientes y un rango de sensibilidad si procede.
    6. Declaración de objetividad conforme al artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, identificación y titulación del perito.

    Cuando la discusión alcanza a valores no inmobiliarios, como participaciones o activos intangibles, la elección del método y su justificación cobra todavía más peso. La página sobre la metodología de los informes de ValiTax detalla cómo se documenta ese razonamiento.

    Inmuebles, valor de referencia y otras particularidades

    En la imposición sobre inmuebles, la incorporación del valor de referencia del Catastro ha modificado el esquema clásico de comprobación en impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales o el de Sucesiones y Donaciones. La impugnación de ese valor tiene reglas específicas y exige acreditar que el valor de mercado es inferior, a menudo con una tasación técnica que cumpla los requisitos del procedimiento. Por ello, antes de elegir la vía conviene identificar con exactitud qué valor se ha utilizado y qué medio de comprobación sustenta la liquidación.

    Para entender cómo se gestiona el impuesto de transmisiones en Cataluña y qué papel tiene la Agencia Tributaria de Cataluña, puede revisarse la guía sobre el ITP en Cataluña: tipos, exenciones y gestión ante la ATC.

    Cuándo conviene y cuándo no

    • Conviene cuando la discrepancia de valor es relevante, el bien es singular y existen datos de mercado sólidos para sustentar una cifra inferior.
    • Conviene cuando la Administración ha empleado un método genérico, sin explicar coeficientes ni comparables.
    • Puede no compensar si la diferencia es pequeña frente al coste del perito y del posible perito tercero.
    • Exige cautela si el valor declarado era realmente bajo y es probable que el perito tercero llegue a una cifra superior a la del interesado.
    • Debe combinarse con los motivos de legalidad que existan: falta de motivación, defectos de notificación o prescripción, que se alegan en el recurso.

    Antes de decidir, una revisión independiente del expediente ayuda a calibrar la estrategia. La página sobre la segunda opinión experta explica cómo se plantea ese diagnóstico previo, y quien necesite una defensa completa puede contar con una defensa fiscal con LRB que coordine el informe técnico con los recursos.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cuánto tiempo tengo para solicitar la tasación pericial contradictoria?

    El plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación, que con carácter general es de un mes desde la notificación. Superado ese plazo se pierde la posibilidad de utilizarla.

    ¿Debo pagar la liquidación mientras se tramita?

    La solicitud suspende la ejecución de la liquidación y el plazo para recurrir. Una vez resuelta, se dicta una nueva liquidación con el valor resultante y se reabre el plazo restante.

    ¿Puedo hacer la tasación y recurrir a la vez?

    Son vías que se coordinan. La tasación suspende el plazo del recurso, que puede interponerse después contra la liquidación definitiva, incluyendo los motivos de legalidad que existan.

    ¿Quién paga al perito tercero?

    Los honorarios se reparten entre las partes en los términos reglamentarios, y suelen tener consecuencias económicas para el contribuyente si su valoración queda muy lejos de la del tercero.

    ¿Sirve la tasación para cualquier tipo de bien?

    En general, para los bienes cuyo valor se ha comprobado con alguno de los medios del artículo 57 de la LGT. Para determinados valores, como el valor de referencia catastral de los inmuebles, existen reglas específicas que deben analizarse.

    Conclusión

    La tasación pericial contradictoria es una garantía legal para que el valor de un bien no dependa solo de la opinión de la Administración. Exige actuar con rapidez, designar un perito competente, documentar con rigor y valorar con realismo el riesgo de un perito tercero. La Administración es una parte más del procedimiento y debe justificar su comprobación; el contribuyente que utiliza este instrumento con una valoración fundada ejerce un derecho previsto por la ley y puede corregir una base imponible excesiva sin renunciar a los recursos posteriores.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Perito de parte o perito designado judicialmente: diferencias, ventajas y cómo elegir en un litigio tributario

    Perito de parte o perito designado judicialmente: diferencias, ventajas y cómo elegir en un litigio tributario

    Elegir entre un perito de parte o un perito designado judicialmente es una decisión estratégica que condiciona el calendario, el control sobre el contenido del dictamen y, en ocasiones, su acogida por el tribunal. La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) admite ambas vías, y su regulación supletoria alcanza a los procedimientos tributarios y contencioso-administrativos. Sin embargo, no son intercambiables: responden a momentos procesales distintos y a lógicas diferentes de confianza y de coste.

    Este artículo compara las dos figuras desde el punto de vista del contribuyente que se enfrenta a una liquidación o a una inspección en Cataluña, con indicación de cuándo conviene cada una, qué dice la ley sobre su imparcialidad y cómo se valora su informe. Para conocer qué se espera de un dictamen presentado ante un tribunal, puede consultarse la página sobre la prueba pericial judicial de ValiTax.

    Qué es un perito de parte

    El perito de parte es el profesional al que encarga el informe una de las partes del proceso. Su dictamen se aporta con la demanda o con la contestación, conforme a los artículos 265 y 336 de la LEC, y el tribunal lo valora junto al resto de la prueba. Aunque lo contrata el interesado, no actúa como su defensor: el artículo 335.2 de la LEC exige al perito manifestar, bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado y actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber.

    En la práctica, el perito de parte tiene ventajas claras: puede trabajar desde el principio del conflicto, con acceso a la documentación del cliente, y su informe puede aportarse en la vía administrativa antes de que el asunto llegue a un tribunal.

    Qué es un perito designado judicialmente

    El perito judicial es nombrado por el tribunal, ya sea a instancia de una parte o, en los supuestos previstos, de oficio. La LEC regula este nombramiento en los artículos 339 y siguientes. Cuando una parte solicita la designación, el tribunal selecciona al experto a partir de las listas de colegios profesionales y asociaciones, por un sistema de turno, y las partes pueden proveer lo necesario para su retribución mediante una provisión de fondos.

    Entre sus rasgos principales destacan que carece de vínculo previo con las partes, que recibe el encargo del propio órgano y que su informe se emite con una apariencia de neutralidad más acusada. En contrapartida, las partes controlan menos su calendario y el alcance de su análisis, que depende de los puntos que el tribunal le fije.

    Comparativa de las dos figuras

    Aspecto Perito de parte Perito designado judicialmente
    Quién lo elige La parte que lo contrata El tribunal, por turno o de oficio
    Cuándo actúa Desde antes del proceso; el informe se aporta con la demanda o la contestación Una vez admitida la prueba y acordada la designación
    Control del contenido Alto: la parte define la pregunta técnica Limitado: el tribunal fija los puntos de pericia
    Percepción de neutralidad Depende de la calidad y la objetividad del informe Alta, por su origen institucional
    Coste Lo asume quien lo contrata Provisión de fondos; puede repartirse o corresponder a quien lo solicita
    Plazos Los define el encargo Dependen del calendario judicial

    La tabla describe tendencias generales y no sustituye al análisis del caso concreto. Un perito de parte con un informe sólido puede tener más peso que uno judicial con un trabajo superficial, porque el tribunal valora el dictamen por su contenido y no por su procedencia.

    Cómo se valora el dictamen según la ley

    El artículo 348 de la LEC dispone que el tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica. No existe una jerarquía legal entre el informe de parte y el judicial. El tribunal atenderá a la coherencia de la metodología, a la solidez de las fuentes, a la formación y experiencia del perito, a la respuesta que da a los argumentos contrarios y a su capacidad para sostenerlo en una aclaración oral, prevista en los artículos 346 y 347.

    En materia tributaria, el artículo 106 de la Ley General Tributaria remite a la LEC y al Código Civil para los medios y la valoración de la prueba. Eso significa que el criterio de la sana crítica rige también en las reclamaciones económico-administrativas y en el recurso contencioso, y que la Administración no goza de una presunción que la libre de motivar sus valoraciones frente a un informe técnico bien fundado.

    Ventajas y riesgos de cada opción

    Perito de parte

    • Permite actuar en la fase administrativa, que a menudo es la más eficaz para evitar un litigio.
    • Facilita una colaboración fluida con el equipo jurídico en la definición de los puntos a probar.
    • Su riesgo es la sospecha de parcialidad, que se combate con transparencia metodológica y con una declaración de objetividad creíble.

    Perito designado judicialmente

    • Refuerza la neutralidad percibida y puede inclinar a una de las partes a aceptar sus conclusiones.
    • Exige esperar a la fase probatoria, de modo que no ayuda en la vía administrativa previa.
    • Su riesgo es que el dictamen no responda con la profundidad que la parte esperaba, o que el tribunal delimite mal los puntos de pericia.

    Un ejemplo hipotético

    Supóngase, con fines estrictamente ilustrativos, que una sociedad catalana recurre una liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Durante el procedimiento de comprobación, encarga un informe a un perito de parte, que concluye un valor inferior al de la Administración y lo aporta con las alegaciones. La oficina gestora lo rechaza con una motivación genérica. En el recurso contencioso, la sociedad solicita además la designación de un perito por el tribunal para que dictamine sobre dos puntos concretos: la selección de testigos de mercado y el coeficiente de conservación. Los informes de ambos pueden coincidir, y entonces la posición de la sociedad se refuerza; pueden diferir, y entonces el tribunal deberá razonar su preferencia.

    Este esquema, aunque no corresponde a un caso real, ilustra que las dos vías pueden ser complementarias. Del primer informe nace la argumentación y la documentación; del segundo, una validación independiente.

    Criterios para elegir

    1. Momento procesal. Si el conflicto está en fase administrativa o se acaba de iniciar, solo el perito de parte puede actuar con eficacia.
    2. Importe y complejidad. En litigios de cuantía relevante y alta complejidad técnica, la coexistencia de ambos informes puede ser razonable.
    3. Disponibilidad de documentación. El perito de parte accede de forma inmediata a la información del cliente; el judicial depende de lo que el tribunal le facilite o requiera.
    4. Coste y plazo. Un perito judicial supone provisión de fondos y esperar el calendario del órgano.
    5. Estrategia procesal. A veces conviene aportar un informe de parte para fijar la posición y solicitar después la designación judicial para consolidarla.

    Cuando la parte es un despacho o una asesoría que defiende a un cliente, esta decisión se integra en la estrategia global del expediente. La página dirigida a despachos y asesores explica cómo se coordina el trabajo del perito con el del equipo jurídico.

    Requisitos del perito y recusación

    La LEC exige que el perito posea título oficial en la materia si esta lo tiene reglado, o, en caso contrario, que sea una persona entendida en la materia. El artículo 343 regula la tacha de los peritos en el procedimiento civil, y el 124 permite recusar a los designados por el tribunal por causas como el parentesco, el interés directo o indirecto en el asunto o la amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes. Estas reglas buscan que la prueba sea fiable y que el órgano pueda apartar al perito cuyo informe quede comprometido.

    La credibilidad del dictamen se refuerza si el experto acredita su formación, su experiencia y su disciplina metodológica. Un resumen de estas garantías puede consultarse en la página sobre la acreditación y el cumplimiento de requisitos de un perito.

    Cómo encaja con los recursos tributarios

    La elección del tipo de perito no se hace en el vacío: depende de cómo se articulen los recursos. Para entender los plazos y la competencia en el recurso contencioso, resulta útil la guía sobre el recurso contencioso-administrativo tributario ante el TSJ de Cataluña. En él se explica cuándo se plantea la prueba y quién la propone.

    Quien afronta un conflicto con la Administración y quiere decidir con criterio cuándo aportar un informe y qué tipo de perito proponer puede apoyarse en una defensa fiscal con LRB, de modo que la pericia se integre desde el principio en el relato jurídico del caso.

    Preguntas frecuentes

    ¿Un perito de parte puede ser imparcial?

    Debe serlo. La ley le exige actuar con la mayor objetividad posible y le impone responsabilidades si falta a la verdad. La imparcialidad se acredita con un informe transparente, con hipótesis explicadas y con la consideración de los argumentos contrarios.

    ¿Puede el tribunal ignorar el informe de un perito judicial?

    Puede apartarse de él, pero debe motivarlo conforme a la sana crítica. El dictamen no vincula al tribunal, aunque su origen institucional le otorga especial atención.

    ¿Pueden coexistir los dos tipos de informes en un mismo procedimiento?

    Sí. Es frecuente que la parte aporte su propio dictamen y, además, solicite la designación judicial de un perito cuando la cuestión técnica es determinante.

    ¿Quién paga al perito judicial?

    Quien lo solicita suele tener que asumir la provisión de fondos, sin perjuicio de lo que se decida sobre las costas al final del procedimiento. Si una parte tiene reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, el régimen es distinto.

    ¿Se puede usar un perito de parte en la vía administrativa?

    Sí, y es lo más habitual. El informe se aporta con las alegaciones o con el escrito de interposición de la reclamación, y la Administración o el tribunal económico-administrativo deben valorarlo.

    Conclusión

    El perito de parte y el perito designado judicialmente no compiten, se complementan según el momento procesal y los objetivos del contribuyente. El primero ofrece control, rapidez y presencia en la vía administrativa; el segundo aporta neutralidad institucional en la fase probatoria. En ambos casos, lo decisivo es la calidad del dictamen: su método, sus fuentes y su capacidad para resistir el contraste. La Administración es una parte más del procedimiento y debe motivar sus valoraciones; quien llega con un informe sólido y bien situado en el calendario jurídico defiende sus derechos con herramientas reconocidas por la ley.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Valor fiscal mínimo de participaciones no cotizadas (art. 37.1.b LIRPF): cuándo aplica y cómo se discute

    Valor fiscal mínimo de participaciones no cotizadas (art. 37.1.b LIRPF): cuándo aplica y cómo se discute

    El valor fiscal mínimo de participaciones no cotizadas es una regla del IRPF que impide declarar, al transmitir acciones o participaciones de una sociedad, un precio inferior a un umbral calculado a partir de sus cuentas. Está recogida en el artículo 37.1.b de la Ley del IRPF y se aplica cuando el socio persona física vende, a título oneroso, títulos que no cotizan en un mercado regulado. Si el precio pactado queda por debajo de ese mínimo, a efectos fiscales se toma el mínimo, lo que puede generar una ganancia patrimonial mayor que la realmente obtenida. Por eso, para el socio de una pyme catalana, conocer la regla y saber cuándo discutirla es una pieza esencial de la planificación.

    La norma ofrece una vía técnica de defensa: demostrar que el valor real es menor que el mínimo resultante de las fórmulas. Ese terreno es el de la valoración independiente, y servicios como la valoración de participaciones y activos de ValiTax se enmarcan en esa lógica de soporte técnico para operaciones con efectos tributarios.

    Qué dice el artículo 37.1.b de la Ley del IRPF

    La regla establece que, en las transmisiones onerosas de acciones o participaciones no admitidas a negociación, el valor de transmisión no puede ser inferior al mayor de estos dos importes:

    • El valor teórico resultante del balance correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha del devengo del impuesto, es decir, el patrimonio neto dividido entre el número de títulos.
    • El que resulte de capitalizar al 20 % el promedio de los resultados de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo.

    El objetivo del legislador es evitar que se declaren precios artificialmente bajos en operaciones entre partes relacionadas, trasladando valor sin tributación. Sin embargo, la fórmula es mecánica y no siempre refleja la realidad económica, de ahí que pueda dar lugar a discusiones legítimas.

    Un ejemplo hipotético con cifras

    Supóngase, con fines estrictamente ilustrativos, una sociedad limitada con 1.000 participaciones. Su patrimonio neto en el último balance cerrado es de 600.000 euros, y sus resultados de los tres últimos ejercicios fueron de 40.000, 50.000 y 60.000 euros. El promedio es de 50.000 euros; capitalizado al 20 %, resulta 250.000 euros.

    Concepto Importe hipotético Por participación
    Valor teórico (patrimonio neto) 600.000 € 600 €
    Capitalización al 20 % del promedio de resultados 250.000 € 250 €
    Mínimo aplicable (el mayor) 600.000 € 600 €

    Si el socio vende todas las participaciones por 450.000 euros, el valor de transmisión que se tomará a efectos del IRPF será 600.000 euros, y la ganancia se calculará sobre esa cifra, no sobre el precio efectivamente cobrado. La diferencia de 150.000 euros tributa sin que el socio haya percibido ese dinero, y es en ese tipo de supuestos donde un análisis técnico adquiere valor.

    Por qué el mínimo puede no reflejar el valor real

    El patrimonio neto contable es una cifra histórica, y puede sobrevalorar o infravalorar a la sociedad. Algunas razones habituales por las que el valor teórico se aleja del valor razonable son las siguientes.

    • Activos sobrevalorados en balance, como existencias obsoletas, créditos de dudoso cobro no deteriorados o inmovilizado cuyo valor de mercado es inferior al contable.
    • Pasivos contingentes no registrados, tales como litigios, garantías o contingencias fiscales abiertas que un comprador descontaría del precio.
    • Dependencia de la persona del socio, frecuente en negocios profesionales o familiares, donde el valor depende de la continuidad de quien vende.
    • Resultados no recurrentes: un beneficio extraordinario en alguno de los tres ejercicios eleva la capitalización sin reflejar la rentabilidad futura.
    • Participaciones minoritarias, que en el mercado se negocian con descuentos por falta de control o de liquidez.

    Estos factores no permiten ignorar la norma, pero sí construir una argumentación. La jurisprudencia y la doctrina administrativa han admitido, con matices, que el contribuyente pueda probar que el valor real de la transmisión es inferior al mínimo cuando existan circunstancias que lo justifiquen, y es en esa prueba donde el informe técnico cumple su función.

    Cómo se acredita un valor inferior

    La carga de la prueba corresponde al contribuyente. Un informe de valoración que pretenda desplazar el valor fiscal mínimo debería incluir, al menos, los siguientes elementos:

    1. Descripción de la sociedad, su actividad, su estructura accionarial y su situación financiera a la fecha de referencia.
    2. Conciliación entre el patrimonio contable y el patrimonio ajustado a valores razonables.
    3. Método de valoración elegido y razones por las que se descartan otros: flujos de caja descontados, múltiplos o patrimonio ajustado.
    4. Análisis de sensibilidad para las hipótesis relevantes, como tasa de descuento y crecimiento.
    5. Justificación de los descuentos aplicados, si los hay, con referencias verificables.
    6. Declaración de imparcialidad del perito, en línea con el artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y relación de los documentos examinados.

    Conviene recordar que el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones utilizan reglas parecidas, aunque no idénticas, para valorar participaciones no cotizadas. Un mismo título puede tener, por tanto, valores distintos a efectos de tributos diferentes, y esa circunstancia aconseja revisar la coherencia entre las declaraciones de cada ejercicio.

    El papel de la ATC y de la AEAT

    El IRPF lo gestiona la Agencia Tributaria estatal, también en Cataluña. La Agència Tributària de Catalunya interviene en tributos cedidos, como Sucesiones y Donaciones o Transmisiones Patrimoniales, pero no en el IRPF. Esto importa porque una misma operación puede tener efectos en ambas administraciones: la transmisión de participaciones por un precio inferior al de mercado puede generar IRPF para el vendedor y ser examinada, en el otro extremo, desde la perspectiva de una donación encubierta o de una operación vinculada.

    La coherencia documental es entonces decisiva. Si el contrato de compraventa recoge un precio, el informe de valoración debe respaldarlo con una metodología reconocida, y las cuentas anuales deben ser fiables y estar depositadas en plazo. Una sociedad con balances sin formular o sin aprobar complica la prueba y debilita la posición del vendedor. Estas cuestiones se tratan con mayor detalle en la guía sobre la compraventa de participaciones en empresas catalanas y su fiscalidad.

    Cómo plantear la operación con antelación

    El mejor momento para discutir el valor fiscal mínimo es antes de firmar. Algunas medidas prácticas:

    • Calcular el mínimo con las cuentas del último ejercicio cerrado y los tres anteriores, y contrastarlo con el precio previsto.
    • Identificar si el valor teórico incluye partidas que no se corresponden con el valor razonable.
    • Encargar, si la diferencia es relevante, una valoración independiente fechada en torno al devengo.
    • Documentar el proceso de negociación: ofertas, contraofertas y razones del precio pactado.
    • Valorar si la declaración debe presentarse con el valor mínimo y reclamar después la devolución, o si es preferible declarar el valor justificado y asumir el riesgo de una comprobación.

    La última decisión es táctica y depende del importe, del riesgo de sanción y de la solidez del informe. Una declaración con un valor inferior al mínimo, apoyada en una valoración sólida, sitúa al contribuyente en una posición defendible; una declaración sin soporte, en cambio, abre la puerta a una regularización con intereses y, en su caso, sanción.

    Para quien prefiera abordar la operación con asesoramiento integral, existe la posibilidad de planificar una defensa fiscal con LRB desde la fase de negociación hasta una eventual revisión. Y si la valoración debe documentarse con una explicación completa de su método, la página dedicada a la metodología de los informes detalla los pasos habituales, mientras que la sección sobre las finalidades de un informe pericial muestra los usos que puede tener.

    Preguntas frecuentes

    ¿Se aplica el valor fiscal mínimo a las sociedades que cotizan en bolsa?

    No. La regla está pensada para acciones o participaciones no admitidas a negociación. Para los valores cotizados se utilizan los criterios propios de la normativa del IRPF sobre transmisiones de valores admitidos a negociación.

    ¿Qué pasa si vendo por un precio superior al mínimo?

    Se toma el precio efectivamente pactado. El mínimo opera como suelo, no como techo, por lo que solo interviene cuando el precio declarado es inferior.

    ¿Puedo demostrar que el valor real es inferior al mínimo?

    Sí, mediante prueba. Un informe de valoración fundado, que justifique los ajustes al patrimonio o la menor capacidad de generar resultados, es el medio habitual. La Administración lo valorará según la sana crítica y, si lo rechaza, deberá motivar su decisión.

    ¿Qué ejercicios se utilizan para el cálculo?

    El balance del último ejercicio cerrado antes del devengo y los resultados de los tres ejercicios sociales cerrados antes de esa fecha. Es importante comprobar qué cuentas estaban aprobadas y depositadas en el momento de la operación.

    ¿Afecta esta regla a las transmisiones por donación o herencia?

    No de la misma forma. En esos casos, la valoración se rige por la normativa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y por sus propias reglas de valoración, aunque el IRPF puede intervenir en la parte de ganancia patrimonial del donante en determinados supuestos.

    Conclusión

    El valor fiscal mínimo del artículo 37.1.b de la Ley del IRPF es una norma de cautela que conviene conocer antes de firmar cualquier venta de participaciones no cotizadas. No es un obstáculo infranqueable: el contribuyente puede acreditar un valor distinto con una valoración técnica sólida y bien documentada. La Administración es una parte más del procedimiento y debe motivar el rechazo de un informe coherente; al socio le corresponde anticipar el análisis, preparar la prueba y decidir con información cómo declarar.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Prueba pericial en la vía económico-administrativa y contenciosa: cómo plantearla ante el TEAR y el TSJ de Cataluña

    Prueba pericial en la vía económico-administrativa y contenciosa: cómo plantearla ante el TEAR y el TSJ de Cataluña

    La prueba pericial en la vía económico-administrativa y contenciosa permite al contribuyente acreditar con rigor técnico una cuestión que la Administración tributaria ha resuelto de forma distinta: un valor, una cuantía, una práctica de mercado o la realidad económica de una operación. Puede proponerse ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) y, después, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pero cada sede tiene reglas, momentos y límites propios. La regla general es sencilla de enunciar y difícil de cumplir en la práctica: conviene anunciar y aportar el dictamen lo antes posible, sin esperar a la demanda.

    Este artículo recorre cómo se articula la pericia en cada fase, qué exige la ley, qué errores restan eficacia al informe y cómo coordinarlo con la estrategia jurídica. Para casos en los que el resultado depende de un cálculo discutido, la prueba pericial judicial y administrativa de ValiTax ofrece una referencia del tipo de trabajo que se espera de un dictamen aportable ante un órgano revisor.

    Dónde se puede aportar prueba pericial en materia tributaria

    El camino habitual de un acto tributario discutido en Cataluña comienza con la liquidación de la Agencia Tributaria estatal (AEAT) o de la Agència Tributària de Catalunya (ATC). Frente a ella caben dos opciones: un recurso de reposición potestativo ante el mismo órgano o una reclamación económico-administrativa ante el TEAR, ambas con plazo de un mes desde la notificación. Agotada la vía administrativa, se abre la jurisdicción contencioso-administrativa, con un plazo de dos meses para interponer el recurso. En cada escalón existe un momento para la prueba.

    • Procedimiento de aplicación de los tributos. Durante la comprobación o la inspección, el contribuyente puede aportar informes en el trámite de alegaciones. Es la mejor ocasión para que el dictamen influya en la propuesta de liquidación y no solo en su revisión.
    • Reclamación económico-administrativa. El escrito de interposición y el de alegaciones son los momentos en que el reclamante puede aportar documentos y proponer pruebas. La Ley General Tributaria regula la prueba en esta vía en sus artículos 236 y siguientes, con remisión a su artículo 106 y, por tanto, a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
    • Recurso contencioso-administrativo. Según la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la prueba se propone en la demanda y la contestación, y el tribunal decide si recibe el pleito a prueba. La pericial se rige por la Ley de Enjuiciamiento Civil de forma supletoria.

    El valor probatorio del dictamen según la ley

    El artículo 106 de la Ley General Tributaria establece que, en los procedimientos tributarios, los medios y la valoración de la prueba se rigen por el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo especialidades. De ahí que los artículos 335 a 352 de esta última sirvan de guía: el perito debe manifestar que actúa con la mayor objetividad posible (art. 335), el dictamen se valora según las reglas de la sana crítica (art. 348) y el tribunal puede pedir aclaraciones al experto (art. 347).

    Conviene subrayar lo que esto implica para el contribuyente. La Administración no es una autoridad cuya palabra goce de preferencia automática frente al informe del perito; es una parte más del procedimiento. Si el dictamen está bien fundado, expone su método, cita sus fuentes y responde a los argumentos de la liquidación, el órgano revisor debe valorarlo y, si lo rechaza, explicar por qué. Por el contrario, un informe genérico, con cifras sin soporte o con conclusiones jurídicas disfrazadas de técnicas, tendrá un peso escaso.

    Prueba pericial ante el TEAR de Cataluña

    La vía económico-administrativa es gratuita, se tramita con relativa agilidad en comparación con la jurisdiccional y no exige abogado ni procurador. Esas ventajas la convierten en el lugar donde muchos contribuyentes plantean por primera vez la pericia. Algunas ideas prácticas:

    1. Aportar el informe con el escrito de alegaciones o, si es posible, con el de interposición, de modo que el tribunal lo tenga disponible desde el principio.
    2. Ligar el informe a un motivo de impugnación concreto. Si la discusión versa sobre el valor de unas participaciones, el dictamen debe responder precisamente a esa pregunta y a la fecha de devengo que corresponda.
    3. Anticipar la respuesta a la Administración. El expediente administrativo ya contiene los argumentos de la oficina gestora o de inspección; el perito debe rebatirlos, no ignorarlos.
    4. Cuidar los plazos. Los plazos de alegaciones son improrrogables en la práctica y un informe de calidad requiere tiempo de preparación. Es preferible solicitar la puesta de manifiesto del expediente cuanto antes.

    Hay otra consideración estratégica. Lo que se alegue y pruebe en la vía económico-administrativa condiciona el recorrido posterior, porque el recurso contencioso se plantea contra la resolución del tribunal económico-administrativo y los motivos de fondo deben haberse suscitado con claridad. Dejar la pericia para el juzgado o la Sala puede ser un error cuando el órgano administrativo habría podido estimar la reclamación con el dictamen sobre la mesa.

    Prueba pericial en el recurso contencioso-administrativo

    Ante el juzgado o la Sala del TSJC, la pericial adopta formas distintas según el procedimiento. En el procedimiento abreviado, de menor cuantía, la prueba suele practicarse en la vista y el dictamen se aporta con antelación suficiente. En el procedimiento ordinario, el informe suele acompañar a la demanda, y el tribunal puede acordar su ratificación o la intervención del perito para aclaraciones.

    Dictamen aportado con la demanda

    Es la opción más habitual y la más previsible. El perito firma su informe, declara su imparcialidad en los términos del artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y queda a disposición del tribunal. Si la contraparte lo cuestiona, deberá oponer un análisis técnico propio o argumentos concretos, no meras negaciones.

    Perito designado por el tribunal

    En ciertos casos, cualquiera de las partes puede pedir que el órgano judicial designe al experto, con las ventajas e inconvenientes que se analizan en otro artículo de esta serie. La designación judicial refuerza la apariencia de neutralidad, pero resta control a la parte sobre el contenido y el calendario.

    Ratificación y aclaraciones

    El dictamen no termina con su firma. El perito debe estar preparado para explicar sus hipótesis, responder a preguntas de la Abogacía del Estado o de los letrados de la Generalitat y defender cada cifra. Un informe cuyo autor no puede sostenerlo oralmente pierde parte de su valor, aunque esté bien redactado.

    Cuándo la pericia es decisiva y cuándo sobra

    Situación ¿Pericial recomendable? Motivo
    Discusión sobre el valor de inmuebles o participaciones Sí El resultado depende de un cálculo técnico
    Estimación indirecta con márgenes sectoriales Sí Permite reconstruir la actividad con datos propios
    Valoración de operaciones vinculadas Sí Exige comparables y método de mercado
    Interpretación de una norma sin hechos discutidos No Basta la argumentación jurídica
    Prescripción o caducidad del procedimiento No Es una cuestión de plazos y fechas

    La tabla ofrece orientaciones generales; cada expediente exige su propio diagnóstico. Una pericia innecesaria encarece el recurso y puede distraer del argumento principal, mientras que una pericia que falta cuando era imprescindible deja al contribuyente sin pruebas sobre la cuestión central.

    Un ejemplo hipotético

    Imagínese, con fines meramente ilustrativos, una sociedad catalana a la que se liquida el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales por un inmueble industrial valorado por la Administración en 1.200.000 euros, frente a los 900.000 euros declarados. Con la liquidación en la mano, el contribuyente encarga un informe que utiliza testigos de mercado de la misma zona, analiza el estado de conservación y concluye un valor de 930.000 euros. El dictamen se aporta con la reclamación ante el TEAR junto con un escrito que señala que la valoración administrativa no explicó los coeficientes aplicados. La discusión ya no gira en torno a una opinión frente a otra, sino en torno a la motivación de la comprobación, que la Ley General Tributaria exige.

    Este esquema, aunque ficticio, muestra la lógica de la prueba: el informe aporta el contenido técnico, y la defensa jurídica lo conecta con el defecto del acto impugnado. Para ordenar ese trabajo conjunto, resulta útil la defensa técnica frente a una inspección de la AEAT, que describe cómo se prepara la documentación antes de que se cierre el expediente.

    Errores frecuentes al proponer la prueba pericial

    • Esperar a la demanda para pensar en la pericia cuando ya se podría haber aportado en la vía administrativa.
    • Encargar un informe sin definir con precisión la pregunta técnica, lo que produce dictámenes extensos pero inútiles.
    • No acompañar los anexos: contratos, cuentas anuales, fichas de comparables y fuentes de los datos.
    • Presentar como pericial lo que es una opinión jurídica, algo que el tribunal no necesita ni valora como prueba.
    • Descuidar la fecha de referencia del valor, que en los impuestos suele ser la del devengo.
    • No preparar al perito para la ratificación y las preguntas de la parte contraria.

    En la práctica, estas faltas se corrigen con planificación: un calendario que fije cuándo se pide la documentación, cuándo se redacta el borrador, cuándo lo revisa el equipo jurídico y cuándo se presenta. Cuando el contribuyente acude al asesoramiento desde el inicio del conflicto, es posible plantear una defensa fiscal con LRB en la que pericia y alegaciones avanzan coordinadas.

    Quien ya ha leído sobre el recurso ante el TSJC en esta web puede completar esta visión con la guía sobre el recurso contencioso-administrativo tributario ante el TSJ de Cataluña, donde se detallan plazos, competencia y tramitación.

    Por último, el soporte de un dictamen depende de la claridad de su estructura. Para entender cómo debe organizarse y qué se espera de él, es útil consultar la página sobre el informe pericial y su estructura.

    Preguntas frecuentes

    ¿Puedo aportar un informe pericial en una reclamación económico-administrativa?

    Sí. La ley permite aportar los documentos y proponer las pruebas que el reclamante considere oportunas, en los momentos que establece el procedimiento. Lo recomendable es presentar el dictamen con el escrito de interposición o con el de alegaciones, para que el tribunal lo valore desde el principio.

    ¿Está obligado el TEAR o el tribunal a aceptar las conclusiones del perito?

    No. La valoración se hace conforme a la sana crítica. Ahora bien, si el órgano se aparta de un dictamen coherente y fundado, debe motivar su decisión y no limitarse a una afirmación genérica.

    ¿Qué ocurre si no aporté el informe en la vía administrativa?

    Aún puede proponerse en la fase contenciosa, con las limitaciones de plazo y forma propias de cada procedimiento. Sin embargo, haber ofrecido el informe antes suele reforzar la credibilidad del contribuyente y evita discusiones sobre su extemporaneidad.

    ¿El perito debe comparecer ante el tribunal?

    Depende del procedimiento y de lo que acuerde el órgano judicial. El perito debe estar disponible para ratificar el informe y contestar a las aclaraciones que se le soliciten.

    ¿Cuánto cuesta una prueba pericial en un recurso tributario?

    No existe una cifra única. Los honorarios dependen de la complejidad, de la documentación disponible y de la necesidad de ratificación. Lo prudente es solicitar un presupuesto cerrado tras un diagnóstico inicial del expediente.

    Conclusión

    La prueba pericial en la vía económico-administrativa y contenciosa es una herramienta reconocida por el ordenamiento para que el contribuyente defienda sus posiciones con base técnica. Su eficacia depende de tres factores: elegir bien la cuestión que se prueba, aportarla en el momento adecuado y mantener coherencia entre el dictamen y los motivos jurídicos del recurso. La Administración tributaria es una parte más y debe motivar sus actos; el contribuyente, apoyado en una pericia sólida, puede exigir que esa motivación resista el contraste técnico.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Informe pericial en una inspección tributaria: valor probatorio y mejor momento para aportarlo

    Informe pericial en una inspección tributaria: valor probatorio y mejor momento para aportarlo

    Un informe pericial en una inspección tributaria tiene valor probatorio como prueba técnica que el inspector debe valorar y, si discrepa, motivar su rechazo; no vincula a la Administración, pero puede desvirtuar sus estimaciones cuando acredita con datos y metodología un valor, una cuantía o una práctica de mercado distintos. En cuanto al momento, lo más eficaz suele ser aportarlo durante las actuaciones, antes de que se formalice el acta, o en el trámite de alegaciones posterior a la propuesta, y no esperar a la vía de recurso, donde el margen para completar el expediente es menor.

    Este artículo explica cómo se integra la pericia en el procedimiento inspector, cuál es su fuerza real, en qué fases conviene presentarla y qué errores restan eficacia. Quien afronte actuaciones de la AEAT o de la ATC en Cataluña puede apoyarse en servicios especializados de defensa en inspecciones de la AEAT, que combinan análisis técnico y estrategia procesal.

    El punto de partida: la carga de la prueba y la presunción de certeza

    El artículo 105 de la Ley General Tributaria establece que quien hace valer su derecho debe probar los hechos constitutivos del mismo. En la práctica, la Administración debe acreditar los presupuestos de la regularización que propone, y el contribuyente los hechos que invoca para oponerse. A ello se suma el artículo 144 de la misma ley, que otorga a las actas de inspección la consideración de documentos públicos con valor probatorio y presunción de certeza respecto de los hechos que el inspector refleja, salvo que se acredite lo contrario.

    Esa presunción se refiere a hechos, no a valoraciones jurídicas ni a juicios técnicos. Por eso un informe pericial tiene su espacio natural allí donde el acta contiene estimaciones, comparaciones o valores que no son hechos observados sino resultado de un razonamiento técnico: precios de mercado, rendimientos, márgenes, vida útil de activos, valor de participaciones. En esos terrenos la pericia permite aportar una alternativa fundada.

    Qué valor tiene realmente el informe pericial

    La Ley General Tributaria remite, para la valoración de pruebas, a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta, en su artículo 348, ordena valorar los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica. Traducido al procedimiento inspector, el informe:

    • No obliga al inspector a aceptar sus conclusiones.
    • Sí obliga a que la Administración examine su contenido y motive por qué lo rechaza, si decide hacerlo.
    • Gana peso cuando su metodología es transparente, los datos son verificables y el autor es independiente.
    • Pierde eficacia cuando se limita a afirmar conclusiones, presenta cálculos no reproducibles o ignora la documentación que obra en el expediente.

    Existe además un efecto menos visible pero importante: aunque el inspector no lo acepte en su totalidad, el informe fija el debate técnico. Si el asunto llega a un tribunal económico-administrativo o a la jurisdicción contencioso-administrativa, el órgano revisor tendrá delante dos tesis técnicas contrapuestas y podrá comprobar cuál está mejor argumentada.

    Fases del procedimiento y momento de aportarlo

    Durante las actuaciones

    Desde el inicio, el contribuyente puede aportar documentos y formular alegaciones, según reconoce el artículo 34 de la Ley General Tributaria entre los derechos del obligado. Presentar un informe pericial en esta fase tiene la ventaja de influir en el criterio del actuario antes de que adopte una posición cerrada. Es especialmente útil cuando el requerimiento de información deja entrever qué cuestión será el núcleo de la regularización, por ejemplo la valoración de una aportación no dineraria o la existencia de operaciones vinculadas.

    Tras la propuesta de regularización

    Si la inspección concluye con un acta de disconformidad, el obligado dispone de un plazo de quince días para formular alegaciones ante el órgano competente para liquidar, conforme al artículo 157 de la Ley General Tributaria y su desarrollo reglamentario. Es un momento clave: el informe pericial puede presentarse junto con el escrito de alegaciones, apoyando cada argumento con soporte técnico. La segunda opinión experta sobre la propuesta es una forma de usar esta fase, pues permite verificar los cálculos del actuario antes de contestar.

    Si se ofrece un acta con acuerdo

    Cuando se plantea una posible conformidad o un acta con acuerdo, conviene contar con una valoración independiente que permita decidir si el importe propuesto es razonable. Sobre esta alternativa y sus efectos en la sanción, puede consultarse el artículo sobre el acta de inspección con acuerdo en Cataluña.

    En la vía de recurso

    Ante el tribunal económico-administrativo, el informe puede aportarse con el escrito de alegaciones, de acuerdo con el artículo 236 de la Ley General Tributaria. Si no se presentó antes, todavía es posible, pero habrá que explicar por qué no se aportó en la fase inspectora, y la Administración podrá alegar que se trata de una prueba tardía. La conclusión práctica es que esperar al recurso para plantear la pericia suele ser una decisión menos eficaz que hacerlo durante el procedimiento.

    Casos típicos en los que el informe marca la diferencia

    Situación Cuestión técnica Aportación del informe
    Estimación indirecta de bases Margen bruto sectorial frente al real Reconstrucción con contabilidad analítica y comparables
    Operaciones vinculadas Precio de mercado de servicios o préstamos Análisis de comparabilidad y método
    Aportaciones no dinerarias Valor de los bienes aportados Valoración independiente referida a una fecha
    Gastos deducibles cuestionados Realidad y necesidad del servicio Evidencia de prestación y valor de mercado
    Amortizaciones y provisiones Vida útil o depreciación efectiva Informe técnico sobre el activo

    Un ejemplo hipotético

    Una empresa industrial del Baix Llobregat recibe una propuesta que eleva los ingresos de un ejercicio al aplicar un margen del 35 % que el inspector deduce de la media de su sector. La compañía fabrica a pedido, con costes de materiales muy variables, y su margen real ronda el 24 %. Los datos son hipotéticos, pero ilustran el tipo de discusión: un informe que reconstruya la estructura de costes, ejercicio por ejercicio, y la compare con empresas de características semejantes permitirá cuestionar una media sectorial poco representativa. Si el análisis se presenta en el trámite de alegaciones, el órgano que liquida tendrá oportunidad de revisar la propuesta antes de dictar el acuerdo.

    Errores que restan eficacia

    Antes de encargar el trabajo conviene fijar para qué se va a utilizar, ya que las finalidades de un informe pericial condicionan su alcance, su estructura y el momento en que debe estar listo. Entre los fallos más repetidos figuran los siguientes.

    • Encargar el informe cuando ya ha vencido el plazo de alegaciones.
    • Entregar un dictamen que no recoge la documentación que obra en el expediente administrativo.
    • Mezclar cálculos con argumentos jurídicos, sin separar lo que es técnico de lo que es interpretación legal.
    • Omitir una declaración de imparcialidad y de ausencia de conflicto de intereses.
    • Sustituir el análisis por una cifra alternativa sin explicar cómo se llega a ella.

    La coordinación entre el perito y el abogado evita estos fallos. Quien necesite integrarlos en una única estrategia puede valorar una defensa fiscal con LRB, donde la pericia se prepara teniendo en cuenta el momento procesal y el argumento jurídico que debe apoyar.

    Preguntas frecuentes

    ¿Está obligado el inspector a aceptar mi informe pericial?

    No. Pero sí debe valorarlo y, si lo rechaza, motivar las razones. Una motivación genérica puede convertirse en un argumento del recurso posterior.

    ¿Puedo presentar el informe antes de que se formalice el acta?

    Sí. El obligado puede aportar documentos y alegaciones durante las actuaciones. Hacerlo en esa fase permite influir en el criterio del actuario antes de que se redacte la propuesta.

    ¿Qué ocurre si firmo el acta de conformidad sin informe?

    La conformidad produce efectos, entre ellos la reducción de la sanción, pero limita las vías de discusión posterior. Por eso conviene analizar técnicamente la propuesta antes de aceptarla.

    ¿Cuánto tiempo hay para presentar alegaciones?

    En las actas de disconformidad, el plazo general es de quince días desde la notificación o la fecha del acta, según proceda. Es un plazo breve, por lo que la pericia debe estar encargada con antelación.

    ¿Sirve el mismo informe para el recurso posterior?

    Normalmente sí, e incluso puede actualizarse con las observaciones del acuerdo de liquidación. De ahí la ventaja de haberlo elaborado con rigor desde el principio.

    Conclusión

    El informe pericial en una inspección tributaria es una herramienta legítima para ejercer el derecho de defensa. No decide por sí solo el resultado, pero obliga a la Administración a debatir en términos técnicos y deja constancia de una posición fundada que podrá defenderse en la revisión. La regla práctica es planificarlo pronto, aportarlo durante el procedimiento y acompañarlo de una estrategia jurídica coherente, recordando que la Administración es una parte más y que sus estimaciones deben estar motivadas.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado