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  • Due diligence fiscal pericial: cuantificar contingencias

    Due diligence fiscal pericial: cuantificar contingencias

    Una due diligence fiscal pericial es una revisión tributaria de una empresa cuyas contingencias se cuantifican con método y se documentan como prueba. Aportar un informe pericial de ValiTax, visado por ASPEJURE, refuerza la prueba y la defensa porque convierte un riesgo difuso en cifras justificadas, útiles para negociar el precio y para responder a Hacienda.

    Actualizado en octubre de 2026.

    ¿Qué es una due diligence fiscal y qué la hace «pericial»?

    Una due diligence fiscal es el análisis de la situación tributaria de una sociedad antes de comprarla, venderla, reestructurarla o financiarla. Busca detectar incumplimientos, criterios discutibles y deudas latentes que puedan afectar a quien asume el negocio.

    Se vuelve pericial cuando el trabajo no se limita a enumerar riesgos. El perito explica el método, cita la documentación revisada, cuantifica cada contingencia con un rango y firma el informe con visado. Así, el resultado puede utilizarse como medio de prueba y no solo como documento interno de la negociación.

    ¿Cuándo conviene un formato pericial en la due diligence?

    No toda operación lo necesita. Conviene en estas situaciones:

    • Compraventa de empresas o participaciones: el comprador quiere fundamentar un ajuste de precio o una garantía.
    • Reestructuraciones societarias: fusiones, escisiones o canjes donde se debe acreditar el motivo económico válido.
    • Sucesiones de empresa familiar: las contingencias influyen en el valor declarado.
    • Disputas posteriores: el vendedor y el comprador discrepan sobre quién responde de una deuda.
    • Inspección en curso o previsible: se quiere estimar el riesgo antes de que la Administración lo cuantifique.

    En Cataluña, si la operación incluye transmisiones sujetas a tributos cedidos que gestiona la Agència Tributària de Catalunya (ATC), como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, conviene revisar también esa parte del perímetro.

    ¿Qué se revisa en una due diligence fiscal?

    El alcance se pacta según la operación, pero suele cubrir los impuestos principales y las obligaciones formales asociadas. Una revisión típica incluye:

    1. Impuesto sobre Sociedades: gastos deducibles, bases imponibles negativas y deducciones aplicadas.
    2. IVA: repercusión, deducción y regímenes especiales.
    3. Retenciones: trabajo, profesionales y capital mobiliario.
    4. Operaciones vinculadas: precios y documentación entre empresas del grupo.
    5. Inspecciones y procedimientos abiertos: estado de cada expediente y su posible desenlace.
    6. Obligaciones formales: declaraciones, libros y justificantes.

    Los criterios aplicables de cada impuesto deben contrastarse con la norma vigente en cada ejercicio. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, es el marco común de procedimientos, y los plazos y efectos concretos deben confirmarse caso por caso.

    ¿Cómo se cuantifica una contingencia fiscal?

    Cuantificar no es lo mismo que adivinar la cuota que reclamaría Hacienda. El perito suele separar varias capas para que el comprador y el vendedor discutan con la misma información:

    • Exposición máxima: cuota, intereses y sanción que se derivarían si prevaleciera el criterio más desfavorable.
    • Escenario probable: resultado más razonable según la documentación y los criterios conocidos.
    • Escenario favorable: resultado si el criterio de la empresa se sostiene.
    • Probabilidad cualitativa: alta, media o baja, siempre justificada.
    • Fuente del riesgo: documento, operación o práctica que lo origina.

    Esta estructura evita dos errores: sobrevalorar el riesgo para presionar el precio y minimizarlo para cerrar la operación. Un informe pericial equilibrado es más creíble ante ambas partes y ante un órgano de revisión.

    Ejemplo ilustrativo: ajuste de precio por una contingencia

    Ejemplo ilustrativo e hipotético. Un comprador negocia la adquisición de una sociedad por 5.000.000 de euros. La revisión detecta una deducción aplicada en varios ejercicios cuyo soporte documental es débil. El importe en juego, con intereses, podría rondar los 400.000 euros.

    El informe pericial describe la operación, explica por qué el riesgo es medio y fija un rango entre 150.000 y 400.000 euros. Con esa base, las partes acuerdan una retención parcial del precio hasta que se aclare el criterio. La negociación se apoya en cifras trazables y no en percepciones.

    ¿Qué utilidad tiene el informe frente a Hacienda?

    Si una contingencia se materializa en una comprobación, el informe previo ya contiene el análisis, la documentación y las alternativas de defensa. No sustituye a las alegaciones, pero acelera su preparación y orienta la estrategia.

    Además, un dictamen elaborado con anterioridad a la discusión muestra que el criterio se analizó con método. La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, destaca la objetividad e imparcialidad que se exige a los peritos y la posibilidad de aclarar su dictamen ante quien decide.

    Para profundizar en la relación entre precio y riesgos, puede leer el artículo sobre valoración de empresa y due diligence fiscal en una compraventa.

    ¿Qué errores se cometen al contratar una due diligence?

    • Alcance difuso: sin impuestos y periodos definidos, el informe se queda corto o se alarga.
    • Falta de acceso a documentos: sin soporte, el perito debe trabajar con hipótesis.
    • Informe sin cuantificar: una lista de riesgos no sirve para negociar.
    • Confundir riesgo con deuda cierta: no todo criterio discutible acabará en liquidación.
    • No actualizar el análisis: si la operación se retrasa, el informe puede quedar desfasado.

    Cómo puede ayudar un informe pericial de ValiTax

    ValiTax, la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal, elabora informes periciales jurídicos, empresariales y tributarios visados por ASPEJURE y avalados por Luis Miguel Larriba, perito judicial y Socio Director de LRB Tax & Legal. Su servicio de due diligence pericial de ValiTax está pensado para operaciones en las que las contingencias deben cuantificarse y poder defenderse.

    Un informe pericial de ValiTax delimita el perímetro, revisa la documentación, clasifica las contingencias y propone rangos motivados. Puede consultar las finalidades del informe pericial para ver otros usos. El equipo de LRB Tax & Legal complementa el trabajo con su servicio de due diligence jurídica y tributaria.

    Los plazos de referencia son de 10 a 15 días hábiles para un informe estándar, de 20 a 30 para uno complejo y de 3 a 5 días hábiles en urgencia, confirmados en cada encargo. La consulta inicial no tiene coste y el presupuesto se elabora a medida.

    ¿Revisión interna o due diligence pericial? Comparativa

    AspectoRevisión interna o de parte sin visarDue diligence pericial visada por ASPEJURE (ValiTax)
    ContingenciasEnumeradasCuantificadas con rangos
    MetodologíaVariableExplícita
    Uso en negociaciónOrientativoArgumento documentado
    Uso ante HaciendaLimitadoBase de la defensa
    VisadoNoSí, ASPEJURE
    RatificaciónInciertaPosible si se requiere

    Un informe pericial visado por ASPEJURE, como los que elabora ValiTax, es un medio de prueba que puede aportarse en el trámite de alegaciones o en un procedimiento posterior. Esa condición refuerza su admisibilidad y su peso frente a un análisis interno sin visar.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué diferencia hay entre una due diligence fiscal normal y una pericial?

    La normal identifica riesgos para uso interno. La pericial, además, cuantifica cada contingencia con rangos justificados, documenta el método y se firma con visado, por lo que puede utilizarse como medio de prueba. Esa diferencia importa si después hay una discusión con la otra parte o con la Administración.

    ¿Conviene aportar un informe pericial si Hacienda cuestiona una contingencia detectada?

    Sí, porque el informe previo ya recoge el análisis y las alternativas de defensa. Un informe pericial de ValiTax, visado por ASPEJURE, refuerza la prueba y la defensa al acreditar que el criterio se estudió con método. Debe integrarse en el escrito de alegaciones o recurso que corresponda.

    ¿Qué es ValiTax y qué aporta en una due diligence?

    ValiTax es la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal. Sus informes están visados por ASPEJURE y avalados por Luis Miguel Larriba, perito judicial. En una due diligence aporta cuantificación de contingencias, método documentado y un formato apto para negociar el precio o defenderse ante la Administración.

    ¿Cuánto tiempo requiere una due diligence fiscal pericial?

    Depende del alcance y de la documentación disponible. Como referencia, un informe estándar de ValiTax requiere de 10 a 15 días hábiles y uno complejo de 20 a 30. Hay una modalidad de urgencia de 3 a 5 días hábiles. Los plazos se confirman siempre en cada encargo.

    ¿Puede el comprador usar el informe para renegociar el precio?

    Sí, es uno de sus usos habituales. Al cuantificar las contingencias con rangos y probabilidades, el comprador dispone de una base documentada para pedir un ajuste de precio, una retención o una garantía. El vendedor, por su parte, puede contrastar los datos y proponer alternativas razonadas.

    Conclusión: cifras defendibles antes de firmar

    Una operación bien negociada parte de contingencias cuantificadas y de una defensa preparada. Un informe pericial de ValiTax, visado por ASPEJURE, ofrece ese soporte tanto en la mesa de negociación como frente a Hacienda. Para estudiar su operación, escriba a Contacto@LRB.es, llame al +34 684 234 831 o solicite un informe en ValiTax.

    Contenido informativo; no constituye asesoramiento jurídico individualizado.

  • Valoración de intangibles y fondo de comercio ante Hacienda

    Valoración de intangibles y fondo de comercio ante Hacienda

    La valoración de intangibles y del fondo de comercio ante una comprobación tributaria consiste en demostrar con método cuánto vale un activo que no se ve ni se toca: marcas, clientela, software o know-how. Aportar un informe pericial de ValiTax, visado por ASPEJURE, refuerza la prueba y la defensa porque documenta hipótesis, datos y cálculos que la Administración puede verificar.

    Actualizado en octubre de 2026.

    ¿Qué son los activos intangibles y el fondo de comercio?

    Un activo intangible es un recurso sin existencia física que genera beneficios económicos futuros. Son ejemplos habituales las marcas, las patentes, las licencias, las bases de clientes, el software y los derechos contractuales.

    El fondo de comercio es el valor que una empresa tiene por encima de la suma de sus activos identificables. Refleja factores como la organización, la reputación o las sinergias esperadas. Por su naturaleza, es el elemento más subjetivo de una valoración y, por tanto, el más discutido.

    ¿Cuándo se cuestiona su valor en una comprobación tributaria?

    La discusión suele aparecer cuando el importe asignado a un intangible determina la cuota de un impuesto. Estas son las situaciones más frecuentes:

    • Compraventa de empresa: el precio se reparte entre activos materiales, intangibles y fondo de comercio.
    • Operaciones entre partes vinculadas: cesión de marcas, licencias o servicios entre empresas del mismo grupo.
    • Aportaciones no dinerarias: valor asignado a activos intangibles al ampliar capital.
    • Transmisiones lucrativas: herencias y donaciones de empresas o participaciones con alto componente intangible.
    • Reestructuraciones: fusiones, escisiones o canjes donde el valor de los activos condiciona el resultado fiscal.

    En Cataluña, la Agència Tributària de Catalunya (ATC) gestiona tributos cedidos como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Cuando una empresa familiar o un negocio se transmite, la parte intangible de su valor puede ser objeto de comprobación.

    ¿Qué criterio de valor exige la normativa?

    Según el texto consolidado de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el valor de los bienes y derechos es su valor de mercado, entendido como el precio más probable entre partes independientes. Esa idea de valor de mercado es un buen punto de partida para cualquier valoración de un intangible.

    La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, permite a la Administración comprobar valores mediante los medios que prevé, y el contribuyente puede oponer su propia prueba técnica. Los requisitos y plazos concretos de cada procedimiento deben confirmarse en la notificación recibida.

    ¿Qué métodos se usan para valorar un intangible?

    No existe un método único. El perito elige el más adecuado según la naturaleza del activo y los datos disponibles, y justifica por qué descarta los demás. Los enfoques más conocidos son tres.

    Enfoque de ingresos

    Estima el valor actual de los flujos que el activo generará. Incluye técnicas como el descuento de flujos atribuibles al intangible o el ahorro de royalties, que calcula cuánto pagaría un tercero por usar una marca de forma equivalente.

    Enfoque de mercado

    Compara con transacciones o licencias similares. Es sólido cuando existen operaciones homogéneas y datos fiables, pero resulta difícil con activos muy singulares.

    Enfoque de coste

    Calcula lo que costaría reproducir o reemplazar el activo. Se emplea con frecuencia en software o en bases de datos, donde el coste de desarrollo es medible.

    El fondo de comercio suele obtenerse por diferencia: valor de la empresa en su conjunto menos valor de los activos identificables. Por eso depende de que ambas partes de la ecuación estén bien fundamentadas.

    ¿Qué debe contener un informe pericial sobre intangibles?

    Un informe pericial es un medio de prueba que se valora por su coherencia y su transparencia. Para que resista una comprobación, debería incluir:

    1. Identificación del activo: qué es, quién lo controla y cuál es su vida útil esperada.
    2. Fecha de valoración: momento al que se refiere el valor.
    3. Hipótesis de proyección: crecimiento, márgenes y riesgos explicados con datos.
    4. Tasa de descuento: componentes y fuentes que la sustentan.
    5. Contraste de resultados: aplicación de más de un enfoque cuando sea posible.
    6. Análisis de sensibilidad: cómo varía el valor si cambian las hipótesis clave.

    La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, exige a los peritos objetividad e imparcialidad, y permite someter su dictamen a explicación y aclaración. Un informe con hipótesis explícitas resiste mejor ese examen.

    Ejemplo ilustrativo: marca y clientela en la venta de un negocio

    Ejemplo ilustrativo e hipotético. Una sociedad catalana vende su negocio por 2.000.000 de euros. En la comprobación posterior, la Administración sostiene que el fondo de comercio asignado, de 300.000 euros, está infravalorado y propone elevarlo a 700.000.

    El perito analiza la antigüedad de la clientela, su concentración y su tasa de abandono, y calcula el valor de la marca por ahorro de royalties. Concluye un fondo de comercio de unos 350.000 euros y explica que la propuesta administrativa asume una retención de clientes que los datos no respaldan. La discusión pasa de la intuición a las hipótesis.

    ¿Qué errores son frecuentes al defender una valoración de intangibles?

    • Valorar por rentabilidad histórica sin proyectar: ignora riesgos y cambios del mercado.
    • No separar el activo de la empresa: mezcla flujos que no pertenecen al intangible.
    • Usar tasas sin justificar: pequeñas variaciones cambian mucho el resultado.
    • Omitir la vida útil: un activo con vida limitada vale menos que uno indefinido.
    • Aportar solo un informe interno: carece del peso de un dictamen pericial visado.

    Si su operación incluye una compraventa, puede complementar esta lectura con nuestro artículo sobre la valoración de empresa en una compraventa y due diligence fiscal.

    Cómo puede ayudar un informe pericial de ValiTax

    ValiTax, la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal, elabora informes periciales visados por ASPEJURE y avalados por Luis Miguel Larriba, perito judicial y Socio Director de LRB Tax & Legal. Entre sus finalidades figura la valoración de empresas y activos, incluidos los intangibles, para su uso como prueba en comprobaciones, recursos y procedimientos judiciales.

    Un informe pericial de ValiTax identifica el activo, elige el enfoque adecuado, documenta las hipótesis y cuantifica la sensibilidad del resultado. Puede conocer el alcance del servicio en la página de valoración de empresas y activos con ValiTax y entender cómo funciona en qué es el informe pericial.

    Como referencia, el informe estándar requiere de 10 a 15 días hábiles, el complejo de 20 a 30 y el de urgencia de 3 a 5 días hábiles, siempre confirmados en cada encargo. La consulta inicial no tiene coste y el presupuesto es a medida. LRB Tax & Legal puede integrar el informe en una estrategia más amplia mediante sus informes jurídicos y tributarios con visado pericial.

    ¿Informe interno o informe pericial visado? Comparativa

    AspectoInforme interno o de parte sin visarInforme pericial visado por ASPEJURE (ValiTax)
    HipótesisPocas veces documentadasExplícitas y contrastadas
    MétodosUno, sin compararUno o varios, justificados
    SensibilidadNormalmente ausenteIncluida
    Visado colegialNoSí, ASPEJURE
    Ratificación en salaInciertaPosible si se requiere
    Peso probatorioMenorReforzado

    Un informe pericial visado por ASPEJURE, como los que elabora ValiTax, es un medio de prueba que puede aportarse en el trámite de alegaciones, en un recurso o ante un juzgado. Su visado refuerza la admisibilidad y el peso frente a un informe interno de parte sin visar.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cómo se valora el fondo de comercio ante una comprobación?

    Normalmente por diferencia entre el valor de la empresa en su conjunto y el de sus activos identificables. Por eso ambas magnitudes deben estar bien fundamentadas. Un informe pericial documenta las hipótesis de proyección, la tasa de descuento y el contraste de resultados, de modo que la Administración pueda verificarlos.

    ¿Conviene aportar un informe pericial para defender el valor de un intangible?

    Sí, porque el valor de un intangible depende de hipótesis y no de un precio observable. Un informe pericial de ValiTax, visado por ASPEJURE, refuerza la prueba al explicar el método, las fuentes y la sensibilidad del resultado, algo que una estimación interna no suele acreditar con la misma solidez.

    ¿Qué es ValiTax y qué aporta en la valoración de activos?

    ValiTax es la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal. Sus informes, visados por ASPEJURE y avalados por Luis Miguel Larriba, perito judicial, cubren la valoración de empresas y activos. Aporta método explícito, análisis de sensibilidad y la posibilidad de ratificar el informe en sala cuando el procedimiento lo requiera.

    ¿Qué documentación hace falta para valorar una marca o una cartera de clientes?

    Suelen necesitarse cuentas anuales, previsiones, contratos relevantes, datos de facturación por cliente, series históricas de bajas y los documentos de la operación que se discute. Cuanto más completa llegue la información al inicio, más ajustado será el plazo del informe y más sólida su conclusión.

    ¿Cuánto tarda un informe de valoración de intangibles?

    Como referencia, un informe estándar de ValiTax requiere de 10 a 15 días hábiles y uno complejo de 20 a 30. Existe una modalidad de urgencia de 3 a 5 días hábiles. Los plazos se confirman en cada encargo y dependen de la complejidad del activo y de la documentación aportada.

    Conclusión: valore con método lo que no se ve

    Los intangibles y el fondo de comercio se defienden con hipótesis claras y cálculos que se puedan reproducir. Un informe pericial de ValiTax, visado por ASPEJURE, aporta esa prueba ante una comprobación. Para estudiar su caso, escriba a Contacto@LRB.es, llame al +34 684 234 831 o solicite un informe en ValiTax.

    Contenido informativo; no constituye asesoramiento jurídico individualizado.

  • Informe pericial exprés para alegaciones con plazo cercano

    Informe pericial exprés para alegaciones con plazo cercano

    Un informe pericial exprés es un dictamen elaborado en pocos días para acompañar unas alegaciones o responder a un requerimiento cuyo plazo está a punto de vencer. Aportar un informe pericial de ValiTax, visado por ASPEJURE, refuerza la prueba y la defensa incluso con poco margen, siempre que se pida cuanto antes y se delimite bien el objeto.

    Actualizado en octubre de 2026.

    ¿Qué es un informe pericial exprés y cuándo se necesita?

    Es un informe pericial completo, con su metodología y sus conclusiones, pero tramitado con prioridad porque existe una fecha límite cercana. No es un documento improvisado ni una versión recortada: lo que cambia es el calendario de trabajo, no el rigor.

    Se necesita en situaciones muy concretas. Suele ocurrir tras recibir un requerimiento de documentación, una propuesta de regularización, una comunicación de comprobación de valores o un trámite de audiencia. En todos ellos el contribuyente puede aportar pruebas, pero solo durante el plazo que indique la notificación.

    En Cataluña lo vemos a menudo en comprobaciones de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) sobre el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o sobre Sucesiones y Donaciones. Cuando la ATC cuestiona el valor declarado de un bien, el contribuyente necesita un argumento técnico, y lo necesita pronto.

    ¿Qué primeros pasos conviene dar al recibir una notificación con plazo corto?

    La reacción rápida es lo que más protege. Antes de pensar en el fondo del asunto, conviene seguir un orden sencillo:

    1. Anotar la fecha de notificación y localizar en el documento cuántos días concede y de qué tipo son.
    2. Identificar el trámite: requerimiento, propuesta, audiencia o liquidación, porque cada uno tiene consecuencias distintas.
    3. Reunir la documentación disponible: escrituras, contratos, balances, tasaciones previas y comunicaciones recibidas.
    4. Valorar la prueba necesaria: si la discrepancia es de valor, de cuantía o de calificación, probablemente hará falta un dictamen técnico.
    5. Contactar con un perito cuanto antes: cada día perdido reduce el margen de trabajo.

    La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula los procedimientos y los medios de prueba que pueden emplearse. Los plazos concretos dependen del trámite y de la notificación recibida, así que conviene confirmarlos en cada caso con un profesional y no darlos por supuestos.

    ¿Es posible un informe pericial serio en pocos días?

    Sí, cuando el objeto está bien definido y la documentación llega completa. La urgencia no se compensa con menos análisis, sino con una organización más estricta: un único interlocutor, un listado cerrado de documentos y un alcance acotado a lo que realmente se discute.

    Hay asuntos que se prestan mejor que otros. Una valoración puntual de un inmueble, la revisión de un cálculo concreto o la crítica de un informe ajeno son abordables en plazos cortos. Una valoración integral de un grupo societario, en cambio, requiere más tiempo y a veces conviene pedir una ampliación de plazo antes de aportar el informe.

    El método de trabajo y los plazos de ValiTax distinguen tres ritmos: estándar, complejo y urgencia. Esa clasificación ayuda a decidir qué aportar ahora y qué completar después.

    ¿Qué debe incluir la prueba pericial para ser útil en alegaciones?

    La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, es la referencia general sobre el dictamen de peritos. Su preámbulo subraya que todos los peritos deben actuar con objetividad e imparcialidad y que sus dictámenes pueden someterse a explicación y aclaración.

    Trasladado a unas alegaciones, un informe útil debería reunir estos elementos:

    • Objeto preciso: qué se valora o qué se verifica y con qué finalidad.
    • Documentación analizada: relación de los documentos que sustentan el trabajo.
    • Método explícito: comparables, rentas, flujos u otras técnicas, con su justificación.
    • Cálculos trazables: cifras que el órgano de comprobación pueda reproducir.
    • Conclusión motivada: una respuesta clara a la cuestión planteada.
    • Declaración de imparcialidad y firma: identificación del perito y su visado.

    Las alegaciones deben explicar qué demuestra el informe y por qué importa. El dictamen no sustituye al escrito: lo respalda con una prueba técnica.

    Ejemplo ilustrativo de un encargo con plazo ajustado

    Ejemplo ilustrativo e hipotético. Un contribuyente recibe una comunicación en la que la administración competente eleva a 500.000 euros el valor de un terreno que declaró por 380.000. El plazo para alegar vence en pocos días. Existe una tasación previa, pero no justifica sus comparables.

    Con un encargo urgente, el perito revisa la tasación, selecciona comparables homogéneos y concluye un rango entre 390.000 y 410.000 euros. Las alegaciones se presentan con el dictamen adjunto. Así el órgano de comprobación recibe una discrepancia fundamentada, y no una mera protesta, a tiempo de valorarla.

    ¿Qué riesgos tiene encargar un informe a última hora?

    Los riesgos aparecen cuando se espera demasiado. Estos son los más frecuentes:

    • Documentación incompleta: obliga a trabajar con hipótesis que debilitan la conclusión.
    • Alcance demasiado amplio: querer probarlo todo en pocos días reduce la calidad.
    • Pedir el informe el último día: ningún perito responsable puede garantizar un buen resultado sin margen.
    • Presentar fuera de plazo: la prueba tardía puede no ser tenida en cuenta.
    • Descuidar el escrito de alegaciones: un buen dictamen mal integrado pierde fuerza.

    Si el plazo no alcanza, cabe valorar con asesoramiento una solicitud de ampliación y aportar después el informe completo. Puede ver cómo se plantea en nuestro análisis de la segunda opinión pericial ante una propuesta de regularización.

    Cómo puede ayudar un informe pericial de ValiTax

    ValiTax, la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal, elabora informes periciales jurídicos, empresariales y tributarios visados por ASPEJURE y avalados por Luis Miguel Larriba, perito judicial y Socio Director de LRB Tax & Legal. Cuenta con una modalidad de urgencia pensada para alegaciones y requerimientos con plazo próximo a vencer.

    Un informe pericial de ValiTax revisa la documentación, delimita el objeto de la discrepancia, aplica un método explícito y entrega conclusiones listas para anexarse a las alegaciones. Su servicio de prueba pericial en inspecciones y comprobaciones está diseñado para ese uso.

    Como referencia, el informe estándar requiere de 10 a 15 días hábiles, el complejo de 20 a 30 y el de urgencia de 3 a 5 días hábiles, que se confirman en cada encargo. La consulta inicial no tiene coste y el presupuesto se elabora a medida. Para el escrito en sí, el equipo de LRB Tax & Legal puede coordinar la estrategia con los procedimientos tributarios de defensa frente a Hacienda.

    ¿Informe estándar o informe exprés? Comparativa

    AspectoInforme estándarInforme exprés de ValiTax
    Plazo de referencia10-15 días hábiles3-5 días hábiles
    AlcanceAmplioAcotado al punto discutido
    DocumentaciónSe completa durante el trabajoDebe llegar completa al inicio
    VisadoASPEJUREASPEJURE
    Uso típicoRecursos y litigiosAlegaciones y requerimientos
    Confirmación del plazoEn cada encargoEn cada encargo

    Un informe pericial visado por ASPEJURE, como los que elabora ValiTax, es un medio de prueba que puede aportarse en el trámite de alegaciones. La versión de urgencia no rebaja el visado ni la metodología; reduce el calendario y exige que el objeto y la documentación estén definidos desde el primer día.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué es un informe pericial exprés?

    Un informe pericial exprés es un dictamen completo tramitado con prioridad porque existe un plazo cercano, por ejemplo el de unas alegaciones. Mantiene metodología, conclusiones y visado; lo que se acorta es el calendario, y por eso exige un objeto bien delimitado y documentación completa desde el inicio.

    ¿Conviene aportar un informe pericial en el trámite de alegaciones?

    Sí, cuando la discrepancia es técnica, como un valor o un cálculo. Un informe pericial de ValiTax, visado por ASPEJURE, refuerza la prueba y la defensa porque convierte la discrepancia en argumentos verificables. Debe presentarse dentro del plazo concedido y acompañarse de un escrito que explique qué demuestra.

    ¿Cuánto tarda un informe de urgencia de ValiTax?

    Como referencia, un informe de urgencia de ValiTax requiere de 3 a 5 días hábiles, frente a los 10-15 de un informe estándar y los 20-30 de uno complejo. El plazo exacto se confirma en cada encargo y depende de que la documentación llegue completa.

    ¿Qué es ValiTax y qué aporta cuando el plazo es corto?

    ValiTax es la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal. Sus informes están visados por ASPEJURE y avalados por Luis Miguel Larriba, perito judicial. Con plazo corto aporta una modalidad de urgencia que mantiene el método y el visado y entrega conclusiones listas para anexar a las alegaciones.

    ¿Qué hago si el plazo no alcanza para el informe?

    Consulte con un profesional si procede solicitar una ampliación de plazo y aporte, mientras tanto, el escrito con la documentación disponible. Después puede completarse la prueba con el informe pericial. Lo importante es no dejar vencer el plazo y confirmar en cada caso qué margen concede la notificación.

    Conclusión: actúe en cuanto reciba la notificación

    Con un plazo corto, cada día cuenta. Un informe pericial de ValiTax, visado por ASPEJURE, permite aportar prueba técnica a unas alegaciones sin renunciar al método. Si tiene una notificación en curso, escriba a Contacto@LRB.es, llame al +34 684 234 831 o solicite un informe urgente en ValiTax.

    Contenido informativo; no constituye asesoramiento jurídico individualizado.

  • Contrainforme pericial: cómo rebatir al perito de Hacienda

    Contrainforme pericial: cómo rebatir al perito de Hacienda

    Un contrainforme pericial es un dictamen técnico que analiza y rebate el informe del perito de la Administración o de la parte contraria. Aportar un informe pericial de ValiTax, visado por ASPEJURE, refuerza la prueba y la defensa porque sustituye una discrepancia genérica por argumentos verificables, metodología explícita y cifras contrastadas.

    Actualizado en octubre de 2026.

    ¿Qué es un contrainforme pericial y para qué sirve?

    Un contrainforme pericial es la respuesta técnica a otro informe pericial. No parte de cero: examina el dictamen rival, localiza sus errores y propone, si procede, una conclusión alternativa y motivada.

    Sirve en dos escenarios habituales. El primero es el procedimiento tributario, cuando la Administración valora un bien o una empresa y el contribuyente discrepa. El segundo es el litigio, cuando la otra parte aporta su propio perito y el juez o el árbitro debe decidir a quién creer.

    En Cataluña ocurre con frecuencia en los tributos cedidos que gestiona la Agència Tributària de Catalunya (ATC), como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o el de Sucesiones y Donaciones. Allí la valoración de un inmueble o de unas participaciones decide la cuota final.

    ¿Qué base legal tiene la prueba pericial en materia tributaria?

    La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, permite a la Administración comprobar valores con los medios que enumera su artículo 57. También regula la tasación pericial contradictoria como vía para discutir una valoración administrativa.

    Fuera del procedimiento administrativo, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, ordena el dictamen de peritos. Según su preámbulo, los peritos aportados por las partes no son recusables, pero pueden ser tachados y deben actuar con objetividad e imparcialidad.

    Esa idea es clave. Un informe pericial es un medio de prueba que se valora por su rigor y su coherencia, no por quién lo firma. Por eso un contrainforme sólido puede inclinar la balanza.

    ¿Cuándo conviene pedir una segunda opinión pericial?

    Conviene cuando el valor discutido tiene impacto económico relevante y el informe rival presenta puntos débiles. Estas son las señales más frecuentes:

    • La valoración usa comparables que no se parecen al bien analizado.
    • El informe no explica el método ni justifica sus hipótesis.
    • Ignora el estado físico, jurídico o urbanístico del bien.
    • Aplica tasas de descuento o múltiplos sin fuente identificable.
    • Omite datos aportados por el contribuyente o los interpreta sin motivación.

    Si detecta alguna de ellas, una segunda opinión experta permite saber, antes de actuar, si merece la pena impugnar. A veces el análisis confirma que la valoración rival es razonable, y eso también aporta valor porque evita un recurso sin recorrido.

    Puede ampliar el planteamiento en nuestro artículo sobre la segunda opinión pericial ante una propuesta de regularización.

    ¿Qué debe contener un buen contrainforme?

    Un contrainforme eficaz es ordenado y fácil de seguir por quien decide. Debería incluir, como mínimo, estos bloques:

    1. Identificación del informe rival: autor, fecha, objeto y documentos que utiliza.
    2. Metodología: si el método elegido es adecuado para el bien y para el fin de la valoración.
    3. Datos de partida: comprobación de superficies, rentas, balances o contratos empleados.
    4. Errores concretos: cada defecto señalado con su efecto cuantitativo en el resultado.
    5. Conclusión motivada: el valor o el rango que resulta de corregir esos errores.
    6. Declaración de imparcialidad: manifestación de objetividad y de las fuentes consultadas.

    Cuantificar cada error es lo que más pesa. Decir que un comparable es inadecuado convence menos que demostrar cuánto cambia el valor al sustituirlo por otro homogéneo.

    Ejemplo ilustrativo de contrainforme en una comprobación

    Ejemplo ilustrativo e hipotético. Una persona hereda un local comercial en Cataluña. La administración competente comprueba su valor y fija 400.000 euros. El informe usa tres comparables situados en una zona de mayor demanda y no aplica ningún ajuste por antigüedad ni por estado de conservación.

    El contrainforme homogeneiza los comparables, incorpora los ajustes omitidos y propone 340.000 euros. La diferencia de 60.000 euros se desglosa por factor: ubicación, antigüedad y estado. Con esa trazabilidad, quien resuelve puede comprobar cada paso y decidir con criterio.

    ¿Qué errores debe evitar quien aporta un contrainforme?

    • Llegar tarde: un dictamen que no entra en plazo no se valora.
    • Criticar sin cifras: las objeciones genéricas no mueven la conclusión.
    • Proponer un valor sin método: sustituir un número por otro no basta.
    • Depender de un informe interno: un documento elaborado por la propia empresa tiene menos peso.
    • Descuidar la ratificación: el perito debe poder defender su trabajo ante el juez o el tribunal.

    Conviene además revisar con calma la notificación recibida, porque los plazos para actuar los fija la propia norma y el propio acto. En un caso concreto, un profesional debe confirmarlos antes de decidir.

    Cómo puede ayudar un informe pericial de ValiTax

    ValiTax, la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal, elabora informes periciales jurídicos, empresariales y tributarios visados por ASPEJURE y avalados por Luis Miguel Larriba, perito judicial y Socio Director de LRB Tax & Legal. Trabaja en toda España de forma telemática, con ratificación presencial en sala cuando el procedimiento lo requiere.

    Un informe pericial de ValiTax analiza el dictamen rival, revisa sus datos, contrasta su método y cuantifica el efecto de cada error. Después aporta una conclusión propia y motivada, redactada para ser leída por una inspección, un tribunal económico-administrativo o un juzgado. Puede conocer el servicio en la página de informes periciales tributarios de ValiTax.

    Los plazos de referencia son de 10 a 15 días hábiles para un informe estándar y de 20 a 30 para uno complejo. Si el plazo corre, existe la modalidad de urgencia, de 3 a 5 días hábiles; todos se confirman en cada encargo. La consulta inicial no tiene coste y el presupuesto se ajusta a cada caso.

    Si el contrainforme se integra en una estrategia de defensa más amplia, el equipo de LRB Tax & Legal puede coordinarlo con la defensa ante comprobaciones e inspecciones tributarias.

    ¿Informe interno o informe pericial visado? Comparativa

    AspectoInforme interno o de parte sin visarInforme pericial visado por ASPEJURE (ValiTax)
    NaturalezaDocumento de apoyoMedio de prueba elaborado ad hoc
    VisadoNoSí, ASPEJURE
    Ratificación en salaInciertaPosible cuando se requiere
    MetodologíaVariableExplícita y verificable
    Efecto de cada errorRara vez cuantificadoCuantificado
    Uso en alegaciones y recursosLimitadoPensado para ello

    Un informe pericial visado por ASPEJURE, como los que elabora ValiTax, es un medio de prueba que puede aportarse en el trámite de alegaciones, en un recurso o en un procedimiento judicial. Esa condición refuerza su admisibilidad y su peso frente a un informe interno sin visar.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué es un contrainforme pericial?

    Un contrainforme pericial es un dictamen que analiza y rebate el informe pericial de la Administración o de la parte contraria. Examina su método y sus datos, cuantifica sus errores y propone una conclusión alternativa motivada, de modo que quien decide pueda comparar ambos criterios con elementos objetivos.

    ¿Conviene aportar un informe pericial frente al perito de Hacienda?

    Sí, conviene cuando el valor discutido es relevante y el informe de la Administración presenta debilidades. Un informe pericial de ValiTax, visado por ASPEJURE, refuerza la prueba porque ofrece método explícito y cifras contrastadas, algo que una simple discrepancia del contribuyente no logra por sí sola.

    ¿Qué es ValiTax y qué aporta frente a un perito contrario?

    ValiTax es la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal. Elabora informes visados por ASPEJURE y avalados por Luis Miguel Larriba, perito judicial. Frente a un perito contrario aporta un análisis independiente del dictamen rival, con los errores cuantificados y la posibilidad de ratificación en sala.

    ¿Cuánto tarda en elaborarse un contrainforme?

    Depende de la complejidad. Como referencia, un informe estándar de ValiTax requiere de 10 a 15 días hábiles, uno complejo de 20 a 30 y uno de urgencia de 3 a 5, siempre confirmados en cada encargo. Conviene pedirlo en cuanto se recibe el informe rival.

    ¿Puede el perito ratificar su informe ante el tribunal?

    Sí. El informe pericial puede ratificarse en sala cuando el procedimiento lo requiere, y ValiTax contempla esa ratificación presencial. Que el perito pueda explicar y defender su trabajo ante quien decide es una de las ventajas del dictamen pericial frente a un documento interno.

    Conclusión: refuerce su prueba antes de que sea tarde

    Frente a un perito de la Administración o de la parte contraria, discrepar no basta: hay que demostrar el error con método y con cifras. Un informe pericial de ValiTax, visado por ASPEJURE, es la forma de aportar esa prueba con garantías. Para plantear su caso, escriba a Contacto@LRB.es, llame al +34 684 234 831 o solicite un informe en ValiTax.

    Contenido informativo; no constituye asesoramiento jurídico individualizado.

  • Segunda opinión pericial ante una propuesta de regularización: cuándo pedirla y cómo usarla en las alegaciones

    Segunda opinión pericial ante una propuesta de regularización: cuándo pedirla y cómo usarla en las alegaciones

    Una segunda opinión pericial ante una propuesta de regularización es la revisión técnica e independiente que un perito realiza sobre los cálculos, los criterios y las conclusiones con los que la Administración tributaria pretende liquidar una deuda adicional. Cuando llega una propuesta de liquidación, o un acta que el contribuyente debe firmar en conformidad, en disconformidad o con acuerdo, el tiempo para reaccionar es corto y la tentación de aceptar para cerrar el asunto es alta. Contrastar la propuesta con una mirada ajena permite saber si el importe es razonable, si los métodos empleados se sostienen y qué margen existe para discutirla.

    Este artículo explica en qué consiste esta revisión, cuándo conviene solicitarla, qué se analiza, cómo se integra en las alegaciones y en qué se diferencia de la defensa jurídica. Como referencia de lo que supone este tipo de trabajo, puede consultarse la página sobre la segunda opinión experta de ValiTax.

    Cuándo llega una propuesta de regularización

    En los procedimientos de inspección y de comprobación, la Administración concluye su análisis con una propuesta que se comunica al contribuyente. En la inspección, la propuesta se plasma en un acta cuya firma tiene tres formatos: de conformidad, con acuerdo o de disconformidad. En la comprobación limitada o en la verificación de datos, la propuesta de liquidación se notifica con un trámite de alegaciones previo a la resolución. En todos los casos, el plazo para alegar es breve, normalmente de entre diez y quince días hábiles según el procedimiento, por lo que la revisión técnica debe iniciarse cuanto antes.

    La propuesta no es todavía el acto definitivo, y eso es lo que da sentido a la segunda opinión: mientras no se firme ni se liquide, el contribuyente conserva todas las vías para influir en el resultado. Firmar una conformidad sin haber analizado la propuesta cierra la discusión; alegar con un informe fundado la mantiene abierta.

    Qué analiza una segunda opinión pericial

    • Los hechos. Si lo que la propuesta da por probado se corresponde con la documentación y con la realidad económica de la operación.
    • Los cálculos. Errores aritméticos, bases mal determinadas, ejercicios o periodos asignados incorrectamente, aplicación de tipos o deducciones.
    • Las valoraciones. Si el valor de mercado, el precio de transferencia, la amortización o la estimación aplicada son razonables y están motivados.
    • Las estimaciones indirectas. Si los márgenes o módulos empleados son comparables y se han justificado.
    • Los intereses y las sanciones. Si están correctamente calculados, si procede la reducción y si la culpabilidad está motivada.
    • El soporte documental. Qué pruebas faltan y qué documentos pueden aportarse todavía.

    El perito no sustituye al abogado: aporta la parte técnica y cuantitativa, que se integra en el escrito de alegaciones o se utiliza para decidir si conviene firmar un acta con acuerdo. Si el análisis aconseja aportar un dictamen formal, este adopta la forma de los informes periciales tributarios habituales, con método y fuentes verificables.

    Las tres modalidades de acta y la decisión de firmar

    Cuando la propuesta toma forma de acta de inspección, la decisión de firmarla se apoya en cifras. La Ley General Tributaria distingue entre el acta de conformidad (artículo 155), el acta con acuerdo para supuestos de apreciación de hechos, estimación, valoración o medición de difícil cuantificación, y el acta de disconformidad (artículo 157). El artículo 188 prevé reducciones de sanción vinculadas a la conformidad y al pronto pago. Esas reducciones pueden compensar una discrepancia pequeña, pero también pueden empujar a aceptar una liquidación inexacta; una segunda opinión sirve precisamente para calcular cuánto cuesta firmar y cuánto cuesta discutir. Para profundizar en el acta con acuerdo y sus implicaciones, resulta útil la guía sobre el acta de inspección con acuerdo en Cataluña.

    Modalidad Qué implica Papel de la segunda opinión
    Acta de conformidad El contribuyente acepta la propuesta; hay reducción de sanción Confirmar que los importes son correctos antes de aceptar
    Acta con acuerdo Pacto sobre cuestiones de apreciación o valoración; reducción mayor de sanción Fijar un rango razonable para negociar y evaluar si el pacto compensa
    Acta de disconformidad No se acepta; se alega y se resuelve después Preparar el informe que sostendrá las alegaciones

    Un ejemplo hipotético

    Imagínese, con fines meramente ilustrativos, una empresa catalana que recibe una propuesta de regularización del Impuesto sobre Sociedades por 85.000 euros de cuota, más intereses y una posible sanción. La propuesta rechaza como no deducible un conjunto de servicios de gestión facturados por una sociedad vinculada, argumentando que no se acreditó su valor de mercado. Una segunda opinión pericial analiza la documentación, comprueba que la empresa dispone de contratos, entregables y comparables sectoriales, y concluye que una parte de esos servicios era deducible y que el precio aplicado se movía dentro de un rango razonable. Con ese informe, la empresa alega para reducir el importe de la regularización y decide no firmar el acta en conformidad.

    El caso es inventado y no refleja ningún expediente real, pero ilustra una dinámica frecuente: el valor del dictamen no está en llevar siempre la razón, sino en convertir una discrepancia vaga en una discusión concreta, cuantificada y documentada.

    Cómo se integra en las alegaciones

    1. Diagnóstico rápido. En pocos días se identifica qué partidas son discutibles y cuáles no merece la pena discutir.
    2. Documentación. Se recopilan los contratos, las facturas, los justificantes de pago y los datos de mercado que sirven de soporte.
    3. Informe. Se redacta el dictamen con método, fuentes y conclusiones, y con la declaración de objetividad del perito conforme al artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
    4. Escrito de alegaciones. El equipo jurídico incorpora el informe y lo conecta con los motivos de derecho.
    5. Decisión sobre el acta. Con el informe en la mano, se valora si conviene firmar con acuerdo, firmar en disconformidad o negociar.

    Este enfoque encaja con la defensa técnica en una inspección de la AEAT, donde el informe se prepara para ser aportado en la fase en la que más influencia puede tener.

    Cuándo no compensa y cuándo es imprescindible

    No todas las regularizaciones exigen una segunda opinión pericial. Si la propuesta recoge un error de cálculo evidente o un criterio claramente jurídico sin controversia técnica, bastan unas alegaciones breves. Por el contrario, resulta casi imprescindible cuando:

    • La propuesta se basa en una valoración, una estimación o una comparación de precios.
    • La cuantía es relevante en relación con el patrimonio o la tesorería del contribuyente.
    • Se propone firmar un acta con acuerdo y es necesario saber si el pacto es favorable.
    • Existen sanciones cuya reducción depende de un cálculo detallado.
    • La documentación aportada hasta el momento es escasa y debe reconstruirse.

    Independencia y confidencialidad

    Una segunda opinión solo es útil si es independiente. El perito debe analizar el expediente sin vinculación con la contabilidad o con la gestoría que preparó las declaraciones, para evitar el sesgo de defender lo ya hecho. Además, mientras el contribuyente no decida aportar el informe, el análisis es confidencial, de modo que puede conocerse el estado real del riesgo sin comprometer la estrategia. El informe solo se incorpora al expediente si el contribuyente y su equipo deciden hacerlo.

    Esta cautela permite plantear con libertad escenarios: qué ocurre si se firma, qué si se discute y qué si se aporta un informe, antes de decidir. En la práctica, es habitual combinar el análisis técnico con la asistencia de una defensa fiscal con LRB, de manera que el criterio pericial y la estrategia jurídica estén coordinados desde el principio.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cuánto tiempo tengo para pedir una segunda opinión?

    El que le quede hasta el vencimiento del plazo de alegaciones o de la firma del acta. Cuanto antes se encargue, más margen hay para reunir documentación y preparar un informe aportable.

    ¿La segunda opinión paraliza el procedimiento?

    No. Los plazos siguen corriendo, por lo que es importante actuar con rapidez. Si fuera necesario, el equipo jurídico puede solicitar ampliaciones de plazo cuando la ley lo permita.

    ¿Puedo usar el informe aunque decida firmar el acta?

    Sí, puede servir para negociar un acta con acuerdo o para decidir con conocimiento de causa. Si firma de conformidad, el informe habrá cumplido su función de orientar la decisión.

    ¿Qué diferencia hay con una asesoría fiscal habitual?

    La asesoría que preparó las declaraciones puede estar implicada en el asunto. La segunda opinión se caracteriza por su independencia y por centrarse en contrastar las cifras y los criterios de la propuesta.

    ¿El informe es prueba en el procedimiento?

    Si se aporta, es un medio de prueba que la Administración y, en su caso, el tribunal deben valorar conforme a la sana crítica. Su peso depende de su método, sus fuentes y su coherencia.

    Conclusión

    La segunda opinión pericial ante una propuesta de regularización permite al contribuyente decidir con información: qué partidas discutir, qué importe es razonable y si conviene firmar, negociar o alegar. No sustituye a la defensa jurídica, sino que le da base técnica y cuantitativa. La Administración es una parte más del procedimiento y su propuesta es todavía revisable; quien dedica unos días a contrastarla con un experto independiente llega a la decisión final con argumentos, no con urgencia.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Prueba pericial en la vía económico-administrativa y contenciosa: cómo plantearla ante el TEAR y el TSJ de Cataluña

    Prueba pericial en la vía económico-administrativa y contenciosa: cómo plantearla ante el TEAR y el TSJ de Cataluña

    La prueba pericial en la vía económico-administrativa y contenciosa permite al contribuyente acreditar con rigor técnico una cuestión que la Administración tributaria ha resuelto de forma distinta: un valor, una cuantía, una práctica de mercado o la realidad económica de una operación. Puede proponerse ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) y, después, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pero cada sede tiene reglas, momentos y límites propios. La regla general es sencilla de enunciar y difícil de cumplir en la práctica: conviene anunciar y aportar el dictamen lo antes posible, sin esperar a la demanda.

    Este artículo recorre cómo se articula la pericia en cada fase, qué exige la ley, qué errores restan eficacia al informe y cómo coordinarlo con la estrategia jurídica. Para casos en los que el resultado depende de un cálculo discutido, la prueba pericial judicial y administrativa de ValiTax ofrece una referencia del tipo de trabajo que se espera de un dictamen aportable ante un órgano revisor.

    Dónde se puede aportar prueba pericial en materia tributaria

    El camino habitual de un acto tributario discutido en Cataluña comienza con la liquidación de la Agencia Tributaria estatal (AEAT) o de la Agència Tributària de Catalunya (ATC). Frente a ella caben dos opciones: un recurso de reposición potestativo ante el mismo órgano o una reclamación económico-administrativa ante el TEAR, ambas con plazo de un mes desde la notificación. Agotada la vía administrativa, se abre la jurisdicción contencioso-administrativa, con un plazo de dos meses para interponer el recurso. En cada escalón existe un momento para la prueba.

    • Procedimiento de aplicación de los tributos. Durante la comprobación o la inspección, el contribuyente puede aportar informes en el trámite de alegaciones. Es la mejor ocasión para que el dictamen influya en la propuesta de liquidación y no solo en su revisión.
    • Reclamación económico-administrativa. El escrito de interposición y el de alegaciones son los momentos en que el reclamante puede aportar documentos y proponer pruebas. La Ley General Tributaria regula la prueba en esta vía en sus artículos 236 y siguientes, con remisión a su artículo 106 y, por tanto, a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
    • Recurso contencioso-administrativo. Según la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la prueba se propone en la demanda y la contestación, y el tribunal decide si recibe el pleito a prueba. La pericial se rige por la Ley de Enjuiciamiento Civil de forma supletoria.

    El valor probatorio del dictamen según la ley

    El artículo 106 de la Ley General Tributaria establece que, en los procedimientos tributarios, los medios y la valoración de la prueba se rigen por el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo especialidades. De ahí que los artículos 335 a 352 de esta última sirvan de guía: el perito debe manifestar que actúa con la mayor objetividad posible (art. 335), el dictamen se valora según las reglas de la sana crítica (art. 348) y el tribunal puede pedir aclaraciones al experto (art. 347).

    Conviene subrayar lo que esto implica para el contribuyente. La Administración no es una autoridad cuya palabra goce de preferencia automática frente al informe del perito; es una parte más del procedimiento. Si el dictamen está bien fundado, expone su método, cita sus fuentes y responde a los argumentos de la liquidación, el órgano revisor debe valorarlo y, si lo rechaza, explicar por qué. Por el contrario, un informe genérico, con cifras sin soporte o con conclusiones jurídicas disfrazadas de técnicas, tendrá un peso escaso.

    Prueba pericial ante el TEAR de Cataluña

    La vía económico-administrativa es gratuita, se tramita con relativa agilidad en comparación con la jurisdiccional y no exige abogado ni procurador. Esas ventajas la convierten en el lugar donde muchos contribuyentes plantean por primera vez la pericia. Algunas ideas prácticas:

    1. Aportar el informe con el escrito de alegaciones o, si es posible, con el de interposición, de modo que el tribunal lo tenga disponible desde el principio.
    2. Ligar el informe a un motivo de impugnación concreto. Si la discusión versa sobre el valor de unas participaciones, el dictamen debe responder precisamente a esa pregunta y a la fecha de devengo que corresponda.
    3. Anticipar la respuesta a la Administración. El expediente administrativo ya contiene los argumentos de la oficina gestora o de inspección; el perito debe rebatirlos, no ignorarlos.
    4. Cuidar los plazos. Los plazos de alegaciones son improrrogables en la práctica y un informe de calidad requiere tiempo de preparación. Es preferible solicitar la puesta de manifiesto del expediente cuanto antes.

    Hay otra consideración estratégica. Lo que se alegue y pruebe en la vía económico-administrativa condiciona el recorrido posterior, porque el recurso contencioso se plantea contra la resolución del tribunal económico-administrativo y los motivos de fondo deben haberse suscitado con claridad. Dejar la pericia para el juzgado o la Sala puede ser un error cuando el órgano administrativo habría podido estimar la reclamación con el dictamen sobre la mesa.

    Prueba pericial en el recurso contencioso-administrativo

    Ante el juzgado o la Sala del TSJC, la pericial adopta formas distintas según el procedimiento. En el procedimiento abreviado, de menor cuantía, la prueba suele practicarse en la vista y el dictamen se aporta con antelación suficiente. En el procedimiento ordinario, el informe suele acompañar a la demanda, y el tribunal puede acordar su ratificación o la intervención del perito para aclaraciones.

    Dictamen aportado con la demanda

    Es la opción más habitual y la más previsible. El perito firma su informe, declara su imparcialidad en los términos del artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y queda a disposición del tribunal. Si la contraparte lo cuestiona, deberá oponer un análisis técnico propio o argumentos concretos, no meras negaciones.

    Perito designado por el tribunal

    En ciertos casos, cualquiera de las partes puede pedir que el órgano judicial designe al experto, con las ventajas e inconvenientes que se analizan en otro artículo de esta serie. La designación judicial refuerza la apariencia de neutralidad, pero resta control a la parte sobre el contenido y el calendario.

    Ratificación y aclaraciones

    El dictamen no termina con su firma. El perito debe estar preparado para explicar sus hipótesis, responder a preguntas de la Abogacía del Estado o de los letrados de la Generalitat y defender cada cifra. Un informe cuyo autor no puede sostenerlo oralmente pierde parte de su valor, aunque esté bien redactado.

    Cuándo la pericia es decisiva y cuándo sobra

    Situación ¿Pericial recomendable? Motivo
    Discusión sobre el valor de inmuebles o participaciones Sí El resultado depende de un cálculo técnico
    Estimación indirecta con márgenes sectoriales Sí Permite reconstruir la actividad con datos propios
    Valoración de operaciones vinculadas Sí Exige comparables y método de mercado
    Interpretación de una norma sin hechos discutidos No Basta la argumentación jurídica
    Prescripción o caducidad del procedimiento No Es una cuestión de plazos y fechas

    La tabla ofrece orientaciones generales; cada expediente exige su propio diagnóstico. Una pericia innecesaria encarece el recurso y puede distraer del argumento principal, mientras que una pericia que falta cuando era imprescindible deja al contribuyente sin pruebas sobre la cuestión central.

    Un ejemplo hipotético

    Imagínese, con fines meramente ilustrativos, una sociedad catalana a la que se liquida el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales por un inmueble industrial valorado por la Administración en 1.200.000 euros, frente a los 900.000 euros declarados. Con la liquidación en la mano, el contribuyente encarga un informe que utiliza testigos de mercado de la misma zona, analiza el estado de conservación y concluye un valor de 930.000 euros. El dictamen se aporta con la reclamación ante el TEAR junto con un escrito que señala que la valoración administrativa no explicó los coeficientes aplicados. La discusión ya no gira en torno a una opinión frente a otra, sino en torno a la motivación de la comprobación, que la Ley General Tributaria exige.

    Este esquema, aunque ficticio, muestra la lógica de la prueba: el informe aporta el contenido técnico, y la defensa jurídica lo conecta con el defecto del acto impugnado. Para ordenar ese trabajo conjunto, resulta útil la defensa técnica frente a una inspección de la AEAT, que describe cómo se prepara la documentación antes de que se cierre el expediente.

    Errores frecuentes al proponer la prueba pericial

    • Esperar a la demanda para pensar en la pericia cuando ya se podría haber aportado en la vía administrativa.
    • Encargar un informe sin definir con precisión la pregunta técnica, lo que produce dictámenes extensos pero inútiles.
    • No acompañar los anexos: contratos, cuentas anuales, fichas de comparables y fuentes de los datos.
    • Presentar como pericial lo que es una opinión jurídica, algo que el tribunal no necesita ni valora como prueba.
    • Descuidar la fecha de referencia del valor, que en los impuestos suele ser la del devengo.
    • No preparar al perito para la ratificación y las preguntas de la parte contraria.

    En la práctica, estas faltas se corrigen con planificación: un calendario que fije cuándo se pide la documentación, cuándo se redacta el borrador, cuándo lo revisa el equipo jurídico y cuándo se presenta. Cuando el contribuyente acude al asesoramiento desde el inicio del conflicto, es posible plantear una defensa fiscal con LRB en la que pericia y alegaciones avanzan coordinadas.

    Quien ya ha leído sobre el recurso ante el TSJC en esta web puede completar esta visión con la guía sobre el recurso contencioso-administrativo tributario ante el TSJ de Cataluña, donde se detallan plazos, competencia y tramitación.

    Por último, el soporte de un dictamen depende de la claridad de su estructura. Para entender cómo debe organizarse y qué se espera de él, es útil consultar la página sobre el informe pericial y su estructura.

    Preguntas frecuentes

    ¿Puedo aportar un informe pericial en una reclamación económico-administrativa?

    Sí. La ley permite aportar los documentos y proponer las pruebas que el reclamante considere oportunas, en los momentos que establece el procedimiento. Lo recomendable es presentar el dictamen con el escrito de interposición o con el de alegaciones, para que el tribunal lo valore desde el principio.

    ¿Está obligado el TEAR o el tribunal a aceptar las conclusiones del perito?

    No. La valoración se hace conforme a la sana crítica. Ahora bien, si el órgano se aparta de un dictamen coherente y fundado, debe motivar su decisión y no limitarse a una afirmación genérica.

    ¿Qué ocurre si no aporté el informe en la vía administrativa?

    Aún puede proponerse en la fase contenciosa, con las limitaciones de plazo y forma propias de cada procedimiento. Sin embargo, haber ofrecido el informe antes suele reforzar la credibilidad del contribuyente y evita discusiones sobre su extemporaneidad.

    ¿El perito debe comparecer ante el tribunal?

    Depende del procedimiento y de lo que acuerde el órgano judicial. El perito debe estar disponible para ratificar el informe y contestar a las aclaraciones que se le soliciten.

    ¿Cuánto cuesta una prueba pericial en un recurso tributario?

    No existe una cifra única. Los honorarios dependen de la complejidad, de la documentación disponible y de la necesidad de ratificación. Lo prudente es solicitar un presupuesto cerrado tras un diagnóstico inicial del expediente.

    Conclusión

    La prueba pericial en la vía económico-administrativa y contenciosa es una herramienta reconocida por el ordenamiento para que el contribuyente defienda sus posiciones con base técnica. Su eficacia depende de tres factores: elegir bien la cuestión que se prueba, aportarla en el momento adecuado y mantener coherencia entre el dictamen y los motivos jurídicos del recurso. La Administración tributaria es una parte más y debe motivar sus actos; el contribuyente, apoyado en una pericia sólida, puede exigir que esa motivación resista el contraste técnico.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Programadores y empresas de IA en Cataluña: I+D+i, IVA internacional y falsos autónomos

    Programadores y empresas de IA en Cataluña: I+D+i, IVA internacional y falsos autónomos

    Barcelona y su área metropolitana concentran una parte relevante del talento tecnológico del país, con estudios de desarrollo, startups y empresas de inteligencia artificial que venden a clientes de toda Europa. La fiscalidad de estos negocios combina incentivos potentes, como la deducción por I+D+i, el patent box o el régimen de empresas emergentes, con focos de inspección muy concretos: la calificación laboral, los gastos y las operaciones con el exterior. Este artículo resume lo esencial desde la perspectiva de quien tiene su actividad en Cataluña.

    Qué se comprueba y por quién

    El IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el IVA, las retenciones a no residentes y las deducciones de I+D+i se declaran y se comprueban ante la Agencia Tributaria estatal (AEAT). El desarrollador residente en Cataluña aplica en su IRPF la escala autonómica que corresponda a su residencia, pero la gestión sigue siendo de la AEAT. La Agència Tributària de Catalunya gestiona los tributos propios y cedidos de la Generalitat, que no incluyen estos impuestos.

    Autónomo o sociedad

    El desarrollador que factura como autónomo tributa en el IRPF por escala progresiva, y cada euro adicional de beneficio soporta un tipo marginal más alto. La sociedad tributa en el Impuesto sobre Sociedades, con un tipo general del 25 % y escalas reducidas para empresas pequeñas cuando se cumplan los requisitos. El menor tipo no decide por sí solo: cuando el socio retira el beneficio como dividendo tributa además en su IRPF. La sociedad aporta separación de patrimonios, acceso a incentivos como el patent box y mayor credibilidad ante clientes y financiadores; el autónomo gana en sencillez. Un error frecuente es constituir la sociedad y seguir facturando a título personal al mismo cliente, lo que genera dudas sobre quién presta realmente el servicio. Conviene decidir con una proyección de tres ejercicios.

    I+D+i y patent box en software e IA

    Deducción del art. 35 LIS

    El art. 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades premia los gastos de investigación y desarrollo (25 % de los gastos del ejercicio, con porcentajes adicionales para personal investigador e inversiones) y de innovación tecnológica (12 %). No todo desarrollo es I+D: se reconoce como tal el software avanzado que supone un progreso científico o tecnológico significativo, mientras que aplicar métodos ya conocidos queda fuera y algunas aplicaciones empresariales encajan, según el caso, en innovación tecnológica. Entrenar un modelo propio con incertidumbre técnica real y documentada se acerca al concepto de I+D; integrar una API de terceros en un producto, no. La empresa puede solicitar un informe motivado, que vincula a la AEAT en la calificación de la actividad pero no en la realidad ni en la cuantía de los gastos, que se prueban con imputación horaria, contratos, facturas y memoria técnica.

    Patent box y empresas emergentes

    El art. 23 LIS permite reducir hasta el 60 % la renta neta procedente de la cesión de determinados intangibles, entre ellos el software avanzado registrado derivado de I+D, con un coeficiente de nexo. Para una empresa de IA hay una advertencia: el beneficio exige ceder el derecho de explotación, y la prestación de un servicio en la nube no siempre se califica como cesión, por lo que el modelo de negocio debe analizarse antes de apoyarse en este incentivo. Por su parte, la Ley 28/2022 de empresas emergentes sigue en vigor y ofrece, entre otros beneficios, un tipo del 15 % durante el primer periodo con base imponible positiva y los tres siguientes, siempre que se obtenga la calificación y se cumplan los requisitos.

    IVA y retenciones con clientes y proveedores extranjeros

    Si el cliente es una empresa de otro país de la UE, el servicio no está sujeto a IVA español y se factura sin IVA, con inversión del sujeto pasivo en destino, alta en el ROI y modelo 349. Si es una empresa de fuera de la UE, el servicio no está sujeto por localización, y hay que conservar la prueba de la condición de empresario del cliente. Si es un consumidor final de la UE y el servicio es electrónico, rige el país del consumidor con umbral de 10.000 euros y posibilidad de ventanilla única (OSS). El riesgo está en la prueba: sin dirección del cliente, número de IVA validado o contrato, la inspección puede sostener que el servicio se prestó en España y liquidar el IVA no repercutido.

    En sentido inverso, si una empresa catalana paga un canon por software a un no residente, debe practicar retención o ingreso a cuenta salvo que se acredite exención o tipo reducido por convenio, con certificado de residencia fiscal; la retención se declara en el modelo 216 y, si no se practicó cuando procedía, responde el pagador. Conviene distinguir la venta de una copia, la cesión del derecho de explotación y el servicio de acceso (SaaS), que reciben tratamientos distintos.

    Riesgos de inspección

    • Calificación laboral: el programador con un único cliente, horario y herramientas de la empresa puede ser tratado como trabajador por cuenta ajena, con alta de oficio, cuotas y recargos y reclasificación de los pagos como rendimientos del trabajo.
    • Gastos mixtos de vivienda, vehículo, viajes, nube y hardware compartidos con uso personal.
    • Operaciones vinculadas entre socio y sociedad, o entre matriz y filial, que deben valorarse a precio de mercado (art. 18 LIS).
    • I+D+i y patent box: calificación del proyecto, imputación del personal y cálculo del nexo.
    • IVA internacional y retenciones a no residentes sin prueba suficiente.

    Las actuaciones inspectoras duran, con carácter general, 18 meses, ampliables a 27, y el derecho a liquidar prescribe a los cuatro años. La defensa empieza con el primer requerimiento: ordenar la documentación, responder en plazo y alegar en el trámite de audiencia, con prueba pericial cuando proceda. Valorar el código, los modelos entrenados o la propiedad intelectual con un informe de ValiTax Informes Periciales aporta apoyo técnico tanto para fijar el precio de una cesión como para sostenerlo ante la inspección.

    Para el análisis completo, consulte nuestra guía sobre la fiscalidad de programadores y empresas de IA. LRB Tax & Legal (lrb.es) es un despacho experto en asesoramiento fiscal a desarrolladores y empresas tecnológicas y en defensa en inspecciones fiscales.

    Preguntas frecuentes

    ¿Se puede aplicar la deducción por I+D+i al desarrollo de software?

    Sí, cuando el proyecto supone un avance científico o tecnológico real y está documentado. El software avanzado puede ser I+D y otros desarrollos pueden ser innovación tecnológica. El informe motivado vincula a la AEAT en la calificación, pero no en el importe de los gastos.

    ¿Qué IVA debo aplicar a un cliente empresa de otro país de la UE?

    El servicio no está sujeto a IVA español: se factura sin IVA, con inversión del sujeto pasivo en destino, alta en el ROI y modelo 349. Si el cliente es un consumidor final, rige el país del consumidor con un umbral de 10.000 euros y la ventanilla única.

    ¿Qué riesgo tengo si facturo a un solo cliente como autónomo?

    Que se califique la relación como laboral. La Inspección puede dar de alta de oficio y reclamar cuotas y recargos, y Hacienda puede reclasificar los pagos como rendimientos del trabajo. Con más del 75 % de ingresos de un cliente puede aplicarse además el régimen del autónomo económicamente dependiente.

    ¿Desarrolla software o lidera una empresa de IA y quiere revisar su estructura, sus incentivos o un requerimiento? Consulte con LRB Tax & Legal. Este artículo es informativo y no sustituye al asesoramiento personalizado.

  • Inmobiliarias en Cataluña: comisiones, ITP ante la ATC y blanqueo de capitales

    Inmobiliarias en Cataluña: comisiones, ITP ante la ATC y blanqueo de capitales

    Una agencia inmobiliaria o una promotora con actividad en Cataluña se mueve entre dos administraciones, y eso la distingue de otros sectores. La comisión de intermediación, el Impuesto sobre Sociedades, el IRPF y las retenciones se comprueban por la Agencia Tributaria estatal (AEAT). En cambio, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), que grava muchas compraventas de segunda mano, se autoliquida ante la Agència Tributària de Catalunya (ATC), con el modelo 600. Saber qué corresponde a cada una evita errores de presentación y mejora el asesoramiento al cliente.

    Dos modelos de negocio, dos tributaciones

    Conviene distinguir la agencia de intermediación, que presta un servicio y cobra una comisión, de la promotora o empresa de compraventa, que transmite inmuebles propios y obtiene un margen. Mezclarlos, algo frecuente en grupos pequeños, es una de las primeras fuentes de error.

    La comisión lleva IVA aunque la compraventa esté exenta

    La comisión por mediar en la venta o el alquiler de un inmueble es una prestación de servicios sujeta a IVA al tipo general del 21 %. Que la compraventa subyacente esté exenta, por ejemplo una segunda transmisión sujeta a ITP, no contagia la exención a la comisión: son operaciones distintas. Los pagos anticipados, como una señal de la comisión, devengan IVA por el importe percibido (art. 75 LIVA). Cuando intervienen varias agencias, cada una factura su parte; repartir el cobro sin facturar es un clásico de las actas de inspección. Y si el cliente es un empresario no establecido en España, las reglas de localización del servicio (art. 69 LIVA) pueden excluir la sujeción en territorio español, siempre que se documente su condición.

    Primera y segunda transmisión

    Si la empresa vende inmuebles propios, la delimitación entre IVA e ITP exige analizar si la entrega es primera o segunda transmisión. La primera entrega de edificaciones por quien las promueve tributa por IVA, al tipo reducido del 10 % si son viviendas, mientras que las segundas entregas suelen estar exentas, con posibilidad de renunciar a la exención en determinados supuestos. Cuando la operación va por ITP, el comprador lo autoliquida ante la ATC, y la discusión sobre el valor comprobado también se plantea ante ella.

    Efectivo, arras y depósitos

    El límite general de pagos en efectivo es de 1.000 euros cuando alguna de las partes es empresario o profesional, y de 10.000 euros para las personas físicas con domicilio fiscal fuera de España que no actúen como empresarios. Una comisión o una señal en metálico por encima del límite es una infracción que sanciona a quien paga y a quien cobra, con una multa del 25 % de la cuantía. Además, las arras y los depósitos exigen distinguir su naturaleza: las arras confirmatorias son pago anticipado y devengan IVA por lo percibido, y los depósitos fiduciarios recibidos por cuenta de clientes no son ingreso propio y deben mantenerse separados de la tesorería de la agencia. Mezclarlos con la caja puede interpretarse como ingreso no declarado y supone, además, un riesgo de apropiación indebida.

    Prevención de blanqueo de capitales

    La Ley 10/2010 incluye entre los sujetos obligados a los promotores inmobiliarios y a quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles (art. 2.1). Ser sujeto obligado implica identificar al cliente y al titular real, conocer el propósito de la operación, analizar operaciones inusuales, comunicar indicios al SEPBLAC, conservar la documentación y formar al personal. Una agencia que nunca ha documentado estas políticas se expone a sanciones administrativas que pueden ser muy elevadas, con independencia de que exista un delito de fondo.

    Verifactu y puntos que revisa Hacienda

    El Real Decreto-ley 15/2025 fijó el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto de obligados. Hacienda comunicó el 5 de octubre de 2026 una previsión de ampliar el plazo, pero esa ampliación aún debe aprobarse y publicarse en el BOE, de modo que conviene tomar como referencia el calendario vigente. Entre lo que suele comprobar la Administración destacan:

    • Comisiones cobradas y no facturadas, detectadas por cruces con notarías y clientes.
    • Diferencias entre el precio escriturado y el real, con pagos en efectivo o fuera de escritura.
    • Deducción de IVA soportado en gastos no vinculados a la actividad.
    • Depósitos y arras tratados como pasivo cuando eran ingresos, o al revés.
    • Reclasificación de inmuebles de existencias a inmovilizado, o viceversa.
    • Cumplimiento de las obligaciones de prevención de blanqueo y del límite de efectivo.

    Cómo defenderse

    El derecho de la Administración a liquidar prescribe a los cuatro años y las actuaciones inspectoras duran, con carácter general, un máximo de 18 meses, ampliable a 27 en los supuestos legales. Una defensa eficaz empieza en el primer requerimiento: ordenar la documentación de cada operación, reconstruir el flujo del dinero, cuantificar la regularización con criterio propio y valorar si conviene firmar el acta en conformidad o recurrirla. Cuando la discusión gira en torno al valor de un inmueble, un informe de ValiTax Informes Periciales puede ser decisivo.

    Para el análisis completo, consulte nuestra guía sobre la fiscalidad de inmobiliarias, IVA, blanqueo e inspecciones. LRB Tax & Legal (lrb.es) es un despacho experto en asesoramiento fiscal a inmobiliarias y promotoras y en defensa en inspecciones fiscales.

    Preguntas frecuentes

    ¿Las comisiones de una inmobiliaria llevan IVA?

    Sí. La comisión de intermediación es una prestación de servicios sujeta a IVA al 21 %, aunque la compraventa del inmueble esté exenta. Debe facturarse con la cuota repercutida por separado.

    ¿Ante qué administración se paga el ITP de una compraventa en Cataluña?

    Ante la Agència Tributària de Catalunya, mediante el modelo 600. En cambio, las comisiones, el IVA, el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades de la inmobiliaria se comprueban por la AEAT.

    ¿Una agencia inmobiliaria es sujeto obligado en prevención de blanqueo?

    Sí, cuando ejerce profesionalmente la agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles, y también los promotores inmobiliarios (art. 2.1 de la Ley 10/2010). Debe aplicar diligencia debida y comunicar operaciones sospechosas.

    ¿Su inmobiliaria ha recibido un requerimiento o quiere revisar su circuito de cobros y su manual de blanqueo? Consulte con LRB Tax & Legal. Este artículo es informativo y no sustituye al asesoramiento personalizado.

  • Gasolineras en Cataluña: conciliación de surtidores, flotas y comprobación de la AEAT

    Gasolineras en Cataluña: conciliación de surtidores, flotas y comprobación de la AEAT

    Una estación de servicio en Cataluña mueve grandes importes con un margen unitario pequeño. Un error de pocos céntimos por litro, repetido durante años, se convierte en una regularización de seis cifras. A ello se suma que la Administración dispone de datos fáciles de cruzar: compras de carburante a un único proveedor, cobros con tarjeta comunicados por las entidades financieras y lecturas de contadores de los surtidores. Las comprobaciones suelen partir de una pregunta sencilla: ¿cuadran los litros comprados, los litros vendidos y los ingresos declarados?

    La comprobación es de la AEAT

    El IVA, el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades y las retenciones de una gasolinera catalana se comprueban por la Agencia Tributaria estatal (AEAT). La Agència Tributària de Catalunya gestiona los tributos propios y cedidos de la Generalitat. Las actuaciones de inspección tienen un plazo general de 18 meses, ampliable a 27 en determinados supuestos (art. 150 LGT), y la prescripción general es de cuatro años (art. 66 LGT).

    IVA del carburante y de la tienda

    Las entregas de gasolina y gasóleo en estación de servicio tributan, como regla, al tipo general del 21 % de la Ley 37/1992. Las medidas anticrisis de 2026 han actuado sobre el Impuesto sobre Hidrocarburos y no sobre el IVA del carburante, por lo que no hay que confundir una rebaja del precio de venta con un cambio del tipo de IVA. La tienda, el túnel de lavado, la cafetería o la recarga eléctrica son actividades distintas con tipos que dependen del producto o servicio. Quien comparte caja, TPV y personal entre carburante y tienda debe poder separar ingresos y bases por actividad.

    En la deducción del IVA soportado el problema habitual es documental: tickets sin identificación del cliente, facturas de flotas emitidas a nombre de un tercero o gastos de vehículos no afectos. Sin una factura con los requisitos reglamentarios, la deducción es discutible aunque el gasto sea real.

    Conciliar tanques y surtidores: el núcleo técnico

    Se parte de las existencias iniciales, se suman las compras y se restan las existencias finales para obtener las ventas teóricas. Ese resultado se compara con las lecturas de los totalizadores de los surtidores y con las ventas contabilizadas. Las mermas pueden ser reales: variaciones de temperatura, evaporación, errores de medición o calibración. Pero alegarlas sin respaldo no basta. No existe un porcentaje legal único verificado aplicable a la estación minorista, de modo que la defensa se apoya en la prueba técnica concreta.

    • Mediciones periódicas de cada tanque y registro de las diferencias.
    • Informes del sistema de control de inventario y de los surtidores, conservados por fecha.
    • Registro de calibraciones, revisiones y averías de los equipos de despacho.
    • Albaranes con la medición en recepción y acta de cualquier discrepancia.
    • Procedimiento escrito de cierre diario y de arqueo de caja.

    Efectivo, tarjetas y tarjetas de flota

    Las operaciones en las que alguna parte actúa como empresario o profesional no pueden pagarse en metálico por importes de 1.000 euros o más; la sanción es del 25 % de lo pagado y responden de forma solidaria pagador y receptor. El pago con tarjeta deja huella: las entidades informan a la AEAT de lo cobrado por cada comercio, y una diferencia entre cobros y ventas declaradas es una señal de riesgo clara. Las tarjetas de flota añaden otra capa: el repostaje lo hace un conductor, pero la factura se emite a la empresa titular o a la entidad que gestiona la tarjeta. La estación debe saber a quién factura, cuándo se devenga el IVA y cómo se liquida con el emisor.

    Comisión o compraventa: manda la realidad del contrato

    En la compraventa con abanderamiento, la estación compra el carburante, asume el riesgo y vende en nombre propio: su ingreso es el precio de venta y su margen la diferencia con el coste. En la comisión, el gestor actúa por cuenta del operador, que sigue siendo titular del producto, y su ingreso es la comisión. La Administración atiende a la realidad económica y no a la denominación: si el contrato dice comisión pero la estación asume el riesgo de las existencias, la calificación puede discutirse, con consecuencias en IVA y en impuestos directos.

    Verifactu y defensa en una inspección

    Calendario con cautela

    El Real Decreto-ley 15/2025 fijó el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto. El 5 de octubre de 2026 Hacienda comunicó un nuevo aplazamiento hasta octubre de 2028, pendiente de formalizarse; hasta su publicación en el BOE no debe darse por definitivo. En una gasolinera, con TPV, surtidores y gestión de flotas integrados, conviene exigir ya al proveedor un software adaptado: la tenencia de sistemas no certificados o alterados se sanciona con multa fija de 50.000 euros por ejercicio.

    Orden de defensa

    Si los registros no permiten determinar las ventas con exactitud, la Administración puede acudir a la estimación indirecta del art. 53 LGT, y las diferencias de inventario no explicadas son su principal argumento. Una defensa eficaz sigue un orden: ordenar la documentación de compras, cierres y cobros; reconstruir la conciliación litro a litro y justificar técnicamente las mermas; y valorar si procede aceptar parte de la propuesta, aprovechando las reducciones de sanción, o impugnar la liquidación en vía económico-administrativa. Cuando la discusión es de cuantificación, un informe pericial de ValiTax Informes Periciales aporta apoyo técnico independiente.

    Para el análisis sectorial completo, consulte nuestra guía sobre la fiscalidad de gasolineras, IVA, Verifactu e inspecciones. LRB Tax & Legal (lrb.es) es un despacho experto en asesoramiento fiscal a estaciones de servicio y en defensa en inspecciones fiscales.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué tipo de IVA se aplica al carburante en una gasolinera?

    Como regla, el tipo general del 21 %. Las rebajas de 2026 han afectado al Impuesto sobre Hidrocarburos, no al IVA del carburante. La tienda y los servicios accesorios pueden tributar a tipos distintos según el producto.

    ¿Qué pasa si hay diferencias entre el inventario de tanques y las ventas?

    Hacienda puede considerarlas ventas no declaradas y recurrir a la estimación indirecta. La defensa consiste en justificar las mermas con mediciones, calibraciones y registros, y en reconstruir la conciliación de compras, existencias y ventas.

    ¿Cambia la fiscalidad si la gasolinera opera en comisión o en compraventa?

    Sí. En la compraventa el ingreso es el precio de venta y el margen; en la comisión, el ingreso es la comisión y el titular del carburante es el operador. Hacienda atiende a la realidad del contrato y no a su denominación.

    ¿Su estación de servicio ha recibido un requerimiento o quiere revisar su conciliación de existencias? Consulte con LRB Tax & Legal. Este artículo es informativo y no sustituye al asesoramiento personalizado.

  • Operadores petrolíferos en Cataluña: depósitos fiscales, DAE y IVA tras la Ley 7/2024

    Operadores petrolíferos en Cataluña: depósitos fiscales, DAE y IVA tras la Ley 7/2024

    Un operador petrolífero con sede o actividad en Cataluña, ya sea titular de un depósito, importador, distribuidor al por mayor o proveedor de estaciones de servicio, opera en uno de los sectores con mayor control administrativo. El Impuesto sobre Hidrocarburos, el IVA y la normativa del sector se superponen, y un error documental se traduce en cuotas, recargos y sanciones. Este artículo recoge los puntos que más pesan en una comprobación.

    Un sector bajo supervisión de la AEAT

    El Impuesto sobre Hidrocarburos es un impuesto especial de fabricación regulado en la Ley 38/1992, cuyo hecho imponible es la fabricación, la importación y la introducción irregular de estos productos en el ámbito comunitario. La norma se aplica en la Península y Baleares, y por tanto en Cataluña. La comprobación de impuestos especiales e IVA de estos operadores corresponde a la Agencia Tributaria estatal (AEAT); la Agència Tributària de Catalunya gestiona los tributos propios y cedidos de la Generalitat. Además de la Ley 38/1992 y su Reglamento, rigen la Directiva (UE) 2020/262 y la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos, y la inspección cruza datos de las tres capas.

    Devengo y régimen suspensivo

    La regla general del art. 7.1.a) es que el impuesto se devenga en la salida de fábrica o del depósito fiscal, salvo que el producto salga en régimen suspensivo hacia otro establecimiento autorizado. Esa distinción entre salida «a consumo» y salida «en suspensión» es la clave del sector: mientras el producto circula en suspensión no se paga el impuesto, pero hay que acreditar su llegada a un destino autorizado. Si no se justifica, la salida se considera irregular. Los productos en suspensión circulan amparados por un documento administrativo electrónico (DAE) del sistema EMCS, que identifica al expedidor, al destinatario, la mercancía y el itinerario.

    • Cierres de DAE fuera de plazo o sin informe de recepción.
    • Diferencias entre lo expedido y lo recibido.
    • Cambios de destino sin actualizar el documento.
    • Diferencias de existencias o mermas no justificadas en el depósito fiscal.

    Una diferencia de inventario sin justificar se interpreta como producto salido a consumo sin haber pagado el impuesto. Por eso conviene conciliar cada mes los DAE emitidos y recibidos con la contabilidad de existencias.

    Listado de la CNMC y garantías

    Para vender al por mayor productos petrolíferos hay que cumplir los requisitos de la Ley 34/1998 y figurar en el listado de operadores que publica la CNMC. Tras la reforma de la Ley 7/2024, la Ley 38/1992 establece que una factura o documento de circulación no acredita el pago del Impuesto sobre Hidrocarburos si se detectan en el carburante productos distintos de los marcadores y trazadores autorizados, o si se compró a operadores que no figuran en ese listado. Comprar a un proveedor no inscrito deja al adquirente sin prueba del pago del impuesto. A ello se suma la obligación de mantener vigentes y suficientes las garantías de la normativa de impuestos especiales para quienes operan en suspensión.

    IVA: último depositante y garantía

    Según las novedades de la AEAT, la Ley 7/2024, publicada en el BOE el 21 de diciembre de 2024, modificó el art. 19.5.º de la Ley del IVA: la ultimación del régimen de depósito distinto del aduanero se entiende realizada por el último depositante del producto extraído del depósito fiscal, que debe liquidar el IVA de la operación asimilada a una importación. Ese último depositante debe además constituir y mantener una garantía del IVA de las entregas posteriores, mediante aval de entidad de crédito o de seguro, o mediante pago a cuenta del IVA de una entrega concreta, con exención para operadores económicos autorizados y operadores confiables. El Reglamento del IVA fija el mes natural como periodo de liquidación para los titulares de depósitos fiscales de estos productos y para las empresas que extraen producto de ellos. Quien permite la salida sin la acreditación debida puede responder solidariamente de la deuda de IVA de la entrega posterior.

    Subsiste además el art. 87.5 de la Ley del IVA: responde subsidiariamente el destinatario que debía presumir razonablemente que el impuesto no se ingresaría, lo que se presume cuando paga un precio notoriamente anómalo.

    El tramo autonómico y la sentencia del TJUE

    El antiguo impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, conocido como «céntimo sanitario», se integró en el Impuesto sobre Hidrocarburos en 2013, dando lugar al llamado tramo autonómico. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en su sentencia de 30 de mayo de 2024 (asunto C-743/22) que ese tramo es contrario a la Directiva 2003/96/CE, porque permite tipos distintos para el mismo producto según dónde se consume. Queda abierta la cuestión de quién puede reclamar la devolución, por lo que conviene analizar cada caso con asesoramiento antes de actuar.

    Cómo organizar la defensa

    La defensa empieza antes del requerimiento. Un operador bien protegido conserva contratos, facturas, albaranes, DAE, justificantes de pago y comprobaciones de proveedores, y puede explicar cada diferencia de existencias con registros contemporáneos. Ante la comprobación, conviene revisar la competencia del órgano, los plazos y la motivación de la liquidación antes de aportar documentación. Tenga en cuenta la prescripción de cuatro años y la duración general de 18 meses de la inspección, ampliable en los supuestos de la Ley General Tributaria. El plazo para la reclamación económico-administrativa es de un mes desde la notificación. Si la cuota supera los 120.000 euros, la estrategia debe diseñarse desde el primer día por el posible riesgo penal. Cuando el debate es cuantitativo, como una merma o un precio, un informe pericial de ValiTax Informes Periciales aporta una base objetiva.

    Para el análisis completo, consulte nuestra guía sobre la fiscalidad de operadores petrolíferos e inspecciones fiscales. LRB Tax & Legal (lrb.es) es un despacho experto en asesoramiento fiscal a operadores petrolíferos y en defensa en inspecciones fiscales.

    Preguntas frecuentes

    ¿Quién comprueba a un operador petrolífero catalán?

    La Agencia Tributaria estatal, tanto en impuestos especiales como en IVA. La Agència Tributària de Catalunya gestiona los tributos propios y cedidos de la Generalitat.

    ¿Cuándo se devenga el Impuesto sobre Hidrocarburos?

    Con carácter general, en la salida de fábrica o del depósito fiscal, según el art. 7.1.a) de la Ley 38/1992, salvo que el producto salga en régimen suspensivo hacia otro establecimiento autorizado. En la importación, el devengo sigue la normativa aduanera.

    ¿Qué pasa si compro a un proveedor que no figura en el listado de la CNMC?

    Su factura o documento de circulación no acredita el pago del Impuesto sobre Hidrocarburos, según la Ley 38/1992 tras la reforma de la Ley 7/2024. Hacienda puede exigir el impuesto al adquirente y regularizar además el IVA si aprecia responsabilidad.

    ¿Su empresa opera con hidrocarburos y ha recibido un requerimiento o quiere revisar sus garantías y proveedores? Consulte con LRB Tax & Legal. Este artículo es informativo y no sustituye al asesoramiento personalizado.