Elegir entre un perito de parte o un perito designado judicialmente es una decisión estratégica que condiciona el calendario, el control sobre el contenido del dictamen y, en ocasiones, su acogida por el tribunal. La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) admite ambas vías, y su regulación supletoria alcanza a los procedimientos tributarios y contencioso-administrativos. Sin embargo, no son intercambiables: responden a momentos procesales distintos y a lógicas diferentes de confianza y de coste.
Este artículo compara las dos figuras desde el punto de vista del contribuyente que se enfrenta a una liquidación o a una inspección en Cataluña, con indicación de cuándo conviene cada una, qué dice la ley sobre su imparcialidad y cómo se valora su informe. Para conocer qué se espera de un dictamen presentado ante un tribunal, puede consultarse la página sobre la prueba pericial judicial de ValiTax.
Qué es un perito de parte
El perito de parte es el profesional al que encarga el informe una de las partes del proceso. Su dictamen se aporta con la demanda o con la contestación, conforme a los artículos 265 y 336 de la LEC, y el tribunal lo valora junto al resto de la prueba. Aunque lo contrata el interesado, no actúa como su defensor: el artículo 335.2 de la LEC exige al perito manifestar, bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado y actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber.
En la práctica, el perito de parte tiene ventajas claras: puede trabajar desde el principio del conflicto, con acceso a la documentación del cliente, y su informe puede aportarse en la vía administrativa antes de que el asunto llegue a un tribunal.
Qué es un perito designado judicialmente
El perito judicial es nombrado por el tribunal, ya sea a instancia de una parte o, en los supuestos previstos, de oficio. La LEC regula este nombramiento en los artículos 339 y siguientes. Cuando una parte solicita la designación, el tribunal selecciona al experto a partir de las listas de colegios profesionales y asociaciones, por un sistema de turno, y las partes pueden proveer lo necesario para su retribución mediante una provisión de fondos.
Entre sus rasgos principales destacan que carece de vínculo previo con las partes, que recibe el encargo del propio órgano y que su informe se emite con una apariencia de neutralidad más acusada. En contrapartida, las partes controlan menos su calendario y el alcance de su análisis, que depende de los puntos que el tribunal le fije.
Comparativa de las dos figuras
| Aspecto | Perito de parte | Perito designado judicialmente |
|---|---|---|
| Quién lo elige | La parte que lo contrata | El tribunal, por turno o de oficio |
| Cuándo actúa | Desde antes del proceso; el informe se aporta con la demanda o la contestación | Una vez admitida la prueba y acordada la designación |
| Control del contenido | Alto: la parte define la pregunta técnica | Limitado: el tribunal fija los puntos de pericia |
| Percepción de neutralidad | Depende de la calidad y la objetividad del informe | Alta, por su origen institucional |
| Coste | Lo asume quien lo contrata | Provisión de fondos; puede repartirse o corresponder a quien lo solicita |
| Plazos | Los define el encargo | Dependen del calendario judicial |
La tabla describe tendencias generales y no sustituye al análisis del caso concreto. Un perito de parte con un informe sólido puede tener más peso que uno judicial con un trabajo superficial, porque el tribunal valora el dictamen por su contenido y no por su procedencia.
Cómo se valora el dictamen según la ley
El artículo 348 de la LEC dispone que el tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica. No existe una jerarquía legal entre el informe de parte y el judicial. El tribunal atenderá a la coherencia de la metodología, a la solidez de las fuentes, a la formación y experiencia del perito, a la respuesta que da a los argumentos contrarios y a su capacidad para sostenerlo en una aclaración oral, prevista en los artículos 346 y 347.
En materia tributaria, el artículo 106 de la Ley General Tributaria remite a la LEC y al Código Civil para los medios y la valoración de la prueba. Eso significa que el criterio de la sana crítica rige también en las reclamaciones económico-administrativas y en el recurso contencioso, y que la Administración no goza de una presunción que la libre de motivar sus valoraciones frente a un informe técnico bien fundado.
Ventajas y riesgos de cada opción
Perito de parte
- Permite actuar en la fase administrativa, que a menudo es la más eficaz para evitar un litigio.
- Facilita una colaboración fluida con el equipo jurídico en la definición de los puntos a probar.
- Su riesgo es la sospecha de parcialidad, que se combate con transparencia metodológica y con una declaración de objetividad creíble.
Perito designado judicialmente
- Refuerza la neutralidad percibida y puede inclinar a una de las partes a aceptar sus conclusiones.
- Exige esperar a la fase probatoria, de modo que no ayuda en la vía administrativa previa.
- Su riesgo es que el dictamen no responda con la profundidad que la parte esperaba, o que el tribunal delimite mal los puntos de pericia.
Un ejemplo hipotético
Supóngase, con fines estrictamente ilustrativos, que una sociedad catalana recurre una liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Durante el procedimiento de comprobación, encarga un informe a un perito de parte, que concluye un valor inferior al de la Administración y lo aporta con las alegaciones. La oficina gestora lo rechaza con una motivación genérica. En el recurso contencioso, la sociedad solicita además la designación de un perito por el tribunal para que dictamine sobre dos puntos concretos: la selección de testigos de mercado y el coeficiente de conservación. Los informes de ambos pueden coincidir, y entonces la posición de la sociedad se refuerza; pueden diferir, y entonces el tribunal deberá razonar su preferencia.
Este esquema, aunque no corresponde a un caso real, ilustra que las dos vías pueden ser complementarias. Del primer informe nace la argumentación y la documentación; del segundo, una validación independiente.
Criterios para elegir
- Momento procesal. Si el conflicto está en fase administrativa o se acaba de iniciar, solo el perito de parte puede actuar con eficacia.
- Importe y complejidad. En litigios de cuantía relevante y alta complejidad técnica, la coexistencia de ambos informes puede ser razonable.
- Disponibilidad de documentación. El perito de parte accede de forma inmediata a la información del cliente; el judicial depende de lo que el tribunal le facilite o requiera.
- Coste y plazo. Un perito judicial supone provisión de fondos y esperar el calendario del órgano.
- Estrategia procesal. A veces conviene aportar un informe de parte para fijar la posición y solicitar después la designación judicial para consolidarla.
Cuando la parte es un despacho o una asesoría que defiende a un cliente, esta decisión se integra en la estrategia global del expediente. La página dirigida a despachos y asesores explica cómo se coordina el trabajo del perito con el del equipo jurídico.
Requisitos del perito y recusación
La LEC exige que el perito posea título oficial en la materia si esta lo tiene reglado, o, en caso contrario, que sea una persona entendida en la materia. El artículo 343 regula la tacha de los peritos en el procedimiento civil, y el 124 permite recusar a los designados por el tribunal por causas como el parentesco, el interés directo o indirecto en el asunto o la amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes. Estas reglas buscan que la prueba sea fiable y que el órgano pueda apartar al perito cuyo informe quede comprometido.
La credibilidad del dictamen se refuerza si el experto acredita su formación, su experiencia y su disciplina metodológica. Un resumen de estas garantías puede consultarse en la página sobre la acreditación y el cumplimiento de requisitos de un perito.
Cómo encaja con los recursos tributarios
La elección del tipo de perito no se hace en el vacío: depende de cómo se articulen los recursos. Para entender los plazos y la competencia en el recurso contencioso, resulta útil la guía sobre el recurso contencioso-administrativo tributario ante el TSJ de Cataluña. En él se explica cuándo se plantea la prueba y quién la propone.
Quien afronta un conflicto con la Administración y quiere decidir con criterio cuándo aportar un informe y qué tipo de perito proponer puede apoyarse en una defensa fiscal con LRB, de modo que la pericia se integre desde el principio en el relato jurídico del caso.
Preguntas frecuentes
¿Un perito de parte puede ser imparcial?
Debe serlo. La ley le exige actuar con la mayor objetividad posible y le impone responsabilidades si falta a la verdad. La imparcialidad se acredita con un informe transparente, con hipótesis explicadas y con la consideración de los argumentos contrarios.
¿Puede el tribunal ignorar el informe de un perito judicial?
Puede apartarse de él, pero debe motivarlo conforme a la sana crítica. El dictamen no vincula al tribunal, aunque su origen institucional le otorga especial atención.
¿Pueden coexistir los dos tipos de informes en un mismo procedimiento?
Sí. Es frecuente que la parte aporte su propio dictamen y, además, solicite la designación judicial de un perito cuando la cuestión técnica es determinante.
¿Quién paga al perito judicial?
Quien lo solicita suele tener que asumir la provisión de fondos, sin perjuicio de lo que se decida sobre las costas al final del procedimiento. Si una parte tiene reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, el régimen es distinto.
¿Se puede usar un perito de parte en la vía administrativa?
Sí, y es lo más habitual. El informe se aporta con las alegaciones o con el escrito de interposición de la reclamación, y la Administración o el tribunal económico-administrativo deben valorarlo.
Conclusión
El perito de parte y el perito designado judicialmente no compiten, se complementan según el momento procesal y los objetivos del contribuyente. El primero ofrece control, rapidez y presencia en la vía administrativa; el segundo aporta neutralidad institucional en la fase probatoria. En ambos casos, lo decisivo es la calidad del dictamen: su método, sus fuentes y su capacidad para resistir el contraste. La Administración es una parte más del procedimiento y debe motivar sus valoraciones; quien llega con un informe sólido y bien situado en el calendario jurídico defiende sus derechos con herramientas reconocidas por la ley.
Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado
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