Respuesta rápida: La due diligence fiscal en Cataluña es la revisión de la situación tributaria de una empresa antes de comprarla. Identifica contingencias en Sociedades, IVA, retenciones y precios de transferencia de los ejercicios no prescritos, cuantifica su riesgo y permite ajustar el precio o pactar garantías. Su alcance varía según se compren participaciones o activos.
Por qué hacer una due diligence fiscal antes de comprar
Quien compra las participaciones de una sociedad adquiere la empresa con su historia fiscal. Las deudas tributarias de ejercicios anteriores, las sanciones y las contingencias aún no reveladas permanecen en la sociedad, y el comprador las asume económicamente aunque no las haya generado. En la compra de una unidad productiva, el riesgo es distinto pero también existe: la Ley 58/2003, General Tributaria, prevé en su artículo 42.1.c una responsabilidad solidaria del adquirente de explotaciones económicas por las deudas tributarias vinculadas a la actividad, que puede limitarse mediante el certificado de deudas del artículo 175.2.
La due diligence fiscal es, por tanto, un instrumento de decisión. Sirve para decidir si se compra, a qué precio, con qué garantías y con qué estructura. El informe no pretende eliminar el riesgo, sino ponerle valor y asignárselo a quien corresponde en el contrato.
Qué ejercicios se revisan
El criterio básico es revisar los ejercicios no prescritos, que por regla general son los cuatro últimos. Hay excepciones que amplían el análisis: las bases imponibles negativas y las deducciones pendientes pueden comprobarse durante diez años, y los activos que arrastran valoraciones del pasado, como los adquiridos en una reestructuración, pueden requerir mirar más atrás. Conviene dejar constancia en el informe de qué períodos se han examinado y con qué documentación, para evitar discusiones posteriores.
Áreas prioritarias de la revisión
Impuesto sobre Sociedades
Se revisan gastos no deducibles y su justificación, amortizaciones, deterioros y provisiones, aplicación de deducciones, bases imponibles negativas con su documentación de origen y las operaciones con socios. Si la empresa participó en una operación de fusión, escisión o aportación acogida al régimen especial, hay que comprobar que se cumplieron los requisitos y la comunicación a la Administración, porque un incumplimiento puede revertir el diferimiento. La normativa aplicable es la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades.
IVA
Los puntos habituales de contingencia son el IVA soportado deducido sin factura adecuada, la prorrata en empresas con operaciones exentas y sujetas, la inversión del sujeto pasivo en determinadas operaciones inmobiliarias y de construcción, las operaciones intracomunitarias y la regularización de bienes de inversión. Los criterios dependen de la Ley 37/1992, del IVA y de su reglamento, y se contrastan con las declaraciones periódicas y el resumen anual.
Retenciones, impuestos locales y transmisiones
- Retenciones: coherencia entre los Modelos 111, 115, 180 y 190 y las nóminas, facturas de profesionales y alquileres.
- Tributos locales y autonómicos: IBI, IAE y tasas, y los tributos cedidos que gestiona la ATC, como las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados de operaciones anteriores.
- Precios de transferencia: contratos intragrupo y documentación de operaciones vinculadas, como se explica en el artículo sobre precios de transferencia en Cataluña.
- Procedimientos abiertos: inspecciones en curso, actas firmadas en conformidad, recursos y reclamaciones ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña o el Tribunal Superior de Justicia, con su cuantía y probabilidad.
Cómo se desarrolla el proceso
El trabajo suele empezar con una lista de solicitud de información y el acceso a un data room con declaraciones, cuentas anuales, contratos, actas y correspondencia con la Administración. Después se contrasta la información con la contabilidad y se mantienen entrevistas con la dirección y los asesores de la empresa objetivo. El resultado es un informe que clasifica los hallazgos por importancia, cuantifica la exposición y distingue entre riesgos probables, posibles y remotos. Esa clasificación es la base de la negociación.
La valoración del negocio y la revisión fiscal se alimentan mutuamente. Una contingencia relevante reduce el precio razonable, y una valoración basada en resultados que incluyan gastos discutibles necesita corregirse. El artículo sobre valoración de empresa en una compraventa desarrolla esa relación.
Cómo se traslada el resultado al contrato
Una due diligence no sirve si sus conclusiones no llegan al contrato de compraventa. Los instrumentos habituales son el ajuste del precio por contingencias cuantificadas, las declaraciones y garantías del vendedor sobre la situación fiscal, las cláusulas de indemnización por pasivos anteriores a la fecha de cierre, la retención de parte del precio o el depósito en garantía, y la definición de quién controla la defensa en los procedimientos abiertos. La estructura de la operación también influye en la carga fiscal, como se analiza en el artículo sobre la compraventa de participaciones en empresas de Cataluña.
Errores frecuentes del comprador
- Limitar la revisión al Impuesto sobre Sociedades y no mirar IVA ni retenciones.
- No pedir las actas de inspección ni las resoluciones de recursos anteriores.
- Aceptar declaraciones genéricas del vendedor sin plazo de reclamación suficiente.
- No revisar las bases negativas que sostienen el valor de la sociedad.
- Cerrar la operación sin cuantificar la contingencia ni reservar parte del precio.
El servicio de due diligence jurídica y tributaria coordina la revisión con la valoración del negocio, para la que se puede recurrir a la valoración de empresas y activos de ValiTax. El contacto es Contacto@LRB.es o el +34 684 234 831.
Es una revisión de la situación tributaria de una empresa antes de adquirirla. Examina declaraciones, contabilidad, contratos y procedimientos abiertos para detectar contingencias, cuantificarlas y proponer medidas en el contrato, como ajustes de precio o garantías. No sustituye la auditoría, pero se centra en los riesgos fiscales.
Normalmente los no prescritos, es decir, los últimos cuatro ejercicios. Se amplía la revisión cuando hay bases imponibles negativas o deducciones pendientes, que la Administración puede comprobar durante diez años, o cuando existen operaciones antiguas cuyos efectos se mantienen, como reestructuraciones con régimen especial.
Si compras las participaciones, la deuda sigue siendo de la sociedad y la asumes económicamente. Si compras una unidad productiva, la ley prevé responsabilidad solidaria del adquirente por deudas vinculadas a la explotación, limitable con el certificado de deudas. En ambos casos, el contrato debe repartir el riesgo.
Mediante el ajuste del precio, las declaraciones y garantías del vendedor, una cláusula de indemnización por pasivos anteriores al cierre, la retención de parte del precio o un depósito en garantía. También conviene acordar quién dirige la defensa en los procedimientos abiertos y durante cuánto tiempo puede reclamarse al vendedor.
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